El Tribunal Constitucional ha tumbado el enésimo intento de investigar las actividades de la Monarquía. De esta manera, el Pleno del TC ha declarado este miércoles la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament catalán, que aprobó el pasado 7 de marzo la creación de una comisión de investigación sobre las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española".

Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que presentó el recurso ante el tribunal de garantías sólo unos días después de la resolución del cámara catalana, que fue aprobada con los votos de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y PP.

El objetivo de esta comisión era investigar las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Catalunya después del 1-O", según constaba en el texto que presentaron los impulsores y que se refería a las empresas que decidieron irse fuera de Catalunya después del referéndum ilegal.

Además, querían que la comisión investigase las "presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales", y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

No se llegó a poner en marcha

En su impugnación ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución para paralizar el funcionamiento de la comisión y la posterior admisión a trámite hizo que efectivamente quedara paralizada. De hecho, no se llegó a constituir ni se llegó a poner en marcha.

En su impugnación, el Ejecutivo considera que la comisión de investigación excede las competencias de Catalunya, pero también el ámbito de la función investigadora del Parlament, al tiempo que recordaba la inviolabilidad del jefe del Estado.

De momento, el tribunal de garantías ha emitido sólo el fallo de la sentencia. El texto completo de la resolución se dará a conocer en los próximos días.

Falta de interés por investigar al rey emérito

Con motivo de las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Villarejo en la que implicaba al rey, Izquierda Unida y el PCE iniciaron una causa que imputaba al monarca emérito hasta 13 delitos, incluyendo constitución de grupo criminal. Sin embargo, el Tribunal Supremo denegó el pasado mes de julio el recurso contra su archivo.

La Fiscalía del Alto Tribunal se negó a admitir la querella de ambas formaciones por considerar "insuficiente" el audio de Corinna con Villarejo, pese a que en la conversación grabada en Londres la amiga íntima del monarca desvelara que Juan Carlos I la usaba para ocultar su patrimonio. 

Asimismo, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidió que se investigue si es cierto que el rey Juan Carlos mantiene bienes y cuentas opacas en Suiza, tal como denunció Corinna, a pesar del nulo interés de la Agencia Tributaria.