Canadá anunció este miércoles la imposición de sanciones económicas contra Rusia "en respuesta a las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en Rusia", en concreto por el envenenamiento e imputación del líder opositor Alexéi Navalni.

La medida, anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, afecta a nueve altos funcionarios rusos y prohíbe a instituciones financieras canadienses proporcionarles servicios, a la vez que congela cualquier activo que posean en el país norteamericano.

Garneau señaló en un comunicado que "el Gobierno ruso ha mostrado de forma repetida su falta de voluntad para respetar los derechos básicos de su propia gente y responder a las preocupaciones planteadas en múltiples ocasiones por la comunidad internacional".

"Junto con nuestros socios, Canadá seguirá aumentando la presión sobre el Gobierno ruso para lograr la liberación incondicional de Navalni y sus partidarios que han sido detenidos de forma ilegal. Las flagrantes violaciones de los derechos humanos de Rusia serán respondidas", añadió Garneau.

A principios de marzo, la Unión Europa y Estados Unidos impusieron sanciones a altos funcionarios rusos relacionados directamente con la detención del opositor ruso.

Navalni fue condenado a 3 años y medio de cárcel por un antiguo caso de estafa y de lavado de dinero, pero cumplirá solo dos años y medio por el tiempo que pasó en arresto domiciliario y en prisión preventiva desde su detención el 17 de enero tras regresar de Alemania.

Navalni estuvo a punto de morir en agosto pasado al ser envenenado durante un viaje a Siberia y ha acusado al presidente ruso, Vladímir Putin, de ordenar al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) su asesinato.

Este miércoles se supo que su salud ha empeorado desde que ingresó el pasado 12 de marzo en un centro penitenciario, famoso por numerosas denuncias de abusos y torturas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá afirmó que "el tratamiento de Rusia a Navalni sigue demostrando su desprecio por la ley y su voluntad de violar los derechos humanos de su población. La supresión de manifestaciones pacíficas y la detención de más de 10.000 manifestantes subrayan un patrón de ataques a las voces de la oposición y a aquellos que consideran una amenaza".