Madrid, la comunidad autónoma más rica, sigue siendo la que menos invierte en políticas sociales

Las comunidades autónomas gastan cada vez menos en políticas sociales. Es una realidad que se repite año tras año. El gasto social ha pasado del 67,4% de sus presupuestos autonómicos en 2010 al 58,4% en 2023, según un informe dado a conocer este jueves por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

Hay otra realidad que se repite todos los años: Madrid sigue siendo la campeona en recortar el gasto social. La paradoja es evidente: siendo la comunidad autónoma más rica y la que más aporta al PIB de España, Madrid es la que menos presupuesto dedica al gasto social (educación, sanidad y servicios sociales), apenas 2.464 euros cuando la media nacional es de 3.124 euros.

De hecho, el informe, titulado La inversión social por comunidades, subraya que en 2023 las comunidades autónomas dedicaron casi 150.000 millones de euros (149.363) a sanidad, educación y servicios sociales, incluida dependencia, lo que supuso 3.124 euros por habitante de media nacional.

Pero el informe revela también la desigualdad en los servicios que las comunidades autónomas ofrecen a su ciudadanía. Las comunidades que menos invierten en este área son Madrid (2.464 euros por habitante), Catalunya (2.942) y Murcia (3.008) y las que más Navarra (4.161), País Vasco (4.079) y Extremadura (3.960).

Pese a que esa cifra fue la más alta de la historia, el informe de Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala sin embargo que sólo uno de cada diez euros de aumento de los presupuestos autonómicos en 2023 se destinó a políticas sociales.

En concreto, en 2023 los presupuestos de las comunidades aumentaron en 15.469,3 millones de euros, mientras que la inversión en políticas sociales sólo aumentó en 1.946,6 millones, lo que representó únicamente 12,58 de cada 100 euros más de gasto.

Un poco de historia

Haciendo un poco de historia, la asociación apunta que los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, que califica como "especialmente drásticos" en 2013, condujeron a que en ese último año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en sanidad, educación y servicios sociales, con menos de 100.000 millones de euros (99.977,9).

Desde el año 2014 y hasta 2020 se fueron registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas y en los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, fue aumentando en gran medida el gasto social.

Llama la atención sobre el hecho de que aunque la crisis sanitaria y social provocada por la covid 19 demostró la importancia del gasto en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023.

Con más detalle indica que el aumento ha sido del 0,2% en sanidad, del 16,8% en educación y del 33,5% en servicios sociales.

En cambio, afirma que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo, lo que significa seis veces más y "evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas".

El mayor incremento del gasto autonómico en los últimos años se registra en el coste la deuda pública, con más de 16 puntos entre 2019 y 2020.

Desde 2009, todas las comunidades han incrementado su inversión en el conjunto de áreas analizadas, en mayor medida Baleares, con un incremento por habitante del 47%, seguida de País Valencià (41 %), Asturias (40%) y Extremadura (casi un 40%). Estas cuatro comunidades autónomas han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.