El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la actuación del juez para tratar de determinar si dos fiscales de la región incurrieron en revelación de secretos por la difusión de un comunicado sobre la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha respaldado la decisión del juez Francisco José Goyena de practicar una serie de diligencias en un crítico auto en el que rechaza los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación de los dos investigados: la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto.

Además de calificar de "apresurada", "extemporánea", "prematura" o "improcedente" la petición de la Fiscalía de archivar la causa o inhibirse a los juzgados de Madrid, el tribunal invoca una serie de circulares e instrucciones del ministerio público sobre el derecho a la protección de datos.

Recuerda que el fiscal es el responsable del tratamiento de los datos personales de los investigados y que la ley dispone que las actuaciones procesales sólo deben contener los datos pertinentes y limitados para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y para no producir indefensión.

Lo manifiesta en el marco de la causa abierta contra dos fiscales por presunta revelación de secretos por la difusión de un comunicado con "aclaraciones" sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal y su propuesta de llegar a un pacto con la Fiscalía para tratar de aminorar una eventual condena ante informaciones que apuntaban a que ese pacto salió de los fiscales.

El tribunal no ve "admisible" la "tajante" afirmación del fiscal de que "no existe ningún indicio" de que la "filtración" de unos correos del abogado del empresario con el fiscal saliese del ministerio público, ni la "especulación" de que "más bien parece que se hizo desde el entorno de la defensa" de González Amador.

La investigación del juez debe centrarse en "aclarar o buscar la verdad" de lo que ocurrió, "careciendo de sentido" la afirmación de que no hay indicios, señala la Sala, que ve "desproporcionado" el reproche efectuado al empresario para que aporte "todos los datos" para "garantizar toda la certeza y exactitud" en su querella.

Todo ello, prosigue, "con independencia" de que a lo largo de la investigación puedan aparecer indicios de la intervención o participación "de otras personas", ajenas a la Fiscalía.

Los magistrados destacan las "suficientes razones" del TSJM para abrir una causa, "descartando" que se tratase de "meras sospechas", y no ven "atisbo alguno de investigación prospectiva".

Indican que la decisión del instructor de practicar diligencias no es más que "el primer paso de una instrucción obligada" y subrayan que "no se inicia un proceso porque se afirme la responsabilidad de un delito, sino para poder determinar, con garantías, si se es o no responsable".

Al margen del recurso del fiscal del caso, el fiscal general del Estado ha asumido su responsabilidad sobre el comunicado que se investiga en diversas ocasiones, la última por escrito al TSJM, cuando solicitó que enviase la causa al Tribunal Supremo por ser aforado.