A escasos minutos de que Felipe VI inaugurara el año judicial, este jueves, el PP daba a conocer la presentación de su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, para el que tenía de plazo hasta el próximo miércoles, 11 de septiembre. 

Pero el simbolismo de inaugurar el curso judicial con la interposición del prometido recurso ha primado ante otra fecha más oportuna. En toda una declaración de intenciones, los de Alberto Núñez Feijóo reivindican su batalla contra la ley de amnistía. 

El partido conservador, que se adelanta a los recursos que van a llegar ya desde sus propios gobiernos autonómicos, pide la recusación de tres de los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC): el presidente, Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. 

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo anunció hace dos días que se apartaba de las deliberaciones del tribunal relacionadas con la ley de amnistía. Pero en el pleno del TC, que comienza el martes próximo, se debe estudiar la abstención y decidir si se acepta. 

Fuentes del TC adelantan a Público que se espera que el pleno que comienza el próximo martes acepte la abstención de Campo. De esta manera, las fuerzas progresistas contarán con un voto menos. Esto, unido a que José María Macías se acaba de incorporar al Constitucional como parte del bloque conservador, gracias al pacto entre el PP y el Gobierno para renovar el CGPJ, el equilibrio de fuerzas de cara a estudiar la constitucionalidad de la ley de amnistía quedará en seis votos progresistas frente a cinco conservadores. 

Por lo tanto, la ventaja progresista sería mínima para sacar adelante un aval a la ley de amnistía, si es que jurídicamente el TC estima su legalidad, algo que fuentes del tribunal dan por hecho. 

La estrategia de las recusaciones

En cuanto a las recusaciones que plantea el PP  y que se espera que reproduzcan también los recursos de los gobiernos autonómicos que se presentarán antes del 11 de septiembre, la política impuesta por el tribunal de garantías desde hace tiempo implica que las razones aducidas para apartar de un asunto a los magistrados recusados deben ser de enorme gravedad y estar tan bien justificadas como para ser admitidas.  

Es decir, que si las recusaciones se basan en que los magistrados han realizado declaraciones en el pasado sobre la materia en cuestión, a favor o en contra, las peticiones para ser recusados suelen ser rechazadas. Se estima que las declaraciones deben ser lo suficientemente rotundas en una línea determinada como para entender que contaminan la imagen de imparcialidad del magistrado en cuestión.  

Las recusaciones que plantea el PP sobre dos magistrados y el propio presidente del tribunal se basan en la labor de estos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en la relación de Conde Pumpido con el PSOE, ya que fue fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero. La magistrada Laura Díez fue alto cargo en el Ejecutivo de Sánchez, en concreto, ex directora general del Ministerio de la Presidencia. 

En definitiva, la estrategia del PP pasa por minar las fuerzas progresistas en el TC para impedir el aval constitucional de la amnistía. Pero los argumentos de los de Feijóo para recusar a Conde Pumpido por su pasado como fiscal general o los que esgrime contra y Díez no tienen nada que ver con la ley de amnistía, claman fuentes del TC, que auguran que no prosperarán las recusaciones. 

Las misma fuentes explican que en el caso del recién incorporado magistrado José María Macías, que llegó a liderar el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial hasta que la institución ha sido renovada, sus declaraciones contundentes en contra de la ley de amnistía le harían merecedor de recusación o al menos de haberse abstenido de la deliberación de los recursos relacionados con la materia. 

Un nombramiento polémico

En el caso del exministro Juan Carlos Campo, que desde que fue designado por el Gobierno para el Tribunal Constitucional se ha abstenido varias veces por su anterior papel como ministro de Justicia del Ejecutivo que le nombró y por razón de su relación sentimental con la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, el motivo que ha esgrimido para apartarse de los recursos sobre la amnistía ha sido precisamente su papel en los indultos a los líderes del procés condenados como ministro de Justicia en aquel momento. 

El Tribunal Constitucional ha anunciado que decidirá el próximo 24 de septiembre si admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.  La ponencia ha correspondido a José María Macías, en su primera ponencia desde que fue designado magistrado del TC a propuesta del PP. 

En cuanto a la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía, también se decidirá en el pleno que comienza este martes, 10 de septiembre.