El juez Pedraz suspende el bloqueo de Telegram hasta conocer el informe de la Comisaría General de Información

El juez Santiago Pedraz ha dictado una este lunes providencia en la que acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma.

El magistrado solicita información sobre sus características así como "sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal" que acordó en su auto del pasado viernes y cuya ejecución queda en suspenso.

El magistrado solicita información sobre "la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal"

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ordenó el viernes suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. La medida contó con el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El sábado, Pedraz dio tres horas a las operadoras para bloquear en España la aplicación, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial. Fuentes jurídicas han explicado que, sin embargo, el magistrado no llegó a ejecutar ese requerimiento, y que el mismo queda a la espera del requerido informe.

Sin respuesta desde las Islas Vírgenes desde julio de 2023

El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados. El magistrado criticaba que las autoridades de las Islas Vírgenes, el paraíso fiscal donde Telegram tiene su matriz, no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que la aplicación informase de los datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional

La resolución explicaba que para el buen fin de la instrucción resultaba necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes sin que hasta el momento se tuvieran noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación, por lo que quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación dependiendo de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional.

El incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023, señalaba, impide la continuación de la instrucción de la causa. En dicha comisión se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.

A su juicio, las medidas cautelares solicitadas se erigían como las únicas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", subrayaba.

El cierre de Telegram: la única medida posible

Añadía el magistrado que la medida acordada es idónea porque su ejecución pondría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada.

En su resolución, Pedraz también explicaba que la medida tiene apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la LECRIM. Y consideraba que el cierre de Telegram era una medida necesaria, proporcional e idónea para el fin perseguido. En su auto, el magistrado acordaba también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.

Precedente "peligroso"

La orden emitida por Pedraz ha supuesto un terremoto durante este fin de semana en torno al debate sobre los límites y la protección de la propiedad intelectual, el derecho a la información y la libertad de expresión.

La decisión ha sido muy criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.

Daniel Amelang, abogado especializado en derecho penal, lamentaba para Público que "la balanza haya caído en favor de una gran corporación, en detrimento del derecho de millones de personas". "El hecho de que España sea reincidente en este tipo de medidas dice mucho (para mal) de su calidad democrática, así como del respeto por el derecho de información y el derecho a la libertad de expresión que hay en la cultura de este país".