La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado este martes en la Comisión de Justicia del Senado la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante su comparecencia para presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes a los años 2018 y 2019, Delgado ha recordado la propuesta de reforma para los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal que ya venía recogida en memorias anteriores, al hilo de las propuestas legislativas aportadas por uno de los mayores expertos de la materia como es el fiscal de delitos de Odio de Barcelona. "Hace sus propuestas desde un espacio de conocimiento profundo, de trinchera, a pie de obra", ha apuntado.

"Dicha propuesta de reforma se fundamentaba en la necesidad de introducir un mayor respeto a la proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos que, si bien objetivamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio (...), no obstante, por su contexto, por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad", ha añadido Delgado durante su intervención.

La jefa del Ministerio Público ha defendido así "la posibilidad de que se contemplen de forma alternativa unas penas de prisión de inferior duración a las previstas o penas diferentes de prisión como multas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido".

Delgado ha argumentado que estas penas alternativas permitirían la reinserción social del autor de tales delitos "mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas", pudiendo "comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas".

Invita a una profunda reflexión

No obstante, la fiscal general del Estado ha subrayado que una eventual reforma penal en este sentido debe ser objeto de una "profunda reflexión" de sus señorías.

El Gobierno ya anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

Durante su turno de réplica, y en respuesta a las manifestaciones del senador del PSE José María Oleaga, la fiscal general ha incidido en que "nada tiene que ver la libertad de expresión con la violencia" así como en la competencia del Legislativo para reformar los tipos penales.

Asimismo, Delgado ha recordado su pasado como fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista para apuntar que una parte de este terrorismo supone radicalización y adoctrinamiento que puede expresarse en redes sociales, para añadir que esto "no tiene nada que ver" con casos, sin citarlos, como los que han generado protestas en las calles tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Justicia restaurativa frente a excesos 

"Tenemos que ver la respuesta a los excesos a través de redes sociales -ha apuntado Delgado-. A lo mejor no podemos ir a pena de cárcel sino a la justicia restaurativa, como es hablar con la víctima o a trabajos para la comunidad, porque se daña a la comunidad; y resolver los conflictos no solo con la prisión, sino de otra manera", ha apuntado. "Nosotros aportaremos nuestra experiencia, y dicho ésto todas las acciones violentas serán investigadas", ha añadido.

Durante este turno -- en el que ha eludido pronunciarse sobre los reproches que le ha realizado otros senadores, especial Fernando de Rosa, del PP, sobre sus relación con el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo--, Delgado ha insistido en que la Fiscalía es una institución que "merece ser conocida por la sociedad, pues roza la excelencia en muchísimas de las ocasiones".

Así, ha apuntado que en esta Comisión ella vino interesada en hablar de las memorias de la Fiscalía, que son las que exponen de forma cifrada el trabajo de los fiscales, "y no de la idoneidad o no de la persona que preside el ministerio fiscal".

Igualmente ha defendido la labor del Consejo Fiscal y su profesionalidad, respecto del cual ha señalado que "no se puede menospreciar ni ningunearlo"; y ha respondido a una de las cuestiones formuladas la diputada de ERC Laura Castel recordándole que el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aún esta pendiente de ser informado por este órgano.