El partido ultraderechista Vox quiere servirse del juicio al procés como un canal privilegiado para hacer campaña electoral, pero buena parte de las defensas de los 12 acusados tienen previsto no contribuir a que lo logre. Esta es, al menos, la lectura que hacen algunos de los equipos legales de los dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo de los acusados en el proceso que arrancará en torno al 5 de febrero en el Tribunal Supremo.

No quieren alimentar la estrategia de los ultraderechistas, que ejercen como acusación particular y se verán representados por su número dos, Javier Ortega Smith. Por eso, las defensas de parte de los principales dirigentes independentistas no contestarán a sus preguntas, tal y como aseguran fuentes de distintos equipos legales a Público.  Es una de las escasas opciones de las que hoy disponen para boicotear el plan de Vox.

Esta es la decisión adoptada por el letrado Andreu van den Eynde, que coordina las defensas del líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, así como del exconseller Räul Romeva. "En principio no les vamos a contestar", razonan, para "no dar altavoz" al partido de ultraderecha.

En la misma línea se expresan fuentes del equipo que lidera Jordi Pina, responsable de la defensa de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC y aspirante a liderar la Crida -el nuevo partido de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat-. Además, Pina se encarga también de los casos de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, todos ellos en prisión provisional desde finales de 2017, como Junqueras y Romeva.

"Ya hemos dicho que no les contestaremos", aseguran a este diario. La semana pasada, en una entrevista publicada por El Confidencial, el exlíder de la ANC sentenció que no contestaría a las preguntas del partido de Santiago Abascal, para no hacerles "la campaña".

"Es una anomalía que un partido de extrema derecha, abusando de un recurso procesal como es la acusación particular, pueda intervenir en un juicio penal como si se tratase de un plenario de una Cámara legislativa", apuntan las citadas fuentes. "El Supremo, o está en connivencia o se ha dejado colar un gol", zanjan.

Por su parte, fuentes de otras defensas reconocen contemplar esta opción, si bien hay quienes prefieren no desvelar demasiados detalles sobre su estrategia antes de tiempo. Esta es la línea adoptada por el equipo que defiende a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, coordinado por la letrada Marina Roig. Cuestionados por esta posibilidad, desde Ómnium se limitan a afirmar que prefieren "no avanzar ninguna conclusión". 

En cualquier caso, las denuncias sobre la ilegitimidad de Vox para ejercer como acusación, teniendo en cuenta que la supresión de la autonomía catalana y la ilegalización de los partidos independentistas son propuestas clave de su programa electoral, son habituales entre el grueso de las defensas. Y esta crítica no sólo afecta a los equipos legales de los 12 dirigentes independentistas que serán juzgados por el Supremo, sino que también se extiende a los 6 cuyo destino depende ahora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que el Supremo partiera en dos la causa.

Éste es el caso de la defensa de Josep Nuet, exdiputado de En Comú Podem y coordinador de EUiA, que también avanza su intención de dejar sin respuesta las preguntas de los ultraderechistas. Así lo hicieron durante la etapa de instrucción, y así planean hacerlo cuando arranque la macrocausa, cuya influencia en la vida política y en los equilibrios parlamentarios es innegable, toda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez requiere de los votos de PDeCAT y ERC para superar votaciones en el Congreso de los Diputados.

El partido de Abascal ha hecho de la situación en Catalunya uno de sus caballos de batalla, y acostumbra a usar prácticamente el mismo lenguaje para hablar del procés cuando se pronuncia dentro y fuera de los muros del Tribunal Supremo. Hoy por hoy, los acusados no encuentran forma legal que les permita expulsar a Vox de la causa -el Supremo ha rechazado sus peticiones en este sentido-, pero sí contemplan vías para evitar que rentabilice políticamente este juicio, con la vista puesta en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo.