La Junta de Andalucía fraccionó miles de contratos "en fraude de ley" con los que repartió a dedo 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio de 2021, según un informe de la Intervención, el órgano de la Junta que fiscaliza las cuentas públicas, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los auditores acusan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores —aunque en todos el objeto de la prestación es "el mismo o similar"— con el fin de "disminuir la cuantía del mismo" para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa —"eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva"— e "infringir la ley".

La Junta de Andalucía ha salido al paso de la noticia publicada por el periódico madrileño y calificado como "rotundamente falso" que el SAS haya adjudicado contratos sanitarios "en fraude de ley" por valor de 458 millones de euros. "Ningún informe de auditoría dice eso", han manifestado fuentes del Gobierno presidido por Juanma Moreno Bonilla.

El Ejecutivo autonómico ha precisado que esos 458,3 millones corresponden a la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021, provincias en las que se hicieron 295.914 contratos menores de los que se han analizado "solamente" 573, lo que equivaldría al 0,19%.

"Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor", aseguran las mismas fuentes, que subrayan que el contrato menor es una figura legal válida para contratar y que en ningún caso se ha detectado desvíos de fondos públicos.

Esos contratos sirvieron, según las citadas fuentes del Gobierno andaluz, para comprar medicamentos, prótesis o marcapasos, que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto. Explicaciones que no han convencido al PSOE, que este lunes ha dejado claro que llevará el caso a los tribunales por "posible malversación y prevaricación".

La Junta, por su parte, ha señalado que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría, "en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía". También ha acusado a los socialistas de utilizarlos "de forma tergiversada" y "casualmente el día después de conocerse un nuevo caso de enchufes y borrado de ordenadores en el caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE".

El Gobierno andaluz ha lamentado que el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos y ha emplazado al secretario general del PSOE andaluz y líder de la oposición, Juan Espadas, a "reflexionar y dar al botón de stop de la máquina del fango, con la que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía".

Tras anunciar que emprenderá acciones legales, Juan Espadas se ha mostrado convencido de que "evidentemente estamos hablando de una posible malversación de caudales públicos o de delitos tipificados desde la prevaricación", por lo que ha abogado por "clarificar quién se ha llevado ese dinero" y "por qué se han adjudicado a unas u otras empresas".