Las evidencias de prácticas corruptas durante la carrera política de Alberto Núñez Feijóo siguen reproduciéndose en Galicia, donde el actual presidente del PP dejó un reguero de casos de decisiones irregulares, nombramientos, favores y adjudicaciones de dinero público en beneficio de familiares y amigos y de empresarios y personas afines al Partido Popular.

El último ha sido la denuncia sobre los más de 780.000 euros en contratos menores asignados a dedo por la Xunta en os últimos siete años a Joaquín Cuíña, hermano de Beatriz Cuíña, persona de la máxima confianza del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, y quien ocupó altos cargos en la Administración gallega con los gobiernos de Feijóo.

Tal y como desveló el pasado lunes eldiario, Cuíña, cuya hermana es secretaria general de la Consellería de Presidencia, habría obtenido esas cantidades para intermediar en la tramitación y registro de marcas comerciales de la Xunta de Feijóo y Rueda, a través de contratos que fueron adjudicados sin concurso por una veintena de organismos de la Administración autonómica.

Esas contrataciones se suman a las que beneficiaron a las sociedades del Grupo Eulen, cuya directora para Galicia y el noroeste de España es la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo; a Universal Support, la firma coruñesa de telemárketing cuyo director comercial es su cuñado Ignacio Cárdenas; a Mape Aseores, la compañía con la que intermedió Alberto González Amador pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; a Sibucu 360, propiedad del empresario gallego José Ramón García González, próximo al PP; y a Allwork Vestuario Laboral, de la que se hizo socio el marido de la secretaria general del partido en Galicia pocas semanas antes de que la Xunta empezara a contratar con ella.

A esos casos se añaden las polémicas derivadas de la relación de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado; a las irregularidades en la fusión de las cajas de ahorro gallegas que derivó en su quiebra y rescate con dinero público, y al escándalo por la detención en México de directivos de la petrolera nacional de ese país, Pemex, acusados de corrupción y con negocios vinculados con la Xunta gestionados e persona por el hoy presidente del PP.

Marcial Dorado

Feijóo conoció y trabó una añeja e íntima amistad con Marcial Dorado a principios de los años noventa. El actual presidente del PP era por entonces secretario general de la Consellería de Sanidade de la Xunta, que adjudicó a la empresa de gasolineras de Dorado el suministro de combustible para las ambulancias y la calefacción de los hospitales públicos de Galicia. El narco no sólo engrosaba así los ingresos de la empresa con la que llenaba los depósitos de las planeadoras y camiones con los que trabsportaba la droga, sino podía dar cobertura financiera oficial a su entramado empresarial con ingresos limpios provenientes de la Adminsitración sanitaria.

Feijóo ha negado que supiera que Dorado se dedicaba al tráfico de hachís y cocaína, a pesar de que ya había estado implicado en varias operaciones de contrabando y narcotráfico. Cuando se publicaron las fotos que demuestran que ambos compartían jornadas de ocio en el yate del narco, así como vacaciones y fines de semana en viajes de lujo que éste asegura pagaba a Feijóo, la oposición en el Parlamento de Galicia reclamó aquellos contratos. La Xunta dijo que habían quedado destruidos en la inundación de un instituto de Formación Profesional en Vigo a donde los había trasladado desde su sede en Santiago.

Las cajas de ahorro

Tras su llegada a la Xunta en mayo de 2009, en plena crisis financiera, Feijóo se convirtió en el principal impulsor de la fusión de las dos grandes cajas gallegas: Caixanova, con sede en Vigo, y Caixa Galicia, en A Coruña. La segunda estaba en una situación muy complicada por sus inversiones inmobiliarias y por la estafa de las preferentes diseñada por su director general, José Luis Méndez; mientras que la primera defendía que tenía una posición más saneada que la fusión pondría en peligro.

El 29 de diciembre de 2009, apenas siete meses después de que Feijóo tomara posesión como presidente, la Xunta emitió la memoria en la que justificaba la necesidad de la fusión, basada en un supuesto informe de auditoría de la consultora KPMG. Posteriormente se supo que en realidad no era una auditoría sino un mero análisis diagnóstico que no la avalaba; que la empresa había empezado a redactarlo semanas antes de que Feijóo se lo encargara oficialmente, y de que había costado un millón de euros de dinero público.

Las cajas gallegas se fusionaron en septiembre de 2011 en NovaCaixaGalicia con la marca comercial NovaGalicia Banco, pero poco después tuvieron que ser nacionalizadas y rescatadas con más de 8.500 millones de euros en créditos y avales del Estado mediante fondos europeos. En 2013, y con el respaldo expreso de Feijóo, el banquero venezolano Juan Carlos Escotet las adquirió por 1.003 millones, aunque no tuvo que depositar ni un euro porque los pagos estaban sujetos a la consecución de beneficios, que obtuvo desde el primer ejercicio.

Abanca fue el principal apoyo financiero de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, y sigue siéndolo de los de Alfonso Rueda. En octubre de 2020, la Audiencia Nacional estableció la responsabilidad de la Xunta en la quiebra de las cajas: los jueces aseguraron que Caixanova nunca hubiera tenido que ser intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse Con Caixa Galicia.

Pemex y las mordidas de Emilio Lozoya

En 2012, el año en el que revalidaría su segunda mayoría absoluta, Feijóo anunció que había llegado a un acuerdo con la petrolera Pemex para que los astilleros gallegos fabricaran siete hoteles flotantes para el personal de sus plantas petroleras. El anuncio hizo creer que la Xunta había salvado así de la desaparición al sector naval gallego, así que Feijóo viajó a México para publicitar los acuerdos y saludar y fotografiarse con el entonces CEO de Pemex, Emilio Lozoya.

Ocho años después, cuando Lozoya fue detenido en Málaga acusado de sobornos, mordidas y desvío y apropiación de fondos, sólo se habían construido dos de aquellos siete floteles. Feijóo nunca ha querido dar explicaciones por aquellos incumplimientos. La Fiscalía General de México ha pedido 46 años de prisión para Lozoya.

Micaela Núñez Feijóo, la hermana directiva en Eulen

Desde que Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta en 2009 y hasta la actualidad, la Xunta multiplicó las cantidades adjudicadas en contratos públicos a las sociedades del Grupo Eulen, que dirige en Galicia su hermana, Micaela Núñez Feijóo. Ella empezó a trabajar en la compañía tres meses después de que Manuel Fraga nombrara a su hermano conselleiro de Obras Públicas de la Xunta.

Según la información que ha venido publicando Público desde 2022, son más de 54 millones de euros en asignaciones a Eulen en 15 años, buena parte de ellos procedentes del presupuesto sanitario, en una cantidad que no llega ni a la mitad que obtuvieron en el mismo período sus dos principales competidoras, Securitas y Prosegur.

Los expedientes de los contratos con Eulen, que han seguido creciendo con los gobiernos de Alfonso Rueda, contienen evidencias de que la empresa de la hermana de Feijóo gozaba de trato de favor en esos concursos e incluso disponía de información privilegiada sobre sus competidoras. La empresa ascendió a Micaela Núñez en 2016, el ejercicio posterior a su récord de adjudicaciones de la Xunta. Tal y como desveló este diario en agosto pasado, los gobiernos de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Fernando López Miras en Murcia, también dispararon las adjudicaciones a las empresas del grupo.

Según otra investigación de la edición gallega de El Salto, sólo entre 2018 y 2023 Eulen obtuvo en Galicia 4,8 millones de euros en contratos a dedo de la Xunta. En lo que va de 2024 habría recibido otros 1,6 millones en contratos menores.

Ascensos y nombramientos de amigos, familiares y afines

Muchas de las contrataciones de la Xunta con Eulen coinciden con ascensos y nombramientos a dedo de altos cargos de la Administración autonómica y de sus organismos dependientes descentralizados, que según las investigaciones de Público, ocupan afines a Feijóo y al Partido Popular. Entre ellos hay decenas de nombres de personas a las que se premia con cargos y sueldos de alta dirección en agencias, consorcios, fundaciones y sociedades públicas que luego contratan con Eulen.

Eloína Núñez Masid, la prima

Uno de esos altos cargos es Eloína Núñez Masid, prima de Feijóo y de su hermana Micaela, médica de profesión pero con plaza de técnico de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Feijóo la ascendió a gerente de los hospitales públicos de la provincia de Ourense en 2009, poco después de su investidura como presidente. Cuatro años después, ella creó una plaza en uno de esos centros para entregársela a su marido, también médico.

En 2017, Feijóo la ascendió a la dirección de los hospitales de Santiago. Desde ese cargo, Núñez Masid tramitó dos contratos por valor de casi 4 millones de euros en favor de Eulen, la empresa que dirige su prima. Cesada en mayo pasado, el Gobierno de Alfonso Rueda le concedió un permiso retribuido con sueldo que no le correspondía, y acaba de otorgarle otro puesto directivo en la Consellería de Política Social, la segunda que más dinero ha adjudicado a esa compañía en los últimos 15 años.

Ignacio Cárdenas, el cuñado

En la primavera pasada, el Consello de Contas de Galicia, el organismo que fiscaliza la contabilidad de la Administración autonómica, desveló que Universal Support, una empresa de telemárketing de A Coruña, había sido en 2021 la más beneficiada en Galicia por los fondos extraordinarios para la lucha contra la covid que el Estado puso a disposición de las comunidades autónomas.

Universal Support no había tenido hasta entonces relación alguna con el sector sanitario. Su director comercial es Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo desde 2013. Según las investigaciones de Público, Universal Support recibió al menos 15,2 millones de euros de la Xunta entre 2020 y 2021 para el rastreo de casos covid y para la atención telefónica sanitaria, mediante adjudicaciones por el procedimiento de emergencia, es decir sin concurso. En abril de 2021 ganó otro procedimiento por valor de 4,06 millones con la oferta más cara de las que tres que presentaron.

Feijóo consideró una "sorprendente acusación" las informaciones de este medio que desvelaron que la empresa de su cuñado se había llevado en dos ejercicios más de 19,2 millones de euros de dinero público de la Xunta que el presidía, y que estaba destinado a sufragar las medidas contra la covid.

Sibucu 360 y José Ramón González

En mayo de 2022, Público desveló que la Xunta, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital del Estado habían comprado en 2020 4,8 millones de euros en mascarillas con sello de homologación falsificado a Sibucu 360, empresa del empresario gallego José Ramón González, vinculado al PP de Galicia.

Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después con Sibicu la compra de material sanitario, cuando ya sabían que era ilegal y que además González estaba procesado por varios delitos de fraude tributario, falsedad documental y contra la propiedad intelectual.

Mape Asesores y la pareja de Díaz Ayuso

Durante la emergencia sanitaria de 2020 y 2021, la Xunta también contrató a dedo con Mape Asesores, compañía con la que intermedió, también en la Comunidad de Madrid, el exconsultor del Grupo Quirón Salud Alberto González Amador, pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

González Amador, investigado por la Agencia Tribuaria por dos delitos fiscales y otro de falsedad por defraudar 350.000 euros provenientes de las comisiones por aquellas compras, cuadriplicó sus honorarios con Quirón desde que estalló la crisis de la covid.

Según el BNG, González Amador se habría llevado alrededor de 2 millones en comisiones en Galicia. Según el Consello de Contas de Galicia, la Xunta habría pagado a Mape Asesores cantidades por encima del precio de mercado del material adquirido.

Allwork y el marido de la secretaria xeral del PPdeG

·El 13 de marzo de 2020, pocas horas antes de que Pedro Sánchez decretase el Estado de alarma por la emergencia sanitaria, la empresa Allwork Vestuario Laboral, propietaria de una tienda de ropa de trabajo en Santiago, recibió como socio al 50% a Francisco Antonio Otero Illodo, esposo de la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia y mano derecha de Feijóo, Paula Prado. Dese entonces, y tal como desveló el pasado marzo el diario O Salto, Allwork se hizo con 38 contratos menores a dedo de la Xunta por valor de 145.975,72 euros para la compra de equipos de protección individual.

Hasta el desembarco en su accionariado del marido de Prado pocas horas antes de que se decretara el confinamiento de la población, Allwork sólo había acudido a una licitación pública de la Xunta por valor de 182 euros. Desde la llegada de Otero Illodo, según la edición gallega de El Salto, sus beneficios crecieron en 170.000 euros en apenas un ejercicio. Prado ha negado cualquier trato de favor de la Xunta de Feijóo con su marido.