"No podemos excluir que hubiera actuaciones fraudulentas para organizar el referéndum", ha admitido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante su declaración como testigo en el juicio al procés catalán.

Unas palabras que contradicen su versión anterior, en la que afirmaba que el 1-O no se pagó con fondos públicos. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", mantuvo Montoro durante una entrevista en abril del año pasado.

Al inicio de su comparecencia de este miércoles, el exministro aseguraba que "la Generalitat ya estaba intervenida, no tenía posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto público". Sin embargo, intenta aclarar que ve "indicios prevaricación" ya que "unos funcionarios públicos están convocando a un acto para el que abren locales públicos". "Eso significa que se están usando recursos públicos en un fin que ha sido declarado ilegal judicialmente. A mi entender, existe motivo claro de prevaricación", ha puntualizado Montoro. 

El 15 de septiembre de 2017, el Gobierno de Rajoy aprobó la intervención de las finanzas de la Generalitat. Sin embargo, afirma que ese control pudo "resultar defraudado", por lo que su departamento envió denuncias a la fiscalía.

Montoro ha explicado al respecto que el Ministerio de Hacienda envió cuatro denuncias a la Fiscalía General del Estado y otras tres a la fiscalía del Tribunal de Cuentas por "indicios" de posibles irregularidades, por el supuesto desvío de fondos.

"Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado en algún aspecto. Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial", ha dicho. Y ha subrayado también que el Ministerio de Haciendo puso a disposición de los tribunales y de la Policía y la Guardia Civil a expertos del departamento que colaboraron con la investigación.