Dilaciones indebidas muy cualificadas. Este es el concepto por el que se han atenuado las peticiones de condena para seis de los 21 procesados por los altercados del primer 'Rodea el Congreso', el 25 de septiembre de 2012, la protesta multitudinaria frente a la Cámara Baja contra la corrupción del Gobierno y el bipartidismo, en el marco del 15M y la crisis económica. 

Estos seis acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y han admitido ser autores de un delito de desórdenes públicos. El Ministerio Público les ha rebajado en dos grados la petición de condena por el excesivo tiempo que ha pasado desde que se inició la causa y el comienzo del juicio y ahora pide para ellos once meses de prisión, pero sustituibles por una multa. Para dos de ellos solicita además once meses por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso y para tres, dos meses y veinte días de prisión por atentado básico. Ninguno entrará en prisión. 

Para los 15 procesados restantes, que no admiten su culpa, el juicio, que comenzó el pasado día 18, continúa y finalizará este viernes. Sus defensas esperan que la Fiscalía aplique a los que resulten finalmente condenados el atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, igual que ha hecho con los seis citados anteriormente, indican fuentes jurídicas a Público. 

Doce años es un retraso extraordinario de la Justicia para celebrar un juicio, de ahí que el Código Penal establezca como atenuante esta circunstancia. 

El abogado Daniel Amelang, letrado de algunos de los procesados, considera que ya es un castigo en sí los 12 años de espera con la condición de procesado y con peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía: entre tres y ocho años de prisión para cada uno de los 21 acusados. 

"Es lógico que las penas se atenúen ante un retraso de tantísimos años. A las personas acusadas en esta procedimiento se les ha impedido hacer planes a largo plazo por causa de esta tardanza", dice Amelang. 

El letrado, del despacho Red Jurídica, desvela que alguno de sus clientes ha desechado planes laborales a largo plazo ante la posibilidad de acabar en la cárcel. Incluso algunos se han replanteado la paternidad en todo este tiempo por el mismo motivo.

Una protesta histórica

La manifestación 'Rodea el Congreso' del 25 de septiembre de 2012 fue apoteósica. En torno a 6.000 personas se concentraron de manera pacífica en la Plaza de Neptuno de Madrid, muy cerca del Congreso de los Diputados. Protestaron por la crisis democrática que había convertido a la sede de la soberanía popular en un ente de espaldas a la ciudadanía y por las recetas del Gobierno del PP para paliar la crisis económica, que perjudicaron enormemente a la clases trabajadoras.

Durante la manifestación, autorizada por la delegación del Gobierno, en manos por entonces de Cristina Cifuentes, que luego sería presidenta de la Comunidad de Madrid, la Policía cargó contra los manifestantes. La protesta acabó disuelta mediante las cargas policiales. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías. 

Doce años después se está juzgando a 15 personas acusadas  de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones a los policías. Desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, cuya cúpula está procesada ahora por la actuación de su 'brigada política' en el caso Kitchen, se intentó criminalizar la protesta como si hubiera sido un delito contra las altas instituciones del Estado.

Sin embargo, la actuación de los agentes antidisturbios no ha recibido el mismo reproche penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en 2021 por no investigar de manera adecuada una agresión policial que se produjo tras la protesta del 25 de septiembre de 2012. El Estado español indemnizó con 1.000 euros a la demandante por daños morales.

Los hechos sucedieron el 29 de septiembre de 2012, días después de la protesta 'Rodea el Congreso'. Tras la manifestación, varios agentes antidisturbios entraron en un bar sin justificación y arrastraron al exterior a varios personas, entre ellas a la demandante, golpeándoles de manera reiterada y provocándoles heridas en la cabeza. El parte de lesiones médico recogía que la víctima había sufrido una "herida inciso contusa en cuero cabelludo con sangrado abundante, traumatismo craneoencefálico leve y policontusión". 

El camino judicial que emprendió la víctima fue en vano: "No queda acreditado que las lesiones sean consecuencia de una acción dolosa o negligente" de los policías, dijeron los tribunales españoles. El TEDH, sin embargo, sentenció que la denuncia no se había investigado adecuadamente, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la mujer. 

"La represión policial ha quedado impune, se ha ignorado", apunta el letrado Daniel Amelang, que recuerda que la entonces delegada del Gobierno en Madrid criminalizó una semana antes la protesta. "Se han ignorado las denuncias por malos tratos policiales cuando hay vídeos donde quedan constatadas", añade.

16 años de pesadilla judicial

Los cuatro administradores del sitio web de enlaces a descargas SeriesYonkis han pasado 16 años de su vida inmersos en una pesadilla judicial hasta que el pasado día 18 fueron absueltos por el Supremo. 

Todo este tiempo han vivido con una asignatura pendiente que no acababa de resolverse, pendientes de abogados, juzgados y sentencias, arruinados por el coste económico que supone todo ello y asolados por el coste personal y socia que arrastraban desde que fueron acusados de ser piratas informáticos cuando en realidad no lo eran.