La designación de Javier Zaragoza como fiscal de refuerzo en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en la comarca gaditana de Campo de Gibraltar ha abierto un nuevo frente en el nada sosegado mandato de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Su decreto del pasado 18 de febrero anunciando el nombramiento de Zaragoza ha cosechado un recurso de impugnación del fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, por considerarlo "ilegal"; y también un nuevo encontronazo con la asociación de fiscales mayoritaria, de tendencia conservadora.

En su decreto, Dolores Delgado aludía a que la nueva tarea de Zaragoza --que estuvo al frente de la Fiscalía Antidroga entre abril de 2005 y mayo de 2006-- se desarrollará en cooperación y "sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación". Este nombramiento de facto de un delegado de la fiscal general del Estado ha provocado la airada respuesta del fiscal jefe antidroga, que recurre al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impugnar el decreto, por indicar que la fiscal general no podrá nombrar delegados para materias que ya están encomendadas a las fiscalías especiales, como son Anticorrupción y Antidroga.

La nueva tarea del veterano fiscal Javier Zaragoza la ejercerá además "sin que se vea afectada" su dedicación "a las atribuciones que le corresponden" como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, por lo que seguirá haciéndose cargo de los asuntos relacionados con la sentencia del 'procés', entre otros. Una sobrecarga de trabajo que ha despertado la indignación de media carrera fiscal, indican a este diario fuentes del sector.

En su escrito de impugación, José Ramón Noreña aduce que el nombramiento en "nulo de pleno derecho", ya que no solo se habría vulnerado el citado artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino que la fiscal general ha procedido "sin consultarle antes nada" para conocer las necesidades específicas de la lucha antidroga en la comarca del Campo de Gibraltar. Se queja Noreña además de que no existe en este caso un expediente que contenga las motivaciones ni se ha convocado un concurso para cubrir la plaza. "Se ha designado a una persona que no está adscrita a esta fiscalía, lo que deja indefinida su posición jerárquica con relación a esta jefatura".  Además explica que desde 2019 existe una fiscal delegada de Antidroga en Andalucía. Ahora, Dolores Delgado debe convocar a la Junta de Fiscales de Sala para escuchar su valoración antes de resolver el asunto de la impugnación planteada por el fiscal Noreña, en el puesto, desde mayo de 2006.

Fuentes fiscales informan de que la principal tarea de Javier Zaragoza en este nuevo mandato se centrará en las prácticas de blanqueo de capitales y en la corrupción vinculada con funcionarios públicos, y podría ser esta última cuestión la que ha motivado su nombramiento. En su decreto, Delgado únicamente se refería a la  "indeseable capacidad de actuación" de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la zona del Campo de Gibraltar. A lo que el fiscal Noreña responde en su escrito que no solo ocurre allí, sino "en todo el territorio nacional". Sin embargo, según la Secretaría de Estado de Seguridad, cuatro de cada diez incautaciones de hachís se producen en esta comarca gaditana.

El fiscal jefe Antidroga no está solo en su rechazo a la designación hecha por Dolores Delgado. Le secunda la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, de tendencia conservadora. Hace unos días publicó un comunicado argumentando que el nombramiento es nulo por vulnerar la norma que indica que no es competencia de la fiscal general el nombramiento de fiscales de apoyo en materias propias de la fiscalías especiales. "No es una forma correcta de proceder", indican fuentes fiscales para referirse a cómo ha gestionado Delgado la designación de Javier Zaragoza, que, por cierto, es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda asociación en número de la carrera fiscal.

No es la primera vez que AF muestra su oposición a Dolores Delgado. Ante la propuesta del Gobierno de nombrarla fiscal general del Estado, en enero de 2020, esta asociación ya manifestó sus reticencias por haber desempeñado  previamente el cargo de ministra de Justicia, alertando de su posible connivencia con el Ejecutivo. El pasado verano AF le remitió una carta pidiéndola que se abstuviera en las querellas y denuncias contra el Gobierno por cuestiones relaciones con la covid-19. Este martes, Dolores Delgado comparecerá en el Congreso, dentro de la Comisión de Justicia; la primera vez que lo hace tras el debate sobre su idoneidad para el cargo.