Podría seguir hoy con mis historias sobre manipulaciones mediáticas graves en Latinoamérica, porque esas historias nunca van a faltar, pero hoy decidí mirar un poco a qué herramientas se ha recurrido (o se ha intentado recurrir) para democratizar el poder mediático en estos países. ¿Se puede hacer algo a nivel legislativo para que los medios de comunicación de un país sean más plurales? La respuesta es sí. Y no porque yo me vaya a sacar ahora una ley de la manga.

La "ley Inna"; me gusta. No, ahora en serio. No hace falta una ley Inna, porque ya ha habido en varios países experiencias de regulación del sistema mediático para garantizar su pluralidad y también para acabar con la impunidad de la mentira.

Hoy les voy a hablar de dos de esas experiencias: la ley de medios que impulsó el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador y la que hizo el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. 

Empecemos, si les parece, por Ecuador. En 2013 el gobierno de Rafael Correa promulga la denominada "Ley Orgánica de Comunicación".

Tenía tres elementos que me gustaría destacar: en primer lugar, el espectro radioeléctrico en el Ecuador quedó dividido en 3 partes: un 33% para medios privados, un 33% para medios públicos y un 34% para medios comunitarios. 

Efectivamente. De esa manera, se impide que, por ejemplo, solo dos grandes empresas controlen todas las televisiones privadas del país (como sucede ahora mismo en España). Y se garantiza que las organizaciones de la sociedad civil también puedan tener una estación de radio o de televisión. Así lo defendía el propio Correa en 2013: 

Segundo elemento de esa ley: se introducían sanciones y multas a los medios por mala praxis. Esa ley obligó a todos los medios a elaborar códigos deontológicos y cualquier periodista de esos medios o cualquier ciudadano podía denunciar su incumplimiento.

Por ejemplo, el uso de la mentira. A raíz de esta norma, muchos medios de comunicación en Ecuador fueron sancionados por mentir o por saltarse las obligaciones de esta ley. Si una empresa de alimentación vende comida en mal estado, se le sanciona: pues la misma lógica se aplicó a los medios de información. Si un medio difunde información podrida, se le multa. Y en Ecuador las multas llegaban en algunos casos hasta al 10% de la facturación trimestral promedio de los medios en cuestión. 

A mí este punto concretamente, me genera mis dudas en su aplicación, porque siempre tendrá que haber alguien que decide qué es mentira y qué no lo es. Digamos que en la mayoría de países, si alguien miente o difama sobre una persona o sobre una institución, esto puede denunciarse en un juzgado ordinario. Elegir a un grupo de personas que decida a quién se sanciona y a quién no y por qué, puede traer sus problemas. 

Pensemos que en un cambio de gobierno, este mismo tribunal queda en manos de la derecha y que a alguien se le ocurre decir que la Iglesia es una secta o que dios no existe… En fin, este sí me parece un elemento muy controvertido y complicado de manejar, y entiendo que tiene que haber un control sobre aquellos medios que no dejan de difamar, pero creo que eso se puede llevar a cabo ampliando las leyes sobre difamación y derecho a la propia imagen. 

En tercer lugar esta ley de comunicación prohibió que los medios de comunicación de carácter nacional en Ecuador pudieran ser propiedad de empresas o de ciudadanos extranjeros. En España, por ejemplo, el duopolio mediático que controla todas las televisiones privadas está formado por dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, que están controlados por capital italiano: Mediaset, en último término, está bajo control de Silvio Berlusconi; y Atresmedia, del grupo Agostini. 

Le declararon la guerra al gobierno de Correa, tacharon la nueva ley de ley mordaza, decían que era una amenaza para la libertad de expresión, que Ecuador es una dictadura, todo esto…

Veamos un ejemplo de la libertad de expresión de la que gozaban en Ecuador:

Uno de los argumentos de Correa era que en su momento las leyes para regular la banca también eran vistas como una amenaza para la libertad de mercado, pero el hecho de eliminarlas generó una grave crisis financiera. Y que el poder mediático necesita ser regulado mediante leyes, al igual que el poder financiero. 

Sin embargo, la élite económica del Ecuador nunca aceptó la ley de medios: el presidente Lenín Moreno, que sucedió a Correa, la modificó en 2018, y el actual presidente, Guillermo Lasso, presentó el año pasado una nueva Ley: la de "Libertad de expresión y comunicación". ¿Qué contempla esa ley de Lasso? Vuelve a desregular el sector y a favorecer la concentración mediática por parte de los grandes grupos privados. Libertad de oligopolios y monopolios mediáticos. 

Y ese era otro ejemplo del que les quería hablar: en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley de Medios para regular el funcionamiento de cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos.

El objetivo era desconcentrar y desmonopolizar el mercado mediático. Para eso se repartía el espacio mediático en tres partes iguales: 33% para el estado, 33% para el sector privado, 33% para organizaciones sin fines de lucro. Todo para evitar que crezcan gigantes y oligopolios en los medios, que es lo que básicamente estaba pasando. 

Se establecía un ente regulador que se encargaría de regir el cumplimiento de la ley, parecido a lo que estábamos explicando de Ecuador. Se redujo el número de licencias en manos de un solo propietario. Se establecía un límite para la participación del capital extranjero, se garantizaban espacios en los medios para instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía. 

Podemos imaginar como cayó esa ley entre los grandes grupos mediáticos. Parecían estar bastante más a gusto con la ley que estaba en vigor en aquel entonces, promulgada en plena dictadura militar en 1980. Pero es que, era imposible que fueran a aplaudir esa iniciativa. No tenía nada que ver ni con la libertad de expresión, ni con la prensa, sino con las cifras. Miremos solo el ejemplo de Clarín: la Ley de Medios permitía un máximo de 24 licencias de cable, y Clarín tenía 237. La ley de medios otorgaba un máximo de 10 licencias de radio y televisión abierta, y Clarín tenía 25. No se permitía a ningún grupo tener más del 35% de participación en un espectro audiovisual, y Clarín tenía el 42% del mercado de radio, el 38% de televisión abierta y el 59% del cable. 

De manera que comenzó una larga y tendida guerra entre Clarín y el gobierno. Clarín hablaba de "libertad de prensa" pero protegía su libertad de "empresa" y su poder que conquistó con pactos y favores de distintos gobiernos, tanto dictatoriales como constitucionales. En ese momento, desde círculos cercanos al gobierno de Cristina Kirchner, surgió la campaña 'Clarín miente', una frase que se convirtió en una especie de latiguillo que se usaba en todo tipo de merchandising, actos públicos, etc.

Clarín recurrió 4 artículos de esa ley, los que hacían referencia precisamente al número permitido de licencias. Y la ley se paralizó 4 años hasta que el Tribunal Supremo la declaró constitucional en el año 2013. Pero en 2016, poco después de asumir la presidencia, Mauricio Macri la modificó por decreto. Y otra vez se permitieron más licencias, más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos participación ciudadana, etc.  

La discusión sobre la Ley de Medios en Argentina puso en la agenda pública el debate sobre el rol de los medios de comunicación. Es cierto que fue a costa de dejar todo en una falsa dicotomía: "O estás con Clarín o estás con el gobierno".

No obstante, más allá de los aciertos y errores de esas dos leyes, es la demostración de que sí se puede regular el poder mediático para evitar su concentración y para luchar contra el uso de la mentira.

Pero, les quiero contar algo más, ya fuera del ámbito legislativo. Es un ejemplo de una cultura política de la izquierda que tiene claro que las organizaciones de los trabajadores también necesitan tener instrumentos mediáticos para poder transformar la sociedad. Les quiero hablar, ya que estamos con Argentina, del Grupo Octubre. El Grupo Octubre es un grupo mediático argentino que pertenece a un sindicato: el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Posee 4 medios impresos: el famoso diario Página 12, el Diario Z, la revista Caras y Caretas y la revista El Planeta Urbano.

También tiene 5 emisoras de radio y 2 canales de televisión. Más allá de las opiniones que le merezca a cada cual la línea editorial que siguen los medios del Grupo Octubre, o las alabanzas o críticas que se le puedan hacer, es un ejemplo de que no hay por qué resignarse a que los grandes medios de comunicación tengan que ser un patrimonio exclusivo del poder económico y de la derecha.