La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado este jueves protección internacional para las personas saharauis retenidas en Barajas. En la sala de inadmitidos del aeropuerto permanecen 35 solicitantes de asilo documentados conforme al censo realizado por la Misión de la ONU para el Sáhara Occidental (Minurso). Las familias y los activistas retenidos han declarado ante las autoridades que huyen de la represión que viven en los territorios ocupados por el reino de Marruecos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha emitido un informe después de validar la documentación presentada por los saharauis retenidos y pide garantizar la entrada "por motivos humanitarios" de todos los solicitantes de asilo. Los ciudadanos que permanecen en la terminal han llegado en diferentes vuelos desde finales de agosto. El Ministerio del Interior ha empezado a enviar las órdenes de deportación y ha rechazado sus peticiones de asilo. 

Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencia 6/2014, de 22 de abril de 2014, por vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva, frente a la vulneración del derecho a la vida y la posibilidad de las familias de ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes. Los activistas llevan semanas durmiendo en unas "condiciones inaceptables de insalubridad", con chinches entre sus pertenencias y una alimentación "pésima".

El TEDH obligó a España a garantizar, jurídica y materialmente, que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas, al menos hasta que la decisión interna fuera adoptada. Esta sentencia reconoce el riesgo que sufren los saharauis que viven en los territorios ocupados y hace referencia al régimen jurídico de los campamentos, mencionado en el informe de Hans Corell.

La ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado en varios informes la situación que vive la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos. La Audiencia Nacional sigue causas contra altos militares marroquíes por delitos de genocidio en concurso real con diversos delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones y contra la libertad sexual, cometidos contra el pueblo saharaui desde la ocupación de los territorios, en 1975, hasta la fecha.

Interior está denegando las solicitudes de protección internacional, en contra del criterio favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo, cumple un papel esencial en este procedimiento. "Marlaska no nos está dejando ninguna puerta de entrada. Lo único que podemos hacer es prolongar el procedimiento y confiar en la Justicia europea", explicaba Fatma El Galia, abogada de los retenidos, en una conversación con Público.