MadridLa Justicia reabre la causa de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en la época de Ana Botella

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, en la época en la que Ana Botella estaba al frente del Ayuntamiento de la capital. Esta decisión se produce tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) contra un auto de enero de este año que sobreseía provisionalmente la causa.

Según el nuevo auto, fechado a 29 de septiembre y adelantado por El Mundo, el recurso presentado por socialistas y la Asociación de Afectados incluía el informe de la Cámara de Cuentas del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del pasado mes de junio, que concluyó que la EMVS vendió 1.860 pisos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado" al fondo de inversión Blakstone a través de Fidere.

Lo hizo "sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", recoge el fallo. Dicho informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección ─de los que 2.956 son viviendas─, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

Para los magistrados, de este informe "no puede predicarse la tacha de sospecha de partidismo" y, "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos", sí aporta "datos inexistentes" hasta ahora. En sus antecedentes de hecho, los magistrados aseguran que "aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces", ahora resulta "imposible de mantener", por lo que han procedido a reabrir la causa.

Esgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por la alcaldesa Manuela Carmena, aprobó el pasado 7 de septiembre iniciar el procedimiento administrativo para declarar nula la venta de viviendas a estos fondos buitre. En un plazo que no excedería los seis meses, aseguró la presidenta de la EMVS, Marta Higueras, el ayuntamiento daría audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considere que tiene algo que aportar sobre ese "proceso de venta irregular".

Posteriormente, anunciaron que elevarían una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante. Será la Administración regional la que determine si da el 'sí' considerando que hay causa de nulidad o si cree que no ha lugar y, por lo tanto, lo archiva.

Por su parte, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid consideró en un dictamen aprobado el pasado 20 de julio que revertir la venta de viviendas de protección oficial (VPO) a fondos de inversión, como quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid con la EMVS, deja en una situación de desamparo a los inquilinos.

Este dictamen se produce a raíz de una petición emitida por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que hizo una consulta a este organismo con motivo de una modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid que tienen que realizar.

En este informe de casi 60 páginas, la Comisión Jurídica Asesora no se pronunció específicamente sobre el caso de la venta de viviendas de la EMVS a Fidere y que el Gobierno de Manuela Carmena quiere revertir, pero sí hizo consideraciones generales sobre la situación de venta de promociones a fondos de inversión y si la normativa actual lo permite. Tras un análisis del propio Reglamento, la comisión concluyó que no se hizo nada fuera de la ilegalidad (la normativa lo permitía) y no alcanzaron a comprender qué razones puede haber para querer revertir esta venta, todo ello sin reconocer que la legislación actual puede generar ciertas dudas.