Todo apunta a que la de este martes será otra votación importante y agónica para el Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que todo se decidirá in extremis. La reforma de la ley de extranjería para aliviar la difícil situación humanitaria de los más cinco mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias a la espera de ser ubicados en territorio español —más la previsión de los menores que puedan seguir llegando durante los meses de verano— se ha convertido en el principal objetivo del Gobierno desde que pasaron las elecciones europeas. Tras semanas hablando codo con codo con el gobierno canario, con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas, la propuesta llega al Parlamento y no está asegurado que puedan sacarla adelante.

La situación para el Ejecutivo es la siguiente: no pueden contar con Junts porque en materia migratoria exhiben su perfil más reaccionario y tampoco tiene asegurado el voto a favor de ERC, que quiere incluir en el cambio normativo la eliminación de las devoluciones en caliente; por tanto, miran al PP confiando en, primero, que la presión desde sus propios territorios (Canarias, Ceuta y Melilla) surja efecto sobre Alberto Núñez Feijóo; segundo, que el principal partido de la oposición no quiera descolgarse de una materia de Estado como lo es la migración; y, tercero, que la consumación de la ruptura parcial con Vox se materialice a nivel parlamentario.

Fuentes del Gobierno aseguran que Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha conversado "por escrito" este domingo con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. Las fuentes señalan que en esa conversación por escrito "en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno" ante sus peticiones. Dicen que si la proposición de ley sale adelante, el PSOE está abierto a negociar cambios con el resto de grupos, incluido el PP. Asimismo, mantienen que algunas de las exigencias de los populares ya se contemplan en la propuesta, como "la propuesta de no exceptuar a ningún territorio"o "la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si ésta se produce". "La propuesta de que la modificación de la ley de extranjería se haga por medio de un proyecto de ley solo alargaría en el tiempo la solución", añaden.

En el PP, en cambio, lo ven así: el Gobierno ha abordado "muy tarde" este tema y quiere utilizar la presión migratoria que vive ahora mismo Canarias para dejarles sin margen de negociación; además, dicen, la reforma del artículo 35 de la ley tal y como se propone no "soluciona el problema". Sin embargo, su puerta está entreabierta para el acuerdo.

Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, envió la semana pasada un documento al ministro Ángel Víctor Torres con una serie de exigencias y en los últimos días ha habido una línea de negociación abierta entre el PP y el Gobierno. El asunto se ha tratado con absoluta discreción por ambas partes, según aseguran a Público fuentes conocedoras de estas conversaciones.

El "gesto" del Gobierno a Feijóo

Así, el PP está dispuesto a permitir la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería y presentar enmiendas al texto durante la tramitación. En el Ejecutivo, que quieren sacar adelante la norma con urgencia para resolver la situación en Canarias, confían en que Feijóo acepte aprobar un real decreto ley antes de que acabe el mes de julio para que entre en vigor lo antes posible y a partir de ahí que el texto se tramite como proyecto de ley en el Congreso para que puedan enmendarlo. Si Feijóo quería un "gesto" del Gobierno, puede que sea este.

¿Será suficiente? Fuentes del PP insisten en que no van a renunciar a las medidas recogidas en la carta que Tellado envió al ministro de Organización Territorial, por ejemplo, que el Gobierno financie a las comunidades autónomas el total de la acogida de los menores. Con todo, Feijóo solo ha verbalizado dos condiciones irrenunciables: la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Y lo que para el presidente nacional del PP es una exigencia, para Isabel Díaz Ayuso es una amenaza. Este viernes anunció acciones legales contra Pedro Sánchez si no les convocaba de inmediato a esa Conferencia que ha de celebrarse al menos dos veces al año.

El presidente del PP insiste en que es imprescindible que Sánchez escuche a los presidentes regionales antes de legislar en materia migratoria. Él mismo conoce las diferentes posiciones sobre este asunto que tienen incluso los dirigentes de su propio partido y este lunes tendrá oportunidad de volver a escucharlas. Feijóo reúne a sus barones en el Comité Ejecutivo Nacional, donde, sobre todo, hará balance del curso político con la plana mayor del PP antes de las vacaciones de verano.

De lo que nadie duda en la formación conservadora es de que la postura que adopte Feijóo con la reforma de la ley de extranjería provocará alguna reacción en Vox. La política migratoria ha provocado un auténtico terremoto en la relación entre el PP y la extrema derecha, hasta el punto de que Santiago Abascal decidió abandonar los gobiernos autonómicos por la acogida de 347 menores migrantes no acompañados. ¿Romperán también en los ayuntamientos si Feijóo permite la tramitación de la reforma de la ley de extranjería?

La reforma de la ley consiste en modificar su artículo 35 para que cuando se supere el 150% de la capacidad de acogida de menores migrantes en una región, se redistribuyan de forma obligatoria en el resto de comunidades autónomas.