A la espera de comprobar el impacto de las lluvias de los primeros días de septiembre, Catalunya se acerca al final del verano en una situación de sequía alejada de la emergencia decretada entre febrero y mayo, pero con unas reservas de agua insuficientes para dar por superado el episodio. En concreto, según los datos de este jueves publicadas por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), las reservas de los embalses de las cuencas internas se elevan a los 206,96 hm³, lo que equivale al 29,8% de su capacidad. Son unos 50 hm³ y unos siete puntos menos del nivel registrado el 28 de junio -el más elevado de 2024-, pero en cambio se sitúan más de seis puntos y 40 hm³ por encima del que había justo hace un año.

Dicho con otras palabras, durante el verano se ha producido la tradicional disminución de las reservas, como consecuencia del incremento del consumo -el impacto del turismo es uno de los elementos que lo provoca-, la reducción de las precipitaciones y la mayor evaporación del agua de los embalses a causa del calor. Con todo, las lluvias de la primavera permiten encarar el final del verano en una situación sustancialmente mejor que la de un año atrás, cuando las reservas de las cuencas internas ya estaban por debajo del 24%. Ahora bien, el dato actual queda claramente por debajo de la media de los últimos cinco años (56,3%) y, todavía más, de la de los últimos diez (64,1%). Por lo tanto, la sequía ni mucho menos se puede dar por superada.

En este contexto se entiende que el nuevo Govern de Salvador Illa haya fijado la sequía como una de sus prioridades. Su apuesta pasa, fundamentalmente, por acentuar las infraestructuras de producción o reaprovechamiento de agua, como las desaladoras o las plantas potabilizadoras, un modelo que tiene que comportar inversiones de 2.300 millones hasta 2040 y que genera críticas de organizaciones ambientales y ecologistas, que abogan por abordar una reducción de los consumos de agua y evaluar cuáles son los usos prioritarios.

¿Cómo han evolucionado los pantanos? Si ponemos el foco en la situación de los embalses de las cuencas internas, el punto más bajo se registró el 9 de marzo, cuando apenas acumulaban 100,1 hm³ de agua, el 14,4% de su capacidad, que en el caso del sistema Ter-Llobregat -que nutre Barcelona y el área metropolitana, parte de la Catalunya central y Girona- era de 90,6 hm³ y el 14,8%. En aquel momento el Ter-Llobregat acumulaba más de uno en mes en situación de emergencia por sequía, que se había decretado el 1 de febrero y que se alargaría hasta el 7 de mayo, gracias a las lluvias de primavera.

Las reservas seguirían aumentando hasta finales de junio, hecho que permite que todavía hoy gran parte de las unidades hídricas que dependen de las cuencas internas se encuentren en "alerta" por sequía, por debajo del nivel más grave, la emergencia, pero también de la excepcionalidad. Una evolución que ha posibilitado levantar buena parte de las principales restricciones de agua.

Desde entonces el pantano que más se ha vaciado es el de Sau, que ha pasado de casi 73 hm³ y el 44,2% de capacidad a apenas 38,52 hm³ y el 23,3%, un hecho que en parte se explica porque ha desembalsado agua a Susqueda, con el que está conectado. El pantano de Girona, de hecho, está casi al mismo nivel que a finales de junio -cerca del 35%-, mientras que las reservas de la Baells (Barcelona) han caído cerca de nueve puntos -están al 42%- y las de la Llosa del Cavall y de Sant Ponç -ambos en la comarca del Solsonès (Lleida)- lo han hecho algo menos de tres puntos y se sitúan en el 25,1% y 31,7%, respectivamente.

La situación sí que se mantiene especialmente grave en las comarcas tarraconenses, con el pantano de Siurana, en el Priorat, por debajo del 1% -hace un año estaba alrededor del 5%-, y el de Riudecanyes, en el Baix Camp, al 1,7%, cuando 12 meses atrás también se acercaba al 5%. La persistencia de la sequía en esta zona está afectando especialmente a la actividad agrícola, como por ejemplo el cultivo de los frutos secos en el Camp o el de la viña en el Priorat.

La apuesta del Govern por las desaladoras

En la reunión del Consejo Ejecutivo de la semana pasada el Govern de Illa anunció un incremento de las inversiones en infraestructuras hídricas, que llegarán a los 2.300 millones hasta el 2040. De estos, 1.000 ya estaban comprometidos por el Govern de Aragonès. Entre otros proyectos tienen que tirar adelante la ampliación de la desaladora de la Tordera -que pasaría de poder producir 20 a 80 hm³ anuales de agua-, la construcción de la del Foix -30 hm³-, así como varias plantas potabilizadoras. Con todo, la gran novedad es el anuncio que se hará otra desaladora, en este caso a la Costa Brava norte, con capacidad para producir 15 hm³ de agua

"Iniciamos un nuevo camino para asegurar el recurso del agua en Catalunya, y por eso hemos puesto en marcha un proyecto ambicioso de gestión del agua", manifestó la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Los últimos días la también portavoz del Govern ha defendido que "las desaladoras serán clave para garantizar que el 2027 el 70% del agua que producimos no dependa de la lluvia".

Según la hoja de ruta del ejecutivo, con las obras se llegará a 245 hm³ de agua anuales que no dependan de la lluvia, cifra que actualmente es de 116. La previsión es que la ampliación de la desaladora de la Tordera esté a punto en 2028 y la nueva del Foix en 2029, gracias a una inversión de 500 millones financiada por el Estado, que también tendría que asumir los 200 millones que costaría la de la Costa Brava Norte.

Las críticas ecologistas

La apuesta del nuevo Ejecutivo por las desaladoras, que comporta ir un paso más allá del anterior Govern, choca con las críticas de grupos ambientales y ecologistas. Reunidos en la Cimera Social de l'Aigua se oponen a la desaladora de la Costa Brava Norte y defienden la necesidad de reducir consumos. En un comunicado emitido hace unos días, la Cimera considera que la desaladora "tendría que ser la última de las infraestructuras hídricas a construir, puesto que encarece por 15 el precio del agua y emite una cantidad de gases de efecto invernadero muy superior al resto de sistemas de potabilización".

En este sentido, desde enero la tarifa del agua de Aigües Ter Llobregat (ATL) ha subido un 33,7% ya que las desaladoras actuales funcionan a pleno rendimiento y el incremento se ha repercutido con subidas de las tarifas del agua de los diferentes municipios que compran agua a la empresa pública. En el texto, las entidades añaden que "la respuesta a la escasez hídrica y a la crisis climática no puede ser una política de oferta infinita de agua con la construcción de nuevas infraestructuras que comprometen todavía más el futuro del país".

Su alternativa pasaría por "evaluar cuánta agua se puede dar en cada territorio con la que tenemos ahora mismo y establecer una priorización de usos y un refuerzo puntual de infraestructura, si fuera necesario en tiempo de escasez". Y subrayan que la estrategia del Gobierno de pretender "desconectarse de la lluvia" es una respuesta "irracional y completamente antropocéntrica, que ningunea la necesidad de agua de los ecosistemas, el campo y se focaliza al garantizar el agua para las actividades económicas" como el turismo.