Ellos no encuentran en sus buzones cartas redactadas en términos amenazantes. Ni les apremian con los pagos bajo la coacción de un atentado. Son los “patriotas”, los “amigos de Euskalherria”, como se dirige a ellos la propia ETA en las misivas que les hace llegar para pedirles “aportaciones voluntarias”. Son las decenas de pequeños empresarios, profesionales liberales y comerciantes que, por una afinidad ideológica, supuestamente aceptan dar dinero a la banda armada.

Este miércoles cayeron dos de ellos, las hermanas y empresarias María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz. La Guardia Civil llegó a ellas gracias a los papeles incautados el pasado 20 de mayo en Burdeos al número 1 de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, entre los que se encontró una nota manuscrita en la que se les agradecía un pago voluntario de 6.000 euros a la organización.

Las dos detenidas –vinculadas a sendas empresas de conservas de pescado, cuyas sedes en Aguinaga y Usurbil fueron registradas– eran conocidas por su vinculación con la izquierda abertzale. De hecho, María Isabel figuró como segunda suplente en la lista de Euskal Herritarrok (EH) por Orio en las elecciones municipales de 1999.

Con ellas, ya son al menos una decena los empresarios que aparecen imputados por hacer pagos presuntamente voluntarios. Las dos detenidas serán interrogadas hoy en las diligencias 431/07, declaradas secretas por el juez Baltasar Garzón, quien también tiene abierto un macrosumario del impuesto revolucionario desde 1998. De este último, surge tanto la investigación de la trama de extorsión destapada en el Bar Faisán de Irún como la que ya ha llevado en los últimos años a declarar a la Audiencia Nacional a los otros empresarios.

El primero, a comienzos de 2003, fue el empresario vizcaíno Pedro Garaigordobil, presidente de Astilleros Zamacona, S.A. Los últimos, hasta ahora, habían sido José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, dos empresarios navarros del sector de la construcción, que fueron detenidos en junio de 2006.

La Policía tuvo conocimiento de este sistema de financiación voluntario tras la detención en Tarbes (Francia), a finales de 2002, del dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, Susper. Entre la numerosa documentación referida a la extorsión etarra, los agentes encontraron un modelo de carta que, en tono cordial, pedía a su destinatario una “contribución económica a la causa” y dejaba en manos del destinatario el importe y los plazos, aunque sugería una suma de 3.000 euros al año.

Además, a Susper se le incautó la clave de los códigos que ETA asignaba a los empresarios en sus listados según hubieran pagado forzosa o voluntariamente.

Dos de los empresarios encausados, Antxon Berasategi y José Luis Areizaga, reconocieron haber recibido estas cartas amables de ETA, en las que la banda les reclamó 24.000 y 18.000 euros, respectivamente. El primero aseguró haber hecho los pagos en aportaciones anuales y el segundo, en material deportivo de su empresa para los presos de la organización terrorista. Los dos utilizaron como intermediario para hacer las entregas a un ex alcalde de Batasuna en Tolosa (Guipúzcoa), que se dio a la fuga tras la detención de los empresarios en 2003.

El magistrado y la Fiscalía consideran que dichas entregas podían constituir un delito de colaboración armada que no estaría cubierta por la eximente de estado de necesidad o miedo insuperable que contempla el artículo 20 del Código Penal, a pesar de que todos los imputados han excusado su actuación en sus declaraciones afirmando que, pese al contenido amable de algunas de las misivas que habían recibido, ellos las habían interpretado como una amenaza dado el remitente.

En este sumario también está incluida la investigación de los supuestos pagos realizados a ETA por la empresa navarra Azkoyen con cargo a los fondos de la sociedad y por los que Garzón interrogó a varios de sus directivos, quienes confesaron haber pagado 222.374 euros en noviembre de 2001.