“La especie humana, en su soberbia, ha olvidado casi todo lo que la hace humana. Utilizamos a los animales para comerlos, para el trabajo, los usamos para divertirnos, para maltratarlos innecesariamente. Está tan arraigado el desprecio por los animales y que son algo utilitario, que el reto es inmenso. Hay que cambiar esa soberbia de la especie que se siente impune para maltratar. Hay que empezar a considerar a los animales iguales, pero iguales en todo, en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. La reflexión es que necesitamos un cambio antropológico radical, necesitamos una cura de humildad en la especie, esta especie que está dispuesta a acabar con todo no se sabe muy bien para qué”.

El párrafo anterior forma parte de una aplaudida intervención que José Guirao, hoy ministro de Cultura, pronunció hace más de dos años durante el acto de presentación de la plataforma Capital Animal en la Casa Encendida de Madrid. No es sólo un discurso animalista; sus palabras están en la base de los postulados antiespecistas —un movimiento que no cree en la superioridad de la especie humana frente a otras especies por el mero de hecho de serlo— y marcan un abismo frente a cualquier referencia a la sensibilidad animal de anteriores gobiernos.

No es el único en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, remarcó en una de sus primeras entrevistas la necesidad de atender desde las instituciones a los debates sobre las macrogranjas, la alimentación a base de carne, los circos o los espectáculos taurinos o de divertimento. “Yo desde luego tengo claro que el nivel de protección en términos de bienestar animal tiene mucho recorrido para ser mejorado”, dijo.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —que convive con tres perros adoptados y que en 2016 recibió el premio Bienestar Animal que otorga el Colegio Oficial de Veterinarios—se ha mostrado partidario de prohibir la compra de animales o de una ley estatal de bienestar animal que aúne criterios entre las diferentes comunidades, por ejemplo. Hasta el presidente, contrario a la celebración del Toro de la Vega, ha declarado en varias ocasiones que nunca irá a una plaza de toros.

Por eso, no es de extrañar que las expectativas sean amplias. El PSOE ha impulsado iniciativas contra el maltrato en los circos y entre sus propuestas electorales figura la de una ley marco de bienestar animal o un endurecimiento del Código Penal para erradicar el maltrato. Pero Chesús Yuste, exdiputado y actual presidente de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), recuerda sus limitaciones.

“No creo que haya grandes cambios en la tauromaquia”, advierte. “Ojalá haya sorpresas, pero no lo esperamos, porque su postura ha sido siempre la de no prohibir y no promover, algo que quizás deberían empezar a replantearse”.

También Laura Duarte, portavoz del partido animalista Pacma, reconoce que esperan “poco” en este sentido: “Es verdad que ha habido un cambio y los nombramientos en el Gobierno son una buena señal que no habíamos tenido hasta ahora, pero el PSOE ha aprobado siempre la tauromaquia y hay que recordar que dentro del propio Ejecutivo hay diferentes sensibilidades en este tema; la vicepresidenta, Carmen Calvo, es una gran aficionada a los toros”, lamenta.

El PP blindó por ley las corridas de toros al declararlas “patrimonio cultural” en 2013, una normativa que sirvió para frenar los intentos de prohibirlas por parte de algunas comunidades y que permite financiación para un sector que cada año ve descender el número de aficionados. Pero Pedro Sánchez nunca ha tenido previsto derogarla.

Su escasa representación en el Parlamento y la previsible falta de apoyo a una medida como esa hacen casi inviable plantearla.

“Hay que ser conscientes del contexto en el que estamos, pero sí que son importantes los gestos. El Gobierno puede dejar de otorgar la medalla de Bellas Artes a toreros o retirar las ayudas que se dan a las escuelas taurinas”, afirma. “Acoger a los migrantes del Aquarius no supone un cambio en la política migratoria, pero sí deja claro un mensaje; y con los animales puede suceder lo mismo”.

El juez de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con sus perros.