Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tenía planeado cerrar este lunes su caso por fraude fiscal. La semana pasada llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la prisión, aceptando una condena de ocho meses (inferior al límite de dos años para la suspensión) por dos delitos de fraude fiscal en conexión con falsedad en documento mercantil. Este acuerdo ha sido confirmado por El País.

Sin embargo, el acuerdo se vio interrumpido antes de que los abogados de Alberto González pudieran presentarlo en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, donde estaba programada su comparecencia a las 10.00 horas. La jueza aceptó un escrito del PSOE y Más Madrid que solicitaba ampliar la investigación a otros cuatro delitos.

Según el pacto, la sanción incluía una multa equivalente al 40% de la cantidad defraudada: 60.000 euros (el 40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (el 40% de 195.951,41 euros). Estas sumas se añadirían a los 350.951 euros defraudados, más intereses calculados en 2.493,10 euros, alcanzando un total de 491.824 euros.

Se contemplaba la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, así como la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas, y a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.

Además, según lo acordado, se impondrán penas a otros dos colaboradores clave en la emisión de facturas falsas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer y el sevillano David Herrera Lobato. Niederer recibió una condena de tres meses y 15 días de prisión, además de una multa de 122.832 euros. Por su parte, Herrera Lobato fue sentenciado a dos meses y 15 días de prisión, acompañados de una multa de 29.392 euros.

Cuatro delitos más

Desde el 2 de febrero, Alberto González había estado buscando alcanzar un acuerdo, antes de que su caso fuera oficialmente presentado en los tribunales. En esa fecha, su abogado Carlos Neira contactó al fiscal a cargo por correo electrónico expresando la disposición para negociar. Sin embargo, el pacto solo podía formalizarse en el contexto judicial adecuado. Ahora, este proceso se ha detenido nuevamente, ya que la jueza María Inmaculada Iglesias ha accedido a investigar cuatro posibles delitos señalados por el PSOE y Más Madrid.

Según fuentes de Más Madrid, el motivo de la petición es que existirían indicios de nuevos delitos que requieren más tiempo de investigación y de estudio. En concreto, se refieren a un delito contable, otro de administración desleal y corrupción en los negocios, de los que el novio de Ayuso no está acusado, de momento; además de la ampliación del delito fiscal y la falsedad documental en su vertiente agravada, ilícitos por los que está siendo investigado.

Ambos partidos de izquierda argumentan que la Fiscalía debería haber acusado por fraude fiscal agravado, dado que observan "la existencia de una organización y el uso de una compleja estructura contable, involucrando entidades legales y físicas intermediarias, algunas ubicadas en el extranjero, para cometer los delitos". Además, sugieren que la cantidad defraudada hasta ahora −350.951 euros− podría ser subestimada y que podría haber otros implicados que no están siendo investigados.