Jueces para la Democracia se adhiere al proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia ha comunicado este viernes mediante un comunicado su apoyo oficial a Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción auspiciado por la Plataforma x la Honestidad, que impulsan denunciantes de corrupción como Ana Garrido (caso Gürtel), el exteniente Luis Gonzalo Segura (denunciante de corrupción en las Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT).

La asociación de jueces señala que, por su experiencia, la Ley Orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales no ha sido suficiente para proteger del “mobbing, difamación, injurias, calumnias o cualquier medio tendente a la presión del denunciante" que dan un paso al frente y llevan a la Justicia la corrupción de la que han sido testigos.

"Las dificultades de su aplicación a que ha dado lugar la práctica", exponen desde Jueces Para la Democracia en su comunicado sobre la citada LO 19/1994, "las medidas previstas en dicha ley, como el anonimato del testigo o denunciante, es inútil cuando desde un primer momento es fácil localizarlo, dado que se el delito se produce en ámbito muy reducido de colaboración, y en la persecución de esos delitos no interviene inicialmente la fuerza pública, sino que es el mismo funcionario quien delata y pone de manifiesto estas actitudes y comportamientos de oprobio".

España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras normas jurídicas

"Nos adherimos, por tanto a los principios que se proponen, y que deben inspirar la futura legislación, cuales son los de tolerancia cero con los actos de corrupción política en las instituciones públicas, protección de la víctima, denunciante o testigo contra el acoso laboral, respeto a su dignidad personal, confidencialidad y celeridad", concluye la asociación de jueces, llamando a los partidos políticos a dejar de lado los vetos y líneas rojas para sacar adelante la protección del denunciante de corrupción. 

España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras normas jurídicas. Entre las medidas presentes en el Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción se encuentran el blindaje de su puesto de trabajo, la asistencia jurídica gratuita y psicológica en caso necesario y asegurar su anonimato.

En la práctica, los denunciantes solicitan una protección similar a la que ampara a las víctimas de violencia de género. En su trabajo en pos de que esta ley vea la luz, consiguieron ser invitados a la Comisión Anticorrupción del Congreso de la efímera XI legislatura.