No ha dejado de ser un juicio de alto voltaje, si bien arrancó desde una fase cumbre, y en su séptima semana por fin atraviesa un periodo valle. El juicio al procés, que comenzó el pasado 12 de febrero en la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, ha acogido hasta la fecha las comparecencias de cerca de un centenar de testigos, de un total de más de quinientos, y aún está lejos de la fase pericial, la de prueba documental, las conclusiones de las partes…

Defensas consultadas por Público dan por hecho que el juicio no acabará antes de julio, si bien el propósito inicial anunciado por Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, era que no se prolongase durante más de tres meses. Según estos cálculos iniciales, en este algo más de mes y medio de causa ya debería haberse alcanzado su ecuador, sin que hasta la fecha los testimonios recabados permitan aclarar y acotar si, como sostienen la Fiscalía y la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox, hubo violencia en el procés, y si se malversó dinero público, como también sostiene la Abogacía del Estado.

Con respecto a esto último, la séptima semana de juicio ha acogido las comparecencias de dos supuestos “observadores internacionales” del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017, tal y como los definía entonces la Generalitat, aunque ellos negasen esta condición ante la Sala de Lo Penal. Uno de ellos dijo haber corrido con el pago de todos los gastos de su estancia en Catalunya entre finales de septiembre y principios de octubre; la segunda admitió haber cobrado de Diplocat -entidad público-privada financiada mayoritariamente por la Generalitat-, si bien insistió en que en ningún caso trabajó como observadora electoral.

El exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, reconoció ante el mismo tribunal que este organismo costeó estancias de “visitantes internacionales” para elaborar informes -nunca para desempeñar labores de “observación electoral”-, en esta y otras ocasiones. La politóloga neozelandesa Helena Catt, la segunda “visitante” que compareció el miércoles, afirmó que sí cobró un salario de 8.700 euros por sus labores de coordinación del grupo de expertos que viajaron a Catalunya por estas fechas, aparte de los gastos de estancia, algo que Royo había negado.

Tampoco ha habido avances esta semana sobre las facturas que podrían acreditar si se utilizó dinero público para el 1-O- salvo en el Tribunal de Cuentas-: dos testigos han señalado a la Generalitat como potencial pagadora de los carteles impresos para promocionar el referéndum, y otro ha asegurado que "el tal Toni", el hombre en nómina del Govern que trabajó en preparativos varios relacionados con la publicidad del 1-O, sería Antoni Molons, actual secretari de Comunicació de la Generalitat -entonces a cargo del departamento de Difusió-.

La única entidad que reclama hoy por hoy facturas por trabajos relacionados con el referéndum es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales -por 93.000 y 184.000 euros-, si bien la exdirectora de Servicios de la Consellería de Presidencia durante el 1-O, Teresa Prohias, declaró como testigo que no abonaron estas facturas, amparándose en la existencia de un contrato-marco entre la Generalitat y la Corporación. “Si no hay expediente, no existe ese gasto”, afirmó Prohias, que no obstante no supo aclarar de dónde vienen otras facturas, en este caso las  encontradas por la Guardia Civil en Unipost, empresa en la que este cuerpo policial se incautó más materiales para el referéndum.

Llegados a este punto, no ha habido muchas sorpresas para las defensas, que en los últimos días han seguido protestando porque la Sala no permita exhibir vídeos durante las declaraciones, si bien en líneas generales han optado por mantener un perfil más bajo.

La violencia narrada por guardias civiles y mossos

La semana empezó con la testifical del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de dirigir las investigaciones de este cuerpo relacionadas con el procés. Era una pieza de caza mayor para las defensas, que pudieron interrogarle pero no lograron autorización para realizar la prueba pericial que permitiría aclarar su vinculación con una cuenta de Twitter desde la que se vertían críticas contra los independentistas -él mismo confesó a este diario que estaba tras ese perfil, camuflado bajo el pseudónimo Tácito-.

Sin embargo, después de que Baena negara este vínculo, parte de las defensas de los procesados en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -otra de las piezas del procés-, remitieron un escrito para pedir a la jueza Alejandra Gil que compruebe si el teniente coronel es o no Tácito, o si se sirvió de este perfil.

De vuelta al Supremo, pasado el punto de inflexión de la declaración de Baena, y en especial ante la cascada de agentes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra que comparecieron como testigos esta semana -sólo el jueves se contabilizaron 14, 10 guardias civiles y 4 mossos-, las defensas han optado por un repliegue táctico.

Si frente a Baena y otros testigos se esforzaron por desmontar sus relatos, por rebatir gran parte de sus palabras, en este caso apenas ha habido intervenciones de letrados que hasta la fecha habían arrancado importantes confesiones a testigos como el exnúmero dos de Interior, José Antonio Nieto. Es el caso del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que optó por un perfil más bajo este jueves.

Fueron Andreu Van den Eynde y Jordi Pina, responsables de las defensas de Oriol Junqueras y Raül Romeva, y de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, respectivamente, quienes dieron más batalla. El resto optaron por un perfil bajo, mientras los testigos relataban los escraches e insultos que presenciaron o sufrieron en el otoño de 2017 en Catalunya.

Hasta la fecha, mientras algunos afirmaban que las concentraciones estaban claramente organizadas, otros han mantenido lo contrario; algunos aseguraron que hubo violencia o temieron por su integridad física, mientras otros testigos lo negaban. Cómo fueron esos episodios violentos es clave para determinar qué supuestos delitos se habrían dado, y tampoco en este punto ha habido muchas sorpresas hasta la fecha.

Mientras tanto, los ultraderechistas de Vox, representados por dos letrados que además son candidatos al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28-A -Javier Ortega Smith y Pedro Fernández-, aprovechan incluso vídeos grabados por las propias cámaras del Supremo, dentro de la Sala, para seguir haciendo campaña contra los “golpistas”. Van 7 semanas, 24 sesiones, y sólo en abril ya hay programadas otras 12, con 184 testigos citados. Todas las partes tienen aún mucha pista por delante.