Juan José Escalonilla, juez instructor del caso Neurona y titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, reconoce en una resolución firmada el pasado 9 de febrero que Pablo Iglesias, antiguo secretario general de Podemos, fue incluido "indebidamente" en el procedimiento como investigado en esta causa judicial. En dicha resolución, a la que ha tenido acceso Público y que ha adelantado El País, el juez Escalonilla ordena que se subsane el error.

La resolución del juez Escalonilla llega meses después de que se cerrase la instrucción del caso Neurona y sólo después de la solicitud de Juanma del Olmo, director de Comunicación de Podemos, imputado en la causa. 

Del Olmo y Podemos preguntaron al juez por la investigación a Iglesias después de que un medio ultraderechista publicara la noticia el 27 de enero. Escalonilla tardó dos semanas en responder y reconocer su error. Lo hizo de forma escueta: "No siendo parte en el procedimiento Pablo Iglesias, y habiéndose incluido indebidamente en el encabezamiento de las resoluciones, procédase a subsanar dicho extremo", se puede leer en la resolución.

En los últimos meses el nombre de Iglesias apareció en la lista de investigados en varias resoluciones firmadas por el juez Escalonilla ante el asombro del resto de imputados. Desde que empezó a investigarse el caso, en verano de 2020, el juez imputó por presunto delito electoral a Podemos, a su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; a su director de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; y al cofundador del partido Juan Carlos Monedero, pero nunca a Pablo Iglesias. 

La instrucción del caso Neurona se abrió en el verano de 2020 tras la denuncia del abogado despedido por Podemos, José Manuel Calvente. La causa investiga el contrato de Podemos con la consultora mexicana Neurona para labores de marketing electoral en la campaña de las elecciones de abril de 2019. Podemos pagó 363.000 euros por los servicios de Neurona. 

Desde que el juez Escalonilla abrió la causa han sido numerosísimas las diligencias que ha practicado el juez bajo la petición de las acusaciones: José Manuel Calvente, la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, la abogada destituida Mónica Carmona, Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.

Tras dos años de investigación, todas las acusaciones han terminado por desinflarse, aunque se han demorado más de lo razonable en ser desmontadas. Hay un ejemplo reciente de ello: la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tardó dos años en demostrar al juez que la factura de 26.200 euros emitida por Juan Carlos Monedero a la consultora Neurona era auténtica y no  un contrato simulado, tal y como sostenía el juez Escalonilla.

La Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento de la causa casi desde el principio,  ya advirtió en su momento al juez Escalonilla de que "este procedimiento no podía convertirse en una constante auditoría de las cuentas de Podemos". Sin embargo, el caso Neurona se ha convertido exactamente en eso y sigue vivo en el juzgado en pleno año electoral. 

El caso no sólo arroja sospechas sobre la contabilidad del partido: también se ha intentado mezclar con asuntos insignificantes que acabaron imputando a una miembro del partido y a una extrabajadora por haber cogido en brazos en algún momento a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, en el que fue conocido como caso Niñera, archivado en julio de 2022. 

El plazo de instrucción del caso Neurona fue cerrado por el juez el pasado 28 de julio de 2022, pese a que Vox, personada en la causa como acusación, ha intentado evitarlo. Sin embargo, Escalonilla ordenó una última diligencia antes de decretar el cierre de la instrucción: un informe pericial sobre el precio pagado por Podemos. Escalonilla quiere saber si la cantidad cobrada por Neurona se ajustó o no al precio mercado. 

Escalonilla está pendiente de que se practique el peritaje solicitado. Una vez que tenga el informe, el juez decidirá si archiva la causa o procesa a todos o a algunos de los imputados. 

El problema es  que el juez no encuentra peritos para realizar dicho informe. Según informaba Público hace unos meses, hasta 11 empresas y entidades le han dicho que no. El País informa de que Aleix Sanmartín, un consultor que ha trabajado para el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y para el PSOE, se ha postulado para hacer el informe.