El exchófer de Bárcenas, Sergío Ríos, se ha negado este jueves a declarar por la Operación Kitchen.  Esta era la tercera vez que comparece ante el juez, que decidió volver a citarlo tras tomar declaración a la cúpula policial que se cree estuvo implicada en la Operación Kitchen, diseñada desde para espiar y sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Como en anteriores ocasiones, Ríos ha acudido a la Audiencia cubriendo su cabeza con un casco de moto, al igual que ha hecho el segundo imputado al que el juez había citado también este jueves, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y que, por contra, sí ha declarado.

Para Gómez Gordo, que fue director general de Documentación y Análisis en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, esta era la segunda vez que el juez Manuel García Castellón le citaba como imputado en esta pieza, declarada secreta.

En aquella ocasión, el juez, a petición de los fiscales del caso, le prohibió salir de España sin autorización judicial, y al chófer, que se sospecha que recibió 48.000 euros en fondos reservados por su actuación como confidente policial, le impuso además comparecencias mensuales y la retirada del pasaporte.

La semana pasada comparecieron por Kitchen como imputados los inspectores jefe Bonifacio Diaz Sevillano y José Ángel Fuentes, así como el exjefe de Asuntos Internos Macelino Martín-Blas, conocido por sus enfrentamientos con Villarejo.

Con esta decisión, García Castellón imputaba a toda la cúpula policial que pudo estar implicada en el espionaje a Bárcenas, que se puso en marcha en 2013 con ayuda de Villarejo cuando Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, a cuyas ordenes se encontraban el resto de los policías investigados y al que el juez también ha retirado el pasaporte, rechazó en su declaración que el dispositivo para vigilar a Bárcenas fuera ilegal.

Versión que corroboró el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, El Gordo, así como el propio Villarejo, quienes coincidieron en defender la legalidad de la operación, que redujeron a un mero dispositivo para vigilar a Bárcenas ante la alarma social al conocerse su fortuna en Suiza.