MADRID.- La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, debe resolver por decreto si la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra el exvicepresidente econonómico Rodrigo Rato sigue en manos de la Fiscalía de Madrid o es asumida por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que es un asunto que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario.

El hecho de que Madrigal deba analizar y resolver sobre esta petición, realizada por el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado jueves, da a entender que ambos departamentos se disputan la causa. La resolución se conocerá seguramente este mismo lunes, han informado fuentes fiscales.

De otro modo, y aunque haya sido la Fiscalía de Manuel Moix la que ha instado los registros por urgencia, lo normal este ésta hubiera delegado directamente en Anticorrupción sin la intervención de un análisis previo de la fiscal general.

Fuentes fiscales han indicado que Anticorrupción sería competente para asumir la causa sólo si demuestra que existe una conexión con hechos que ya investiga. "Con hechos, no con personas", han indicado estas fuentes que han apuntado que no puede ser motivo que ya impulse otras actuaciones en la Audiencia Nacional por delitos distintos.

Comparecencia parlamentaria

La controversia en la Fiscalía podría llegar al Congreso de los Diputados, puesto que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren, en una especie de 'careo' parlamentario, si el Ministerio de Hacienda "puenteó" a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

En concreto, según la solicitud registrada por la formación magenta, reclaman la presencia de Montoro y Madrigal para que expliquen "cuál fue la coordinación de los agentes de Aduanas, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción en los registros relativos a Rodrigo Rato, en caso de que haya existido dicha coordinación".

Sea cual sea la Fiscalía que impulse las actuaciones, el caso ha sido turnado al juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, juez desde 1987 y titular de este órgano desde dos años después.