La situación de los acuíferos de Doñana es una de las principales preocupaciones de los conservacionistas y ecologistas. El Parque Nacional, según el último estudio específico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), no recuperará hasta al menos 2027, y ello si se trabaja con sensatez, los niveles de agua del año 2000.

Esto implica, según las asociaciones ecologistas, un retraso de seis años respecto del año 2021, la fecha que se fijó en el año 2012 como de referencia para hablar de buen estado de las masas de agua y de doce años sobre la fecha marcada por la Unión Europea para tenerlas saneadas. El área sufre un periodo seco desde 2011, según los datos de la CHG.

Bruselas ya denunció a España en enero pasado ante el Tribunal de la UE por no proteger el humedal de Doñana. La Comisión Europea considera que no se han tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales.

Este, el de las aguas superficiales y subterráneas, es una de las claves más importantes para "la supervivencia" del Parque Nacional de Doñana, según el Instituto Geológico y Minero del Gobierno de España.

La organización conservacionista WWF considera que "el régimen de explotación del acuífero de Doñana es totalmente insostenible desde al menos la mitad de los años 90 del siglo pasado. Las extracciones para la agricultura de regadío han ido mermando las reservas de agua y no han permitido la recuperación de las mismas, llueva lo que llueva".

Existe, según WWF, "un problema estructural y no coyuntural en función de las lluvias del año. Este problema está provocado fundamentalmente por grandes extracciones para el regadío que están por encima de los recursos disponibles, por lo que se provocan importantes desequilibrios año tras año".

La ONG propone, entre otras medidas urgentes, el cierre de fincas agrícolas ilegales y la aprobación de un plan de extracciones anual.

WWF recoge estas afirmaciones en un informe reciente, que lleva por título el ilustrativo nombre de "un acuífero en alerta roja", en el que analizan los datos que aporta la CHG y en el que se quejan de que solo se informa sobre los niveles de agua, pero no sobre su "estado químico", es decir, su calidad.

400 pozos cerrados

La CHG ha cerrado desde enero de 2018 más de 400 pozos en el entorno de Doñana. "El acuífero es el banco donde se guarda el agua para desarrollar la mayor parte de la economía de esta zona, que afecta a 80.000 personas, y no podemos poner en riesgo esa economía por malas prácticas como las que se llevan a cabo en la actualidad", afirmó Joaquín Páez, el presidente de la CHG, antes del consejo de participación del pasado mes de octubre.

El Gobierno andaluz, de momento, a pesar de las proclamas verdes de su presidente, Juanma Moreno (PP), no termina tampoco, de implicarse de manera determinada a favor del control del agua para el campo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se ha pronunciado en alguna ocasión en contra de la "criminalización de los agricultores".

"Hay muchas personas y mucha agricultura" que viven alrededor del parque, y "una serie de actividad económica en torno a la agricultura muy loable que, además, está dando muchas posibilidades económicas a la zona", dijo Crespo cuando se cumplió el 50 aniversario de la declaración de Parque Nacional.

La Junta de Andalucía regula el uso del agua en Doñana a través de un Plan de Ordenación y de otros planes sectoriales. El Ejecutivo siempre camina en este asunto entre dos aguas: los intereses económicos de los productores y el equilibrio ecológico que defienden los ecologistas.

"No todos los pozos en el entorno de Doñana son ilegales, muchísimos pozos en el entorno de Doñana son legales y tienen concesión de agua, y la CHG está trabajando en sustituir agua subterránea legal por agua superficial", asegura la CHG.

Paquete de medidas

Este jueves, Adelante Andalucía anunció un paquete de medidas legislativas para hacer frente a las prácticas ilegales y las amenazas que atacan al Parque.

"Vamos a impulsar un blindaje definitivo y total de Doñana, porque la joya de Andalucía sigue amenazada y su defensa es irrenunciable", dijo Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, en un desayuno informativo el pasado jueves, junto a Juan Romero, de Ecologistas en Acción, uno de los grandes conocedores del Parque Nacional.

Aguilera resumió la situación de los acuíferos con una frase sencilla y directa: "No hay agua en Doñana".

"Los datos son tan contundentemente negativos –afirma WWF en su informe– que la CHG se ha visto obligada a tomar la medida más extrema que existe en nuestra legislación, iniciar la declaración de tres de las cinco masas del acuífero como sobreexplotadas". Cuando Páez anunció esa decisión, hace un año, dijo: "Hay que hacer las cosas que haya que hacer para revertir la situación con todos los medios posibles".

El análisis de WWF revela que si se atiende a la lluvia caída de desde 1994 el acuífero "continúa en mínimos ya que no se ha recuperado en absoluto". "Dicho de una forma coloquial: en la sequía de los 90 nos bebimos el acuífero y ahora la insostenibilidad del sistema impide que se vuelva a llenar", agrega el estudio.

La causa de esta situación básicamente está, según WWF, "en el aumento de las captaciones, que han incrementado la presión sobre esta reserva de agua hasta niveles insostenibles" y la conclusión es que "la situación del acuífero es peor en su conjunto que durante la gran sequía de mediados de los 90".

La ONG ecologista destaca en el estudio, de manera positiva, la situación de la finca Los Mimbrales, que fue comprada por la CHG en 2015, "una zona en la que cesó la explotación de aguas subterráneas en la mayor parte de la zona adquirida". El resultado es "un aumento progresivo en los niveles desde 2016". "Esto demuestra que el cierre de todos los pozos y fincas ilegales supondría una mejora del acuífero sin lugar a dudas", remacha WWF.