medio ambienteGobierno y Junta estudian cómo frenar el almacenamiento de gas en Doñana

Una de las reclamaciones que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le había hecho al Gobierno de Pedro Sánchez, la paralización definitiva de los proyectos gasísticos en Doñana, empieza a tomar cuerpo. “La Junta de Andalucía ha encontrado en el nuevo Gobierno una sensibilidad radicalmente opuesta a la del anterior a la hora de afrontar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana”, aseguran a Público fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ambas administraciones han acordado, “para analizar la situación, constituir un grupo técnico-jurídico que será el encargado de estudiar los pasos” a dar, informaron las mismas fuentes. Esta situación contrasta con la posición que mantuvo hasta el final el Gabinete de Mariano Rajoy, que llevó al consejero José Fiscal a dar la orden, en el mes de marzo pasado, de llevar a los tribunales al Gobierno del PP debido a su pertinaz negativa a paralizar los trabajos ya en marcha y a evaluar de nuevo en su conjunto todo el proyecto.

El proyecto ha contado con el respaldo, hasta ahora, de todos los Gobiernos de España, incluido el de Zapatero

Petroleum Oil & Gas España, una filial de la empresa Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) extrae gas natural del subsuelo de Doñana y de su entorno desde hace 30 años. Para ello ha contado, hasta ahora, con el respaldo de todos los Gobiernos de España, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero, que en agosto de 2011 modificó las autorizaciones de extracción de la compañía para que pudiese también almacenar gas en el subsuelo de Doñana. Pero no con el de la Junta de Andalucía, que en el año 2013, con IU en el Gobierno y la hoy presidenta Susana Díaz como consejera de Presidencia, cambió de criterio y frenó los planes de la compañía al negarse a autorizar las operaciones de los tres proyectos que había presentado la empresa y que carecían de permisos. Naturgy le reclama desde entonces por ello a la administración autonómica 358 millones de euros en los tribunales.

El origen, en 2006

El origen del conflicto se remonta al año 2006. Hace doce años, la compañía comenzó a trabajar en su nuevo proyecto de almacenamiento y distribución de gas desde Doñana. Es entonces cuando Gas Natural decide dividir el proyecto completo en cuatro partes para evitar, según denuncia la organización ecologista WWF, una evaluación de impacto ambiental conjunta, que le hubiera sido o bien más difícil o bien imposible de conseguir. La empresa, por el contrario, sostiene que es la administración quien le trocea el proyecto en función de la diferente catalogación medioambiental de la zona.

En cualquier caso, Petroleum Oil & Gas España primero presenta, ese año, el denominado proyecto Saladillo, y dos años después, en 2008, los restantes, el proyecto Marismas Occidental, el proyecto Marismas Oriental, y el proyecto Aznalcázar. En este mapa, ubicado en la web de Naturgy, se puede consultar el plan completo, con los cuatro proyectos, y su ubicación. 

El expresidente González fue al mismo tiempo consejero de Gas Natural y presidente del Consejo de Doñana 

En septiembre de 2010, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, el proyecto llamado Marismas Occidental obtiene la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Y en enero de 2012, con José Antonio Griñán como presidente, la Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía. La empresa continúa pues con sus planes. Y el Ejecutivo, ya dirigido por Mariano Rajoy, publica de una tacada las otras tres declaraciones ambientales positivas en el mes de enero de 2013.

Salta entonces la polémica sobre el proyecto. Se producen denuncias de los ecologistas, que recuerdan que el expresidente Felipe González era, hasta diciembre de 2012, al mismo tiempo consejero de Gas Natural y presidente del Consejo de Participación de Doñana, órgano consultivo en el que están representadas, ademas de la administración, todos los sectores con intereses en la gestión del Parque Nacional, desde científicos y ONG conservacionistas hasta cazadores.

Cambio de criterio

El asunto causó honda preocupación en el Gobierno andaluz, no solo por la campaña ecologista contra González y su aparente conflicto de intereses, sino por que Doñana es algo más que un símbolo. Es un patrimonio que numerosos andaluces consideran intocable, un espacio de vida y diversidad con el que tienen vínculos emocionales. Y en ese momento, abril de 2013, es cuando el Ejecutivo andaluz, con Diego Valderas (IU) como vicepresidente de Griñán, la hoy presidenta Susana Díaz como consejera de la Presidencia, y el hoy ministro de Agricultura, Luis Planas, como consejero del ramo, cambian de rumbo y toman la decisión de suspender la ejecución de la autorización ambiental y frenan, por tanto, hasta hoy, la culminación del proyecto gasístico.

Los argumentos que defendió entonces la Junta de Andalucía para paralizar el plan de Naturgy son los mismos que utiliza hoy día, cinco años después, ya sin IU en el Ejecutivo. Entonces el Gobierno andaluz cuestionó, como habían denunciado los ecologistas, la forma en la que se había realizado la tramitación del proyecto, dividido en cuatro fases. “Las evaluaciones de impacto ambiental se han realizado de forma individual sin que conste que se hayan tenido en cuenta ni en la fase de análisis ni en la evaluación los efectos de los tres en su conjunto”, decía el escrito que el consejero Planas envió en 2013 al entonces ministro de Industria Miguel Arias Cañete (PP).

Estudios serios alertan de que se han pasado por alto los riesgos sísmicos y la afección al acuífero que nutre al parque de Doñana

Y hoy las fuentes consultadas por Público afirman: “Nuestras dudas acerca de la forma de ser presentado por el promotor el proyecto, troceado en cuatro partes para sortear trámites ambientales, se han visto refrendadas por sendos informes del Instituto Geológico Minero de España y del Centro Superior de Investigaciones Científicas en los que se alerta de que la falta de una evaluación ambiental conjunta ha pasado por alto los potenciales riesgos sísmicos y la afección al acuífero que nutre a Doñana. Las conclusiones de estos estudios han sido reflejadas en las quejas abiertas por los defensores del pueblo Andaluz y español”.

Desde el año 2013, la Junta ha acumulado aliados en su batalla contra el proyecto de almacenaje y distribución de gas desde Doñana. Así, en 2015 el Consejo de Participación de Doñana rechazó el proyecto Marismas Oriental y pidió reevaluar el impacto ambiental de los cuatro proyectos de forma conjunta y también ese mismo año el Comité de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO reclamó paralizar el almacenamiento de gas en Doñana y evaluar correctamente sus riesgos. Los defensores del Pueblo de Andalucía y España también se oponen al almacén de gas. Y diversos y sólidos informes científicos, como los citados por las fuentes de Medio Ambiente, avalan la tesis del Gobierno de Díaz de que la declaración de impacto, que le correspondería hacer al Gobierno central, debe abordar los riesgos del proyecto en su conjunto. Lo mismo exige cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, que señala que “es imprescindible” que las evaluaciones ambientales analicen todos “los efectos acumulativos y sinérgicos” de los proyectos.

Nueva declaración de impacto

Por ello, la Consejería andaluza de Medio Ambiente, que dirige José Fiscal, onubense, excelente conocedor de Doñana y de su problemática, que ha batallado en defensa de Doñana desde que llegó al cargo en el año 2015 contra el Gobierno de Mariano Rajoy y contra las presiones empresariales, considera hoy “imprescindible una nueva Declaración de Impacto Ambiental que analice los efectos acumulativos y sinérgicos de los cuatro proyectos y que, mientras esto se produce, se paralice el proyecto Marismas Occidental, que es el que cuenta con los permisos”.

El almacenaje y distribución de gas es uno de los focos de crecimiento que se ha fijado Naturgy y, para ello, Doñana es una pieza importante. La antigua Gas Natural ejecuta en efecto desde septiembre de 2016 el proyecto Marismas Occidental, en el término municipal de Almonte (Huelva), que consiste en la perforación de dos nuevos sondeos; la construcción de dos gasoductos, que sustituirán a los actualmente existentes, y la adecuación de las instalaciones de superficie, también existentes, para adaptarlas a las nuevas capacidades de inyección y extracción. El Gobierno de Mariano Rajoy ha financiado estas operaciones con al menos 12,6 millones de euros en dos años (2017 y 2018). Y la empresa informa de que ya ha logrado su objetivo: funciona como almacén de gas.

El Gobierno de Rajoy financió con al menos 12,6 millones de euros el proyecto de Naturgy

Naturgy, en su página web, explica lo siguiente sobre el proyecto: “Esta localización [Doñana] dispone de un recurso único tanto en Andalucía como en el sur de España: su subsuelo cuenta con antiguos yacimientos de gas natural, parte de ellos ya explotados. Los yacimientos son almacenes creados por la naturaleza que han demostrado su idoneidad y estanqueidad para albergar gas durante millones de años. Los yacimientos agotados constituyen las estructuras geológicas más utilizadas en el mundo para almacenar gas en el subsuelo. De los 400 almacenamientos de este tipo en operación en el mundo, 100 son análogos a Marismas”.

Agrega la empresa: “El proyecto de Marismas da continuidad al trabajo que Petroleum Oil & Gas lleva desarrollando en la provincia de Huelva los últimos 30 años sin ninguna afección medioambiental. En este tiempo, la compañía, filial de Gas Natural Fenosa, ha extraído [una cantidad] de gas del subsuelo equivalente a siete años de consumo convencional de Andalucía. El proyecto de Marismas contará con dos fases. En la primera, la compañía extraerá las reservas adicionales de gas natural que aún permanecen en los yacimientos, situados a 1.000 metros de profundidad. En la segunda fase, una vez extraído el gas, los almacenamientos, creados por la naturaleza hace millones de años, volverán a ser utilizados para este fin”.

El plan contempla, según Naturgy, una red de pozos de extracción y 70 kilómetros de tuberías. Parte de estas instalaciones ya están en la zona. De nueva construcción serían unos 20 kilómetros de gasoductos y cinco sondeos. Para el resto, Naturgy plantea que es una renovación, lo que también conllevaría obras. El presupuesto total rondaría los 200 millones de euros.