El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió el pasado miércoles el curso político antes del parón vacacional del verano. El líder del Ejecutivo realizó un balance político y legislativo del primer semestre de 2024 y sacó pecho de los datos económicos del país.

Sánchez se va a sus vacaciones con algunas incógnitas que están por resolver y que tienen la capacidad de marcar el escenario político en los próximos días, semanas e, incluso, meses. 

La investidura de Illa

La primera, y también la que se va a resolver más pronto (este viernes), es la referente al preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ambas formaciones rubricaron el pacto el pasado lunes, y el martes la formación soberanista lo dio a conocer.

Ahora falta que las bases de ERC avalen el texto para despejar el camino a que el partido catalán brinde su apoyo al exministro de Sanidad y líder de los socialistas en Catalunya. Por eso esta es la primera gran incógnita que Sánchez se lleva al parón estival, porque de esta consulta a la militancia del partido soberanista depende que Illa sea investido como presidente.

De momento, el apoyo al preacuerdo está bastante claro entre los principales dirigentes de esta formación. Marta Rovira, Pere Aragonès, Marta Vilalta, Gabriel Rufián, Oriol López, Juli Fernández y numerosos alcaldes se han posicionado de manera pública por el sí, mientras que los partidarios del no son menos conocidos. La última palabra la tienen los 8.700 militantes que están llamados a votar este viernes.

La disputa por la financiación autonómica 

La segunda gran incógnita en las vacaciones del presidente del Gobierno es una derivada de este preacuerdo. En el pacto alcanzado por el PSC y ERC se recoge el compromiso de dotar a Catalunya de un concierto fiscal propio que sacaría al territorio del régimen común y le permitiría recaudar y regular sus propios impuestos.

Esta medida ha provocado un enfado considerable de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (la gran mayoría), pero también de algunos territorios socialistas, como la Castilla La-Mancha de Emiliano García-Page. Además, algunas de las principales formaciones territoriales de Sumar (Compromís y CHA) han avanzado que votarán en contra de cualquier reforma del sistema en este sentido si no se reforma la financiación de sus comunidades.

Izquierda Unida, principal partido estatal de Sumar, también ha expresado sus dudas sobre el preacuerdo y ha recordado que lo que necesita el Estado es una reforma fiscal "federal" y que el problema no radica "sólo en Catalunya", sino en todo el Estado, por lo que la solución debe ser "global".

Si Sánchez da marcha atrás en el acuerdo con ERC por el asunto de la financiación autonómica podría perder los apoyos de la formación soberanista, esenciales para investir a Illa. Si no lo hace y no se compromete con reformas en otros territorios, el PSOE no contaría con los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Si finalmente la investidura del líder del PSC tiene éxito (lo que quiere decir que se mantendría el acuerdo), en septiembre los socialistas deberán afrontar el melón de la financiación autonómica con las comunidades y con su propio aliado en el Gobierno.

El nuevo CGPJ no termina de arrancar

La tercera incógnita, que también podría resolverse pronto, tiene que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recientemente el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces después de cinco años de bloqueo y sus grupos parlamentarios en el Congreso eligieron a los nuevos vocales que componen ahora el CGPJ.

Sin embargo, tras ocho intentos, los vocales no han logrado elegir a un presidente (en la terna están la magistrada Pilar Teso, favorita de los progresistas; y el magistrado Pablo Lucas, favorito de los conservadores). El lunes que viene el órgano celebrará una nueva reunión e intentará lograr un consenso para concluir su renovación).

Los Presupuestos

Otro elemento a despejar es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, a partir de septiembre. Los socialistas tienen en este sentido dos acuerdos que cerrar. En primer lugar, un acuerdo con Sumar en el seno del Gobierno para llevar al Consejo de Ministros el proyecto de PGE.

Los de Yolanda Díaz exigen, entre otras medidas, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, la ampliación de los permisos parentales y marentales retribuidos hasta las 24 semanas, y una reforma fiscal que convierta en permanentes los impuestos a la banca y a las eléctricas.

Después, el Ejecutivo tiene que cerrar un acuerdo con los grupos parlamentarios para sacar las cuentas adelante. La pasada semana, el Congreso tumbó la senda de déficit y los objetivos de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros debido al voto en contra de Junts.

La estrategia del juez Peinado tras la querella

La formación nacionalista advirtió de que no sólo estaba en contra de estos elementos, sino que también rechazaría los Presupuestos si el Estado no resolvía la "baja ejecución presupuestaria" en Catalunya. El preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Illa contempla que hasta que se desarrolle el concierto fiscal catalán se garantizarán los recursos necesarios para resolver el déficit presupuestario pendiente que Junts alegó como argumento para tumbar la senda de déficit de Hacienda.

La quinta gran incógnita tiene que ver con la ofensiva judicial de Peinado. Tras imputar a la esposa del presidente, este martes el juez trató de tomar declaración a Sánchez como testigo en una comparecencia grabada en el Palacio de La Moncloa. A la misma acudieron representantes de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, organizaciones ultraderechistas personadas en la causa.

A pesar de que la defensa de Sánchez pidió que el líder del Ejecutivo declarase por escrito, el juez lo rechazó y forzó al presidente a comparecer en La Moncloa delante de las cámaras, una situación que el Gobierno tachó de "montaje".  Finalmente, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar.

La Abogacía del Estado presentó entonces una querella contra Peinado por prevaricación al entender que se habían vulnerado los derechos de la Presidencia del Gobierno y con el fin, informaron desde Moncloa, de proteger a la institución. La incógnita reside en qué camino toma el juez tras este movimiento de Sánchez, el de relajar su ofensiva o, por el contrario, recrudecerla.