El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías, incorporado a la corte de garantías por imposición del PP en el acuerdo con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha convertido en el más recusado de todos los miembros del TC a raíz de los recursos contra la ley de amnistía.  

Tras la recusación de la Fiscalía, la semana pasada, este lunes ha sido la Abogacía del Estado la que ha pedido apartar a Macías de la deliberación de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra la amnistía. Pero la petición de los Servicios Jurídicos del Gobierno se extiende a todos los recursos contra esta norma, un veintena entre las impugnación autonómicas y las cuestiones planteadas por el TSJ de Catalunya.

El argumento de la Abogacía del Estado para apartar a Macías es idéntico al de la Fiscalía: Macías participó como vocal del CGPJ en la emisión de un informe sobre la norma cuando aún era proposición de ley, el 21 de marzo de 2024. 

El resultado de dicho informe fue negativo para la entonces futura ley de amnistía, en el sentido de indicar que era inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. El mismo argumento que esgrimen el PP y sus barones en sus respectivos recursos de inconstitucionalidad conta la ley. 

El informe del CGPJ, solicitado por el Senado y votado a favor por los vocales conservadores y rechazado por los progresistas, indicaba que la ley de amnistía respondía a un pacto político para propiciar la investidura de Pedro Sánchez y no era una medida que buscaba la "normalización institucional, política y social en Cataluña". 

Para los Servicios Jurídicos del Gobierno, Macías reúne los requisitos para ser recusado en cada uno de los 16 recursos autonómicos contra la amnistía que han llegado al TC, más el recurso presentado por el PP, y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo y del TSJ de Catalunya. 

Juez en excedencia desde hace 19 años, Macías ha estado representando en los últimos años, mientras el CGPJ ha estado funcionando con el mandato caducado, el ala dura de los conservadores en el órgano. 

También el expresidente catalán Carles Puigdemont le ha recusado en las cuestiones relativas al procés y a la amnistía por posible falta de imparcialidad. 

Precisamente José María Macías es el encargado de estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la amnistía.

Se niega a abstenerse

Las recusaciones de Macías llegan tras la negativa del magistrado a abstenerse de las deliberaciones sobre la ley de amnistía, pese a haber participado en el referido informe e incluso haber efectuado declaraciones en los medios de comunicación en contra de la norma, lo que resta imparcialidad a su papel ahora en el debate sobre la constitucionalidad de la norma. 

Una actitud muy diferente a la mantenida por el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia. En el pleno del TC de este martes se aprobará la abstención solicitada por Campo para apartarse de todos los asuntos relacionados con la amnistía, por considerar que su papel en la concesión de los indultos a los líderes del procés condenados le puede contaminar a la hora de participar en el debate sobre la constitucionalidad de la norma.