Un juez de Madrid ha procesado al exteniente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, a quien acusa de haber violado hasta en siete ocasiones a uno de los integrantes de la ONG Horizontes Abiertos, que trabaja con presos en semilibertad, y también de haber abusado sexualmente de otro de ellos, siempre bajo la amenaza de devolverlos a la cárcel, ha adelantado eldiario.es. Según el magistrado José Escalonilla hay indicios suficientes que demuestran estos hechos.

El auto del pasado 6 de mayo, al que ha tenido acceso el citado diario, recoge que "prevaliéndose de su condición de coordinador del programa Javier, y bajo la amenaza de emitir informes desfavorables que determinarían que se le retirara el aval frente al centro penitenciario, con la consiguiente pérdida de los permisos, Javier Rodrigo de Santos López obligó a Benjamín (nombre ficticio), en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales con él, consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales, usando preservativo". 

En el caso del segundo preso, cuyo nombre ficticio es Richard, De Santos le realizó tocamientos que rechazó, por lo que le amenazó  con la posibilidad de "realizar informes negativos que determinaran la retirada del aval, con la consiguiente imposibilidad de disfrutar de permisos penitenciarios y visitar a su hijo menor de edad", añade la resolución de José Escalonilla. Por ello, el juez atribuye  a De Santos dos delitos de agresión sexual y le ha impuesto una fianza de 44.000 euros como indemnización por daños morales a sus víctimas. De Santos deberá comparecer mensualmente en el juzgado y tiene prohibido salir del país. El auto de procesamiento es recurrible.

Se trata de la tercera vez que Rodrigo de Santos se sienta en el banquillo de los acusados.  En septiembre de 2009 fue condenado a dos años de prisión, así como a cuatro años de inhabilitación absoluta, por un delito de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y casas de masaje. Además, en julio de 2010, el Tribunal Supremo rebajó desde los 13 años y medio a los cinco años la pena de prisión impuesta al exregidor de Urbanismo al absolverle de dos de los cuatro abusos sexuales a menores por los que fue condenado también en octubre de 2009.

En diciembre de 2017 fue detenido por las presuntas agresiones sexuales en la ONG y que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión incondicional aunque el juez entonces rebajó la medida cautelar a una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las dos víctimas que le denunciaron y a las casas de acogida de la ONG. Cuando salió de la cárcel, la ONG Horizontes Abiertos, le acogió como voluntario y finalmente le dio un puesto de responsabilidad remunerado.