El 23 de julio es la fecha marcada en rojo en el calendario. PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes por la mañana, en el Congreso de los Diputados, su proposición de ley para reformar la ley de extranjería y es ese martes día 23 cuando se prevé que se vote en Pleno su toma en consideración. Por el momento, tal y como reconocen desde el Gobierno, no existe la fuerza suficiente para sacarla adelante. Descartado el 'sí' de Junts, PSOE y Sumar necesitan el apoyo del Partido Popular y presionan a Alberto Núñez Feijóo para que facilite la reforma. La segunda quincena de julio será intensa en términos de negociación.

Es "la verdadera prueba del algodón para Feijóo si quiere despegarse realmente de la ultraderecha", señala en la red social X el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, en referencia a la ruptura entre Vox y los populares a nivel autonómico por culpa de sus diferencias en materia migratoria. La ley que impulsan PSOE, Sumar y Coalición Canaria en la Cámara Baja contempla que, en el momento en el que una región rebase el 150% de su capacidad para acoger a menores migrantes, se produzca una redistribución obligatoria entre el resto de comunidades autónomas.

Algunos barones del PP rechazan de plano esta acogida forzosa y parece difícil que Feijóo pueda volver a imponerse a nivel interno. "La nueva ley de extranjería, y como la pretenden vender, es una verdadera tomadura de pelo, una inversión de la verdad", dijo a las claras este lunes Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Así, en el el principal partido de la oposición reina una absoluta indefinición.

Feijóo no quiere forzar la maquinaria de su partido y se resiste a aclarar su posición sobre una reforma de la ley de extranjería que no solo propone el Gobierno central sino que exige el Ejecutivo de Canarias del que forman parte. Los populares se excusan en que el Ejecutivo no les envió el borrador de la proposición de ley, a pesar de que hubo al menos una reunión a nivel parlamentario sobre este tema, y piden tiempo para que los presidentes de las comunidades autónomas puedan explicar su situación a Pedro Sánchez en una Conferencia de presidentes

La semana pasada, cuando el Gobierno llevó esta reforma a la Conferencia Sectorial de Juventud y Adolescencia en la que estaban representadas todas las comunidades autonómicas del PP, la posición unánime de sus consejeros, respaldada por Génova, fue derivar el debate al ámbito nacional argumentando que no era el foro para acordar la reforma de una ley a nivel estatal.

Y, como es habitual en el PP de Feijóo, su hipotético apoyo a este cambio legislativo, con el que se pretende aliviar la situación en Canarias y acoger en mejores condiciones a los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas españolas, está plagado de condiciones. 

Las condiciones del PP

En una carta enviada este domingo al Ejecutivo y que adelantó el diario El Confidencial, el PP exige que "se declare la emergencia migratoria para todo el territorio nacional", no solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Según los populares, de esta manera todos los territorios "podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían, en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida". Además, el PP trasmite al Gobierno que debería "soportar" económicamente la totalidad del tiempo de tutela de los menores.

Hay otras peticiones como la presentación de un Plan de Política migratoria del Gobierno "para contener sustancialmente las entradas irregulares", reforzar el control de las fronteras marítimas y "establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles"

Así, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido que la dirección de su partido irá viendo "a lo largo de los próximos días qué margen hay", pero sus críticas a la "ausencia" de política migratoria del Gobierno, así como el  importante rechazo interno que suscita, no apuntan a un escenario positivo para la reforma de la ley.

Con todo, el ambiente en el Gobierno de coalición es de un cierto optimismo. No de tranquilidad, pero sí existe la confianza de que se podrá arrancar a los de Feijóo, al menos, una abstención. Son conscientes de que sacar adelante la iniciativa con el bloque de investidura será muy complicado, si no imposible, habida cuenta del "no" rotundo de Junts a apoyar la reforma si no se incluye una enmienda para excluir a Catalunya de esa redistribución de chicos y chicas migrantes menores de edad.

A juzgar por las palabras de este lunes del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la única vía que, por el momento, valora el Ejecutivo para introducir la reforma en la ley de extranjería es la proposición de ley. Coalición Canaria ha sugerido en más de una ocasión la fórmula del decreto-ley ―más rápido y, por tanto, útil en una situación de urgencia como la que vive el archipiélago―, pero en el PSOE apuntan que lanzarse a los brazos del decreto sin contar con los apoyos necesarios contiene la posibilidad de abocarlo al fracaso cuando el Congreso tenga que ratificarlo.

Claves de la reforma de la ley de extranjería

La iniciativa de reformar la ley de extranjería para aliviar el peso de las comunidades autónomas con mayor presión migratoria ―en especial, Canarias, donde, hoy por hoy, hay unos 6.000 menores migrantes que necesitan ser acogidos con garantías― presenta una particularidad que la convierte en especialmente compleja. Las competencias de migración las tiene el Gobierno central, pero son las comunidades autónomas las que las tienen para aplicar la acogida.

Fuentes de Sumar señalan que el éxito de la iniciativa estriba en "lograr que encajen" ambos campos de acción. 

La principal clave para entender qué cambia con la reforma de la ley de extranjería que tratarán de sacar adelante en el Congreso PSOE, Sumar y Coalición Canaria es que incluye la modificación del artículo 35 de la norma. La nueva redacción contempla que, en el momento en el que una comunidad vea cómo su capacidad de acoger a menores migrantes se ve sobresaturada, se activará un mecanismo para redistribuir a los chicos y chicas en otras regiones. ¿A partir de cuándo se entenderá que hay sobresaturación? Cuando esos menores representen el 150% de la capacidad de acogida de un territorio.

En el caso de Canarias, por ejemplo, se encenderá ese piloto rojo cuando se sobrepasen los 3.000 menores. Actualmente, en el archipiélago se ven obligados a dar respuesta a 6.000.

Otro aspecto importante es la celeridad con la que las comunidades estarán obligadas a acoger a los menores cuando un territorio informe de que se encuentra por encima de ese 150% de capacidad. A partir del momento en el que se incluya en el Registro de Menores No acompañados a los chicos y chicas que ya se sitúan por encima de ese límite, el plazo de acogida será de 15 días. De todas formas, los tiempos serán más laxos en el primer año de aplicación de la ley, que prevé un plazo de 12 meses para que se lleve a cabo la redistribución del porcentaje de menores que, ahora mismo, ya excede ese 150%.

La financiación extra que deberá recibir cada región y los criterios que se tendrán en cuenta para decidir cuántos menores migrantes llegan a cada comunidad son dos de los puntos que preocupan en los distintos territorios. En cuanto a las partidas económicas, el Gobierno insiste en que la ley contempla que cada territorio tenga una financiación suficiente. Los criterios que se seguirán para la redistribución todavía son algo difusos, pero desde el Ejecutivo insisten en que se tendrán en cuenta las condiciones y capacidades de las distintas comunidades.