Malestar de los jueces con el CGPJ: les pide ideas ante la covid-19 y luego las ignora

Profundo malestar entre los jueces con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes. Este órgano constitucional envió a todos los tribunales superiores de justicia y a las asociaciones judiciales un borrador de casi 500 páginas con medidas de choque para mitigar el impacto de a covid-19 en los juzgados, pero ha optado por ignorar sus sugerencias y enviar un documento distinto al Gobierno.

Los jueces se sienten repudiados, tanto respecto a su trabajo como a su función constitucional. El malestar se detecta en las cuatro asociaciones existentes: Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, según ha contrastado Público.

Todo ocurrió en un tiempo récord. El Consejo mandó el borrador de 436 folios el pasado 8 de abril a las Salas de Gobierno de los diecisiete tribunales superiores de justicia, a las cuatro asociaciones judiciales y a operadores jurídicos como el Consejo General de la Abogacía Española. Les requirió que informaran en el plazo de dos días hábiles de la pertinencia o no de cada medida.

Unos 200 jueces y operadores jurídicos de toda España, según ha calculado Público, se pusieron manos a la obra desde sus casas. Cada organización distribuyó el documento y, por lo general, se crearon equipos por especialidades, por las personas que pisan el terreno en los juzgados. Había muy poco margen de tiempo.

Los especialistas de las distintas jurisdicciones -Civil, Penal, Mercantil, Contencioso-, analizaron, recopilaron opiniones, debatieron e integraron las conclusiones en sus documentos respectivos para alcanzar la fecha fijada por Lesmes: el 15 de abril. Enviaron cerca de 20 informes.

Pero el 20 de abril, Carlos Lesmes remitió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, un documento de 13 puntos con la propuesta del órgano constitucional “ignorando las observaciones recibidas e incluso añadiendo un punto que no había sido planteado siquiera”, según fuentes jurídicas.

El malestar es “profundo”, al igual que el “estupor” entre los jueces, según expresan las fuentes jurídicas consultadas. El ministro Campo tiene prisa en ultimar la próxima semana un Real Decreto con medidas urgentes para paliar el tsunami judicial que se avecina a causa de la covid-19.

"No ha habido debate de las propuestas. Tampoco se sabe por qué Lesmes escogió esos 13 puntos y no otros" para remitirlos al Gobierno, explica una fuente judicial. “Ha cogido las que tenía ya redactadas y nos ha ignorado", apostilla.

"Repudio"

Al parecer, el equipo de Justicia tenía prisa por recibir la propuesta ya que el Gobierno quiere aprobar el decreto de medidas urgentes en el ámbito judicial en el Consejo de Ministros de la próxima semana, indican fuentes jurídicas.

Otra magistrada que participó en la elaboración de estos documentos, cree que "la muestra más evidente de tal repudio hacia nuestro trabajo y hacia nuestra función constitucional" es que el documento remitido por el CGPJ al Ejecutivo incluye  medidas que no habían sido expuestas con anterioridad "ni, por tanto, consultadas a quienes, en definitiva, tendremos que afrontar el incremento de la litigiosidad que se avecina” cuando se levante la suspensión de los plazos procesales decretada en el estado de alarma.

Dudosa constitucionalidad

"Tampoco esperábamos mucho más", agrega una tercera fuente. De ahí que algunos optaran por enviar sus propuestas al ministro Campo al mismo tiempo que al CGPJ.

"Lesmes ha ido por libre y nos mandó este borrador sin encomendarse a nadie”, explica una fuente de Juezas y Jueces para la Democracia. El informe, añade, “excede a las competencias del CGPJ e invade las de otros poderes del Estado, como es la iniciativa legislativa”, ya que incluía reformas de calado a aprobar en las Cortes Generales, algunas de "dudosa constitucionalidad".

Tsunami judicial

En el ámbito jurídico se considera que las consecuencias de la pandemia van a impactar de lleno en los juzgados y tribunales. Y se quiere evitar un colapso en los juzgados de lo Social -por los despidos, ERES y ERTES que surgirán con la crisis económica-, los Civiles -por las reclamaciones de deudas, pleitos con aseguradoras y herencias-, así como los Mercantiles -por los concursos de acreedores tanto de las empresas como de las personas-.

Además, se considera que habrán numerosas demandas por una posible responsabilidad del Estado en la gestión de la covid-19, las residencias o los hospitales, bien sea por los fallecimientos, el tratamiento médico, las secuelas o la ausencia o no de medidas preventivas.