"Si no hay una democratización de la justicia real, cualquier avance que se intente aplicar va a ser a trompicones", señalan fuentes de Sumar a Público en referencia a la nueva situación de bloqueo que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en este caso protagonizado por los veinte nuevos vocales de la institución, que, por el momento, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a su presidente. Los aliados de Pedro Sánchez en el Congreso nunca aprobaron que reformara el Poder Judicial de la mano del PP —a pesar de que los socialistas insisten en que era la única opción viable— y, tras estas primeras semanas de funcionamiento, su enfado va en aumento.

La situación en estos momentos es la que es. Tras más de cinco años de bloqueo del Consejo por parte del PP, los dos grandes partidos del Estado pactaron su renovación. Ahora, los vocales ya elegidos han mantenido hasta tres reuniones para elegir a su presidente y empezar a sacar adelante todo el trabajo atrasado. Por el momento, conservadores y progresistas no se han puesto de acuerdo. Visto lo visto, el CGPJ ha comunicado que no se fijará la fecha para un nuevo encuentro hasta que se acerquen posturas. Lo que sí se convocará es una reunión el 19 de agosto para adoptar "acuerdos necesarios por razones de urgencia o por tener carácter inaplazable".

Fuentes parlamentarias de Podemos recuerdan que, desde el primer momento, la formación que lidera Ione Belarra se opuso a que el Partido Socialista alcanzara el pacto con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial. Junto con Esquerra Republicana (ERC), los morados fueron los más contundentes.

"Ese acuerdo bipartidista para el CGPJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial", apuntan las mismas fuentes, "además de alejarse del mandato expresado por la ciudadanía en las pasadas elecciones generales, confiere poder de veto sobre cualquier nombramiento o decisión a los vocales conservadores, que están ejerciendo ya ese poder en las votaciones para la elección de la Presidencia".

También deslizan que no se puede acometer la democratización de la justicia apoyándose en el PP y que el acuerdo por el Poder Judicial "permite el blindaje de los intereses de la derecha política y judicial".

Ser presidente del CGPJ y, por ende, también del Tribunal Supremo (TS), no es cualquier cosa. Es la primera autoridad judicial del Estado y, como máxima figura del TS, firma y autoriza los acuerdos de la Sala de Gobierno y convoca sus deliberaciones; despacha los informes que se le pidan desde el propio CGPJ y dirige la inspección de los juzgados y tribunales, entre otras tareas.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) afean a PP y PSOE que, tras todo el tiempo de bloqueo, continúen, aunque en otro escenario, con su particular lucha de poder precisamente para que un vocal afín ocupe ese puesto de presidente: "Solo es una muestra más de la voluntad de mantener el poder a cualquier precio".

Por el momento, los dos vocales que tienen colgado el título de favoritos para alcanzar la presidencia del Consejo son Pilar Teso, a propuesta de los progresistas, y Pablo Lucas, a quien propone el ala conservadora. Ambos son magistrados del Tribunal Supremo, como los otros cinco candidatos en liza.

Presidenta, una mujer

El sector progresista insiste, por otro lado, en que la elegida tiene que ser una mujer, algo que también reivindican desde las filas de Sumar, toda vez que "un 57% de la carrera judicial son mujeres". "Estamos muy en la línea del planteamiento de [la vocal] Argelia Queralt", continúan las fuentes consultadas del espacio que lidera Yolanda Díaz: "Si el presidente es un hombre, la presidencia del CGPJ no será representativa".

Con todo, entre los aliados de Sánchez en el Congreso hay una mezcla de enfado y hartazgo. PP y PSOE votaron solos la aprobación de la reforma del Poder Judicial en el Congreso —algo que prueba la poca confianza de la Cámara— y las fuentes consultadas niegan ninguna sorpresa con el devenir de los acontecimientos. De todas formas, por el momento no suenan las alarmas ni en Génova ni en Ferraz.