Es poco probable que Susana Díaz haga el paseíllo hasta la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se juzga a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz, incluidos sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de fondos. El Partido Popular se ha quedado solo este lunes en su propuesta de citar a declarar a la presidenta de la Junta, después de que la Fiscalía se haya pronunciado en contra. Tampoco el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias se ha sumado a la iniciativa, aunque la estrategia del PP ha logrado parcialmente su propósito, porque los fiscales sí han aceptado que se llame a declarar al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y a la senadora socialista (exconsejera de la Presidencia, Mar Moreno).

Jiménez Barrios está citado por su etapa de alcalde de Chiclana (Cádiz) durante una etapa en la que el Ayuntamiento se benefició de ayudas públicas de la Junta puestas bajo sospecha en este juicio. El vicepresidente tuvo que declarar como testigo ante un juzgado de instrucción por dichas ayudas en julio de 2016, cuando ya habían prescrito los delitos con los que se le relacionaban. La citación de Mar Moreno, en cambio, está justificada por su implicación en el supuesto fraude de los ERE cuando era consejera de la Presidencia en el último Gobierno de Griñán. Moreno estuvo preimputada en la causa hasta que el Tribunal Supremo archivó esta investigación.

El Gobierno autonómico ha acusado al PP de querer embarrar el juicio de los ERE, tratando de salpicar a la presidenta, que no formaba parte del Consejo de Gobierno durante la etapa que se investiga (2000-2010). Díaz fue consejera de Presidencia entre 2012 y 2013 y aprobó el decreto que puso fin al sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis, que se juzga en este tribunal, y este hecho es lo que ha motivado la petición de los populares.

También los abogados defensores han criticado la solicitud del PP, argumentando que con la misma tesis ellos podrían haber citado a declarar a Javier Arenas, que fue ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar cuando se autorizó un ERE bajo sospecha a la Faja Pirítica de Huelva; o a su sucesor en el cargo, Eduardo Zaplana; o al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que en aquella época era Delegado del Gobierno en Andalucía; o al hombre que ahora ocupa ese puesto, Antonio Sanz. De hecho, todos estos líderes populares fueron citados a declarar en la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento andaluz, pero las defensas han preferido dejar al lado esta estrategia de los partidos en los tribunales.

La sexta sesión del juicio por la pieza política de los ERE ha servido a las partes -acusación y defensas- para confrontar sus cuestiones previas. Corresponde ahora al tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña decidir qué alegaciones asume y cuáles desecha. Los 20 abogados defensores, por ejemplo, han cargado este lunes contra la propuesta del Ministerio Público de “reinterpretar” el objeto de investigación del juicio, sumando a la causa las 270 piezas separadas que se están investigando en otros juzgados, una por cada ayuda bajo sospecha.