Las conclusiones aportadas por el grupo político PDeCAT a la comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista de los recursos del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz consideran que deben aportarse a la Fiscalía General del Estado diversas aportaciones con el fin de depurar posibles responsabilidades penales, según está previsto en el reglamento del Congreso de los Diputados.

Así, esta formación política, también propone que se traslade al ministerio público varios puntos de sus conclusiones por entender que se derivan posibles actuaciones delictivas.

Jordi Xuclá, diputado de la formación soberanista catalana, se ha pronunciado en estos términos este mediodía durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede parlamentaria. “Hay elementos –en los trabajos de la citada comisión de investigación– que ponen de manifiesto que ha habido una violación del Estado de derecho. Y eso corresponde trasladarlo a la Fiscalía”, ha explicado Xuclá.

Este parlamentario considera que “hay una mayoría de consenso -entre los grupos parlamentario de la oposición– en atribuir la existencia de responsabilidades políticas a tenor de las conclusiones avanzadas; pero hay dos grupos al menos, el PDeCAT y Podemos, que además consideramos que las conclusiones deben ser remitidas a la Fiscalía. Yo animo al resto de los grupos –de la oposición– a sumarse”. En este sentido, la misma petición ya fue realizada por ERC.

En este sentido, el diputado de la formación soberanista catalana ha explicado que el documental Las cloacas de Interior, producido por Mediaset y emitido en la noche de este martes en la cadena TV3, “pone luz y más información sobre el uso irregular de recursos y fondos (del ministerio del Interior) de forma partidista”. La emisión tuvo un share superior al 30% sumando 766.000 telespectadores.

“El documental es un testimonio periodístico de gran calidad que impactó mucho a través de TV3 como demuestra la gran audiencia que tuvo, realmente espectacular”, ha añadido este parlamentario en relación a los contenidos aportados en el reportaje.

Xuclá ha comparecido ante los periodistas para anunciar el registro por parte de su formación política de una proposición de ley que persigue la “reparación jurídica de la víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas”.

“Esta iniciativa pretende ir más allá de la conocida como ley de Memoria Histórica porque, pese al avance que supuso, la experiencia nos ha demostrado que se quedó corta. La reparación de las víctimas del franquismo es aún una cuestión abierta para el estado español”, ha explicado Xuclá.

La proposición de ley del PDeCAT plantea en un único artículo cambiar la redacción del artículo 3 de la vigente ley de Memoria Histórica por el que se “declara la ilegitimidad y nulidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos que, durante la Guerra Civil. Se hubiesen constituido para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”.

En otro punto del artículo se hace extensivas esas premisas durante el periodo de la dictadura franquista. Asimismo, se establece en una disposición final que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se elaborará un informe sobre la implementación de la norma y su uso por parte de las víctimas “para ajustar los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas”.

Como referentes, la proposición de ley cita la legislación alemana de 1998 sobre la nulidad de los tribunales y las sentencias durante el régimen nazi, así como el informe del Relator Especial del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se denuncia la distancia entre las reclamaciones de las víctimas y la reparación exigible.

También se alega la aprobación por unanimidad en el Parlament de Catalunya el pasado 30 de junio de la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que anula las sentencias y las declara ilegales promulgadas durante la dictadura. Xucla, que se ha mostrado convencido del respaldo del grupo socialista y de las otras fuerzas políticas a la iniciativa, considera que esta norma podría estar en vigor a finales de año.