Si en 2015 los colectivos animalistas del País Valenciano depositaron alguna esperanza en los llamados "gobiernos del cambio", cuatro años después la sensación es de absoluta decepción. Lejos de haberse acabado con ellos o de haber disminuido, los datos hechos públicos por la misma Generalitat Valenciana muestran tajantemente un aumento de festejos de 'bous al carrer' desde 2015 en relación con años anteriores. Una tendencia que evidencia la debilidad de las políticas contra el maltrato animal y que pone encima de la mesa el debate sobre los derechos de la ciudadanía respecto a la ocupación del espacio público, la movilidad y el descanso.

Solo en 2018 se celebraron un total de 8.596 festejos en territorio valenciano, un millar menos que en 2017, que fue el año récord, con 9.512. Desde 2015, el histórico de la Memoria de Bous al Carrer del gobierno valenciano indica que se han autorizado 35.287 actos taurinos en cualquiera de sus modalidades (vaquillas, bou embolat, encierro…), lo que supone una línea ascendente en la legislatura de los gobiernos del cambio. Más de la mitad de estas convocatorias se llevaron a cabo en las comarcas castellonenses. Los datos oficiales de 2018 hablan de 13 toros muertos, 930 personas heridas y dos personas fallecidas. Tan solo hace una semana, de nuevo un joven de 19 años moría corneado por un toro en Xilxes.

Vulneración de derechos

"Ha sido una legislatura totalmente perdida; hemos ido hacia atrás", reconoce Raquel Aguilar, coordinadora del Partido Animalista-PACMA en las comarcas de València. Su formación viene alertando desde hace más de un año que la modificación del reglamento de 'bous al carrer' que ha estado preparando el gobierno encabezado por Ximo Puig es mucho más permisivo con el maltrato animal. PACMA ya denunció que la nueva norma legalizaría nuevas modalidades de festejos no permitidos hasta ahora, además de ampliar y facilitar la regulación de clases prácticas de tauromaquia.

El último informe jurídico presentado por el partido animalista ante la Conselleria de Igualdad y la Agencia de Emergencias reclama que se haga cumplir la ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia aprobada el pasado noviembre en Les Corts. En ella se recoge que los espectáculos a los que pueden exponerse los menores no pueden tener contenidos violentos ni vulnerar su integridad física y mental. PACMA recuerda que el reglamento valenciano contravendría la normativa de carácter estatal y tratados internacionales como el de la ONU, organismo que ha instado en más de una ocasión a alejar a los menores de la tauromaquia.

Después de meses de negociaciones entre Generalitat y colectivos taurinos, se ha aplazado la entrada en vigor de la norma, que ya cuenta con diferentes modificaciones. Aguilar sostiene que se debe en parte a la presión que están realizando. Está por ver cómo queda compuesto el nuevo gobierno valenciano después de la celebración de los comicios autonómicos del pasado 28 de abril pero todo parece indicar que las fuerzas progresistas ceden a las presiones de los taurinos. En un acto organizado por la federación de peñas taurinas previo a las elecciones mencionadas, al cual asistieron todos los partidos con representación en Les Corts, a excepción de Podem, se manifestó abiertamente el compromiso ante los aficionados en la defensa de los 'bous al carrer'. El PSPV sacó pecho por ser con las izquierdas cuando más actos se han celebrado y Compromís defendió la normalidad de estas actividades. En el acto pareció escenificarse un consenso a favor de eliminar la incorporación de un segundo médico en las celebraciones taurinas, uno de los puntos que las peñas más han criticado argumentando que se trata de una traba administrativa.

El presunto impacto económico

Paradójicamente, la legislatura del cambio empezó con una perspectiva de optimismo gracias a la derogación en Les Corts de la ley de señas de identidad aprobada por el PP en los últimos meses de su mandato. Entre otros puntos, esta norma declaraba los 'bous al carrer' como Bien de Interés Cultural. Era un primer paso que abría la puerta a una nueva política que se complementó con algunas consultas populares promovidas por ayuntamientos progresistas. En la ciudad de València, además, el equipo de gobierno prohibió el "bou embolat" en las pedanías.

Sin embargo, muy pronto el espejismo dio paso a la realidad, revelándose las limitaciones y las contradicciones de las administraciones. En algunos de los pueblos donde la ciudadanía rechazó las actividades taurinas vía consulta, se obvió el resultado con subterfugios y tácticas engañosas. Es el caso de Aldaia o Tavernes de la Valldigna. A pesar que algunos municipios se escudan en el argumento de que no aportan dinero público, los consistorios finalmente no se niegan a firmar las declaraciones favorables que conceden la autorización de las celebraciones con animales. De manera paralela, el gobierno valenciano no ha instado a los municipios a emprender acciones coordinadas ante la privatización del espacio público que suponen estas actividades y ante las responsabilidades económicas derivadas como la limpieza o la instalación de barreras, gastos asumidos a menudo por los ayuntamientos.

La estocada final para justificar los 'bous al carrer' vino en forma de informe encargado por la Generalitat a la Facultat d’Economia de la Universitat de València. Un análisis económico que tenía como propósito la obtención de información sobre los supuestos efectos económicos que producen estos festejos y la defensa del arraigo de la festividad en la sociedad que ha sido aplaudido por el mundo taurino. La credibilidad del informe, sin embargo, ha sido cuestionada por parte de las organizaciones animalistas. Jesús Frare, del colectivo Folgança - Iniciativa Animalista d'Algemesí, critica la falta de transparencia, la metodología por estimación empleada y la ocultación de la información que consideran más importante: "Llevamos años reclamando información veraz sobre el gasto público en linchamientos. Elaboran un informe del presunto retorno económico, bastante cuestionable, pero no se informa del dinero que nos cuestan estas programaciones; un dinero que podría destinarse a otras actividades sin sufrimiento animal y que, como todas, también generan impacto económico".

Suspenso en bienestar animal

Un repaso telegráfico a la legislatura 2015-2019 en materia de bienestar animal se salda con un suspenso para los gobiernos llamados progresistas. Han habido luces, como la aprobación de la ley autonómica que veta los espectáculos circenses con animales. No obstante, las sombras se imponen. Por lo que respecta a las corridas de toros dentro del ruedo, no hay que olvidar que la Diputación de València, presidida por el PSPV-PSOE, continúa sufragando con fondos públicos la gestión de la plaza de toros de la capital valenciana, la escuela y el museo de tauromaquia. En el último ejercicio, este montante se ha elevado al millón de euros. Hace unas semanas, la Diputación prorrogó por un año el contrato de la plaza de toros que deja la celebración de las corridas en manos del concesionario.

Siguiendo con el catálogo de subvenciones, fue PACMA la organización que recientemente interpuso un recurso de alzada ante el incremento de casi un 70% de las ayudas económicas por parte del gobierno del Botànic al "tir i arrossegament", una competición celebrada en tierras valencianas donde los caballos cargan con carros llenos de sacos que pueden llegar a duplicar el peso del equino. También hace unos meses, todos los partidos en Les Corts aprobaron la modificación de la ley de caza valenciana que suprime prohibiciones y amplía períodos.

Los animalistas se lamentan que el País Valenciano continúa con una ley de protección animal de 1994 y que el reciente anteproyecto de ley sobre bienestar animal y tenencia de animales de compañía, aparcada hasta la fecha, establecía una moratoria de dos años en el sacrificio cero desde su entrada en vigor, lo que provocaría que los animales abandonados fuesen sacrificados después de cuarenta días si no han sido adoptados.