La OCDE mejoró hoy su previsión de crecimiento de la economía española al 5,9% para 2021 y al 6,3% para 2022, como consecuencia de la aceleración del proceso de vacunación, aunque todavía observa mucha incertidumbre en la evolución económica a corto plazo.

Además, la OCDE consideró crucial para la recuperación de la economía española mantener elementos de la reforma laboral de 2012 como la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial, así como agilizar -e incrementar si fuera necesario- el desembolso de las ayudas directas a empresas.

En su Estudio Económico de España 2021, publicado este jueves, el organismo hace hincapié en la necesidad de garantizar mecanismos de flexibilidad a las empresas para adaptarse a los efectos de la pandemia.

En esta línea, recomienda promover procedimientos extrajudiciales de reestructuración de deuda para pymes -la mayoría del tejido productivo español- para evitar la liquidación injustificada de compañías viables con problemas coyunturales.

La OCDE señala que todavía hay mucha incertidumbre respecto a la evolución económica a corto plazo, aunque la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del plan de recuperación le han llevado a mejorar su previsión de crecimiento al 5,9% para 2021 y al 6,3% para 2022, respecto al pronóstico de marzo (5,7% y 4,8%, respectivamente).

Para respaldar la recuperación sugiere mantener una política fiscal expansionista (más gasto público) hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero cada vez más enfocadas en las áreas problemáticas.

Para cuando la recuperación se consolide reclama una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública.

Fondos europeos

La organización reclama dar prioridad a las reformas del plan de recuperación que potencien el crecimiento a largo plazo, pero también ve necesario una absorción rápida de los fondos para apuntalar la recuperación a corto plazo.

Asimismo, pide velar por la transparencia de los procedimientos y los criterios de inversión, ya que cree que la aplicación del sistema de gobernanza de los fondos "puede ser problemática".

Mercado laboral

El estudio incide en que la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales, ante lo reclama políticas activas de empleo más eficaces que permitan identificar demandantes de empleo en riesgo de convertirse en parados de larga duración.

Recomienda simplificar los tipos de contrato y aclarar las condiciones en las que se puede recurrir al contrato temporal, como para empleo estacional o para formación, así como centrar los incentivos a la contratación en grupos vulnerables específicos.

También ve preciso evaluar las repercusiones negativas que las "rápidas y acusadas" subidas del salario mínimo interprofesional han podido tener sobre el empleo de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.

Asimismo, dice que hay que asegurarse de que los trabajadores acogidos a ERTE en los sectores más afectados por la pandemia hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación.

Las pensiones 

Dentro de desafío fiscal a largo plazo, la OCDE incluye la sostenibilidad del sistema de pensiones que cree que obliga a buscar medidas "socialmente aceptables" y recomienda vincular la edad legal de jubilación (67 años en 2027) con la esperanza de vida en el momento de la salida del mercado laboral.

Además, propone desincentivar la jubilación anticipada incrementando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra. 

A medio plazo, considera que hay margen para mejorar la fiscalidad y subir el impuesto que grava los combustibles para reflejar mejor las emisiones de dióxido de carbono (CO2), junto con medidas de redistribución a los hogares más pobres. 

La digitalización

Para incrementar la difusión de la digitalización aboga por subsanar las deficiencias de la infraestructura digital pendientes y por mejorar la capacidad digital de empresas y ciudadanos con una mayor inversión en innovación y competencias.

Al respecto, recomienda trasladar a la personas las subvenciones para la formación en el empleo, al menos parcialmente, o elaborar programas públicos de formación en el empleo dirigidos a trabajadores mayores y con baja cualificación, centrados en mejorar sus competencias tecnológicas.

España podría sufrir más morosidad con la retirada de los estímulos 

España se enfrenta a un "fuerte riesgo a la baja" por el aumento de las insolvencias y un potencial incremento de los préstamos dudosos una vez que comience a eliminar gradualmente las políticas de ayuda económica, advirtió el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

"Las medidas de estímulo deben continuar hasta que la recuperación esté consolidada, pero deben ser más selectivas", dijo la OCDE en un informe, añadiendo que la demanda interna podría ser más fuerte de lo esperado.

El Gobierno espera un crecimiento del 6,5% este año y del 7% para el siguiente, reforzado por la llegada del primer tramo de los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos de rescate de la UE para seis años.

La OCDE recomendó a España aumentar los impuestos sobre los carburantes, pero sólo cuando la economía esté en una "clara trayectoria de recuperación", destacando el margen de maniobra para aumentar los ingresos fiscales y fomentar el ahorro energético.

"En el contexto de una economía debilitada, la consolidación fiscal debe ser gradual para no descarrilar la recuperación". España, que depende del turismo, se vio muy afectada por la pandemia, que provocó una caída histórica de la economía del 10,8% el año pasado, seguida de una ligera contracción en los tres primeros meses de 2021.

En marzo, el Gobierno anunció un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para ayudar a las empresas a reducir su exceso de deuda, después de que el banco central advirtiera de que casi una de cada cinco empresas españolas podría acabar 2020 en situación de insolvencia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo el mes pasado que el Gobierno prolongaría las medidas de apoyo económico todo el tiempo que fuera necesario y anunció que el déficit presupuestario se mantendría por encima del límite del 3% establecido por la UE hasta 2024.