Aragón hará todo lo posible por sacar a sus muertos del Valle de los Caídos: la Ley de Memoria Democrática que este jueves aprueban las Cortes autonómicas incluyen una disposición adicional que obliga al Gobierno de la comunidad a prestar "el apoyo necesario en las iniciativas de exhumación de las víctimas aragonesas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente, sin autorización y en muchos casos sin conocimiento de sus familias, en los columbarios, criptas y mausoleo del Valle de los Caídos".

Aragón se convierte de esta manera y con esta herramienta legal en la primera comunidad que se obliga por ley a sacar del Valle de los Caídos los restos de las personas procedentes de su territorio, represaliados por los sublevados en la mayoría de los casos, que fueron trasladados al monumento franquista.

Se desconoce cuántos de los más de 33.000 sepultados en las criptas de Cuelgamuros proceden del territorio de la comunidad o tenían sus raíces en él, una cifra que puede ser elevada dado el elevado número de víctimas que provocaron sangrientas batallas como la de Belchite o la del Ebro, a las que se suma una violenta represión que, según las últimas estimaciones de los historiadores, superó las 12.000 víctimas.

La implicación de la comunidad en el rescate de los aragoneses enterrados del Valle de los Caídos tiene su origen en el tesón de la familia Lapeña por recuperar los restos de Manuel y de Antonio Ramiro, una historia que ha sensibilizado a la opinión pública aragonesa sobre las atrocidades del franquismo: vecinos de Villarroya de la Sierra, fueron fusilados sin juicio en los primeros días de la guerra civil y sus cadáveres fueron trasladados años después, sin que la familia lo supiera, al Valle de los Caídos.

Siguen allí, atrapados en un laberinto burocrático mientras la familia sufre un apagón informativo, pese a la orden de exhumación emitida por un juzgado.

Colaboración con otras comunidades

El proyecto de ley tiene asegurado el apoyo de PSOE, Podemos, Cha e IU, a los que probablemente se sumará Ciudadanos, que ha participado activamente en la tramitación, mientras está en duda la posición de PP y Par, que apoyaron buena parte del articulado en la ponencia y en la comisión aunque han mostrado su rechazo a varios aspectos de la norma.

La ley aragonesa, la cuarta de las de tipo integral de ámbito autonómico, tras las de Navarra (2013), Andalucía (2017) y la Comunitat Valenciana, es la primera que lleva las acciones memorialistas más allá de su territorio.

Así, el artículo 37 regula la colaboración con otras comunidades en "todas aquellas acciones que sirvan para investigar, conocer, conmemorar, dignificar, promover y divulgar la memoria democrática, con especial atención al reconocimiento de quienes, siendo aragoneses, perdieron la vida, padecieron prisión o se vieron obligados a exiliarse fuera de su tierra", algo que incluye "el traslado de restos localizados de aragonesas y aragoneses asesinados y enterrados fuera de Aragón así como para promover la interconexión de las bases de datos, incluidos los genéticos".

Esa colaboración, de hecho, ya se ha puesto en marcha con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de El Portell de Morella (Castellón) y Tortosa (Tarragona) para la exhumación de cuatro guerrilleros del maquis, un acuerdo pionero entre comunidades que cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón, que en 2016 aprobaron, a propuesta de C’s, una resolución en ese sentido.

Las víctimas consortes

La ley aragonesa de Memoria Democrática incluye novedades como sancionar el enaltecimiento del franquismo y el negacionismo de la violencia que desató, establecer un plazo concreto de 21 meses para la retirada de los símbolos de la dictadura de los espacios públicos, la supresión del callejero de las dedicatorias a quienes colaboraron con la dictadura y la eliminación de las condecoraciones oficiales y, también, cerrar el grifo del dinero público a los ayuntamientos y entidades privadas que desacaten la norma.

Foto con el cartel de la calle Generalísimo Franco en el pueblo zaragozano de Mainar.

El texto, basado en los principios de verdad, reparación y justicia, abre a los investigadores y las familias de las víctimas el contenido de los archivos que contengan información sobre la guerra civil y la represión franquista, sean de titularidad pública o privada, incluye la creación de un banco de ADN para identificar a bebés robados y a desaparecidos y, al mismo tiempo que prevé elaborar un mapa de fosas y una recopilación de las víctimas de la guerra y de la dictadura, contempla que las familias puedan ejercer su "derecho al olvido".

La norma incluye entre las víctimas de la sublevación y del franquismo a "las mujeres que padecieron humillaciones, persecución, violaciones, violencia de cualquier tipo o castigos por el hecho de serlo o de haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados", en lo que se conoce como las ‘condenas consortes’, así como a quienes "padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por su expresión, orientación sexual o identidad de género, o por su origen étnico".

Por último, la Ley de Memoria Democrática aragonesa, que señala al Consejo de Caspe y al frustrado estatuto de de 1936) (entró en las Cortes el 15 de julio de 1936, tres días antes de la sublevación) como los antecedentes de la actual comunidad autónoma, declara el 3 de marzo, aniversario del mortífero bombardeo de Alcañiz por la aviación italiana, como el día de la memoria democrática de la comunidad, en el que las instituciones organizarán “actos de reconocimiento y homenaje en el territorio aragonés con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos, de respeto, integración, convivencia y cultura de paz”.