El secretario general del sindicato policial JUPOL, el subinspector José María García Fernández, es propietario desde 2015 de una empresa de asfaltado, excavaciones, obras públicas, construcciones y negocios inmobiliarios domiciliada en Asturias, sin haber solicitado como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior para sus actividades empresariales, como es obligación de todo funcionario público.

Chema García, nombre coloquial con el que se le conoce en su entorno, es un subinspector de Policía de 50 años destinado en la Jefatura de Policía de la capital asturiana, que lidera JUPOL desde su fundación en abril de 2018.

JUPOL es un sindicato surgido de la factoría JUSAPOL (la asociación apoyada por VOX y Ciudadanos) que fue creado inicialmente como herramienta de unidad sindical para reclamar la equiparación salarial en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que ha pasado a convertirse además de facto en un arma al servicio de la ultraderecha contra el gobierno de coalición.

El continuismo del sindicato ultra de los antidisturbios

De hecho, JUPOL se crea sobre la estructura de otro sindicato policial inactivo y con un marcado carácter ideológico inequívoco llamado UNIPE, acrónimo de Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades. La intención de JUSAPOL de aprovechar UNIPE para crear JUPOL obedecía única y exclusivamente a la estrategia de usarlo por estar registrado ante el Ministerio del Interior y garantizarse así la participación en las elecciones al Consejo de la Policía de junio de 2019, donde lograría la mayoría al obtener 8 de los 14 representantes.

Este sindicato dormido fue creado en abril de 2014 por miembros de las denominadas UIP (Unidades de Intervención Policial, más conocidos como los antidisturbios), que participaron en la represión de las Marchas de la Dignidad de Madrid del 22 de marzo de ese mismo año, bajo el gobierno de Mariano Rajoy.

La dura actuación policial tuvo la respuesta de algunos grupos de manifestantes, dejando 67 policías heridos. El portavoz de UNIPE era entonces Anxo Rama, un policía antidisturbios que ahora forma parte de la dirección de JUPOL, compuesta por 9 miembros.

Un negocio oculto desde 2015

El líder de JUPOL, ahora liberado, está adscrito oficialmente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, con sede en Oviedo. En diciembre de 2015 creó la empresa Excavaciones y Asfaltos de Avilés SL, con CIF B74397316, registrándola en su propio domicilio.

Chema García figuraba como administrador y socio único de la mercantil (con declaración de sociedad unipersonal) y teniendo como objeto social la realización de obras en carreteras, compraventa de terrenos y construcciones de todo tipo, según consta en sus epígrafes fiscales.

Asimismo, su empresa opta a concursos de obras públicas del Gobierno de Asturias y ayuntamientos del Principado desde su creación hace 5 años, en competencia con otras empresas del sector.

Según las últimas cuentas anuales, presentadas en 2019 correspondientes al ejercicio 2018, la empresa Excavaciones y Asfaltos de Avilés SL presenta una cifra de negocio neto de 131.016 euros, notablemente superior al ejercicio anterior de 2017, que fue de más de 105.000 euros.

Cambio apresurado de administrador

El 10 de abril de ese 2018 (al día siguiente de que presentara en Madrid en rueda de prensa la composición de la flamante junta directiva de JUPOL), el subinspector García regresaba a Asturias para firmar ante el notario de la localidad de Grado, Luis Alberto González Fanjul, el acuerdo donde hacía constar dos cambios fundamentales en la empresa de su propiedad. El primero, nombrar un nuevo administrador de su empresa declarada unipersonal, y, segundo, modificar el domicilio social de la mercantil, para que no siguiera constando el de su domicilio particular en Avilés.

Así, el nuevo administrador de la empresa constructora de Chema García pasaba a ser José Artemio Rodríguez Estrada, un vecino de Grado que figura en una decena de sociedades en Asturias y Valencia. Igualmente, se procedía al cambio de domicilio de la empresa Excavaciones y asfaltados Avilés SL  ubicándolo en un local situado en el número 17 de la calle El Curato, de Grado. Es el mismo lugar donde está domiciliada la sede central de la consultoría Prodasva, vinculada al nuevo administrador y su familia.

Ley de Incompatibilidades de los funcionarios

Al policía Jandro Lion, el youtuber de VOX y portavoz extraoficial de JUSAPOL, Asuntos Internos le aplicó la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios por una falta muy grave, por no haber solicitado su habilitación a Interior para la realización de actividades económicas privadas. El policía Alejandro León percibía ingresos de diversas plataformas digitales por su actividad en sus canales de YouTube siendo funcionario y no estar autorizado para ello. Esta sanción le costó 5 meses de empleo y sueldo a sumar a las que ya tenía.

Según esto, el actual secretario general de JUPOL podría enfrentarse a una situación similar. En su caso, la ley de incompatibilidades es muy clara y singularmente precisa. En el Capítulo IV, relativo a las actividades privadas de los funcionarios caben destacar los puntos c) y d) del artículo 12 de la Ley 53/1984, que determina que los funcionarios no podrán ejercer las siguientes actividades:

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

En otras palabras, el subinspector de Policía Jose María García Fernández es propietario en su totalidad, como socio único, del 100% de las participaciones de su empresa, dedicada a la contratación de obras y licitaciones públicas.

Por otra parte, tal y como recogió en su momento Radio Las Palmas en una investigación realizada por la periodista Maria Montero en 2019 para su programa La Ventana Indiscreta, se pudo acreditar con un informe de la Secretaría de Estado de Función Pública, que "tras realizar las verificaciones pertinentes, se informa que en la base de datos de la Oficina de Conflictos e Intereses no consta ninguna solicitud de compatibilidad a nombre de José María García Fernández".