Ocho exalcaldes irán a juicio por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos dentro de la Púnica

Nueva resolución clave dentro de la Púnica. Ocho exalcaldes, la mayoría de la Comunidad de Madrid, irán a juicio en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación a la empresa Cofely de contratos públicos entre 2012 y 2014. Se trata de una nueva decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro del caso Púnica.

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que investiga el caso Púnica que levantase la imputación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP de Madrid porque no veía indicios suficientes para sentar en el banquillo. También pidió que se sacase de la investigación a su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 

Después el juez del caso acordó la apertura de juicio oral para el exconsejero madrileño Francisco Granados por la presunta adjudicación ilegal de contratos en las fiestas de varios municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Seis alcaldes del PP

Ahora, en un auto fechado el miércoles y al que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado envía a juicio a casi cuarenta personas, entre ellas David Marjaliza, considerado socio de Granados y presunto "conseguidor" de los contratos investigados.Junto a este empresario, que lleva años colaborando con la justicia, se sentarán en el banquillo ocho exalcaldes, 6 de ellos del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA).

Entre los investigados están los exalcades de Parla, José María Fraile (PSOE); de Móstoles, Daniel Ortiz, también exdiputado 'popular' en la Asamblea de Madrid; de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca (PP); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Moraleja de En Medio, Carlos Alberto Estrada (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA), y de Almendralejo, José García Lobato (PP).

En el caso de este último ayuntamiento, aunque no se llegó a adjudicar ningún contrato a Cofely, el juez cree que el alcalde sí facilitó supuestamente información del expediente, por lo que se procede contra él por revelación de información reservada.

El magistrado ordena el comiso de las "dádivas entregadas a las autoridades, funcionarios y colaboradores acusados en este escrito y de las ganancias ilícitas obtenidas" por Marjaliza y sus "cooperadores/testaferros", así como por los acusados de blanqueo.