Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción: "Aznalcóllar necesita empleo, no minería"

Isidoro Albarreal (Morón de la Frontera, 1966), es el Pepito Grillo de los proyectos mineros en Sevilla. El representante de Ecologistas en Acción, doctor en Matemáticas mediante una tesis sobre simulación numérica de fluidos, defiende en esta entrevista que el nuevo proyecto minero en Aznalcóllar (Sevilla), que, si se cumplen los plazos, podría estar operativo en unos años, allí donde en 1998 se produjo uno de los mayores desastre medioambientales, no es imprescindible.

Para Albarreal, ningún proyecto minero es "verde" ni tampoco "sostenible" y asegura que lo suyo es que los poderes públicos busquen alternativas para la comarca que de verdad merezcan la palabra "sostenible".

"10.000 hectáreas de monte público propiedad de la Junta de Andalucía tiene el término municipal de Aznalcóllar ¿Cuántas alternativas ha presentado el propietario de ese monte público para generar empleo sostenible en esa comarca? Durante 25 años ninguna", asegura. "Aznalcóllar necesita empleo, no minería", remacha.

La Junta acaba de aprobar la Autorización Ambiental Unificada para el nuevo proyecto minero en Aznalcóllar ¿Qué opinión les merece?

Son 271 páginas. Es compleja. Básicamente repite todo lo que ya decía el dictamen ambiental de noviembre y da respuestas a algunas de las alegaciones que hemos presentado. La mayoría de las veces tira balones fuera. No entra en el fondo de las alegaciones que hemos presentado en Ecologistas en Acción. 

¿Qué alegaciones esenciales no se han aceptado?

Hay una esencial. No han evaluado el impacto ambiental que se va a producir las aguas subterráneas, en el acuífero. Eso no lo han evaluado. Ellos dicen que sí. Y no es verdad. Tampoco han evaluado, en este caso adecuadamente, el impacto en la Red Natura 2000, en el estuario del Guadalquivir que va a producir el vertido de la tubería de 30 kilómetros. Ellos dicen que lo han evaluado, pero la realidad es que evalúan un trozo desde el vertido muy pequeño. 500 metros aguas abajo, 500 metros aguas arriba. Nosotros decimos que hay que evaluar el impacto completo en todo el estuario de Guadalquivir, desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, como han dicho los informes científicos que se han presentado recientemente.

Esos informes científicos afirman que el Guadalquivir está ya contaminado, por resumir, y que más vertidos conllevan riesgos ¿Es esta apuesta razonable para Ecologistas?

No. No es una apuesta razonable. Y sobre todo es una apuesta llena de falsedades y de mentiras. Nadie se cree que si el agua va a ser casi potable, como repiten y repiten, se haga una tubería de 30 kilómetros desde el [nuevo] recinto minero hasta el Guadalquivir.

Si el agua fuera casi potable, como ellos dicen, pues la aprovecharían. O se vertería en el Río Agrio, que está al lado, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no autorizó ese mismo vertido. O se vertería al embalse del Agrio, que está detrás. O se utilizaría para riego. O lo reutilizaría la propia mina.

El agua se tira el Guadalquivir porque el agua está contaminada con una carga muy fuerte de metales pesados. Es un vertido tóxico. Es un vertido que va a envenenar el estuario del Guadalquivir al completo.

La Autorización también establece una fianza, una garantía  económica, que el Gobierno andaluz dice que será de 60 millones de euros. A la vista de los antecedentes en la zona, donde se produjo en 1998 el desastre de Boliden, esto es suficiente a vuestro juicio?

Dicen que hay una fianza de 60 millones, pero en la autorización oficial no hay nada. Esa cantidad no está. Se dice que la minera ha presentado un escrito, en donde la empresa ofrece una garantía voluntaria, pero no se dice la cantidad. Y después hay unos puntos en los que se dice que se establece una garantía conforme al artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Ese artículo dice que las garantías máximas son de 20 millones de euros. Luego, una vez más, hay una falsedad. Nosotros no hemos encontrado la garantía de 60 millones en la autorización oficial que se nos ha trasladado como Ecologistas en Acción.

Ya estamos bastante cansados de que se manipulen las cifras como las manipuló también el consejero, cuando decía que iba a haber 15.000 controles de vertido durante el periodo preoperacional y es falso. No hay 15.000 controles. Hay 1.116 concretamente y de 1.116 a 15.000 hay mucha diferencia. Se están falseando muchas cantidades en muchos aspectos de este proyecto.

Con respecto a la pregunta de si esa cantidad los 60 millones esa cantidad cubre el posible riesgo. Bueno, todavía está reclamando la Junta de Andalucía 90 millones de euros a Boliden y no ha sido capaz de cobrarlos. Parece que 60 millones tampoco cubrirían un posible vertido masivo tóxico al Estuario del Guadalquivir.

¿Van a llevar esta autorización a los tribunales?

Sí. Nos parece imprescindible recurrirlo. Otra cosa es que los tribunales finalmente encuentren motivos suficientes como declarar la nulidad de esa autorización, pero a nosotros nos parece que hay motivos suficientes y nos parece, además, imprescindible. No tenemos más remedio que hacerlo para evitar que efectivamente se produzca esta barbarie.

Habla de barbarie. Pero, para Ecologistas ¿Cualquier proyecto minero es una barbarie o este en concreto es una barbarie?

Nada más que hay que remontarse a lo que sucedió en el año 98. En el 95 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, lo que ahora es la Autorización Ambiental, el equivalente. En el 95 ya se advirtió de lo que iba a pasar con la balsa de lodo, porque se sabía que estaba mal construida, que iba a provocar el desastre y sin embargo, la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no hicieron caso a las alegaciones de los grupos ecologistas entonces y pasó lo que pasó en el 98.

Ahora llevamos un montón de años diciendo que no se están teniendo en cuenta un montón de cosas y otra vez están ignorando todas esas advertencias. Y en este caso ignorando también las advertencias de investigadores técnicos y científicos de cuatro universidades de Andalucía, la de Sevilla, la de Cádiz, la de Huelva y la de Granada. Aquí hay una decisión política de abrir esa mina sí o sí, contamine lo que contamine y provoque lo que provoque. Y ya está.

Y con respecto al tema minero en general, la minería nunca es sostenible ni verde. Eso es mentira. Son conceptos inventados políticamente para darle un color a algo que no es verde ni sostenible. Podrá existir la discusión de si la minería es necesaria o no es necesaria y hasta qué punto es necesaria o no es necesaria. ¿Qué nivel de Minería hay que tener para qué nivel de consumo de qué minerales? Pero eso de verde y de sostenible simplemente es una falsedad, es mentira.

La minería consiste en meter las manos en la tierra, arrancar la tierra y sacar minerales y contaminar el agua fundamentalmente. Porque toda la minería contamina muchísimo las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Y eso ni es verde ni es sostenible. Otra cosa es que se considere que es imprescindible. Y entonces podremos hablar de medidas de mitigación, de medidas de control, todo lo que quieras, pero eso no es verde ni sostenible. Eso es otra cosa.

¿Y esta mina no es imprescindible entonces? 

No es imprescindible en absoluto. No lo ha sido en los últimos 25 años ¿Por qué va a serlo ahora?

En la zona, sin embargo, existe un amplio apoyo social a la minería. El alcalde de Aznalcóllar, que es un firme defensor, es elegido una y otra vez. ¿Qué alternativa económica tenéis vosotros para para la zona?

Lo que hay es un clamor, entendemos nosotros, que masivo en la comarca de Aznalcóllar por el empleo, no por la minería. Lo que pasa es que se han encargado muchos sectores, tanto económicos como políticos, de meterle en la cabeza a esa sociedad que la única posibilidad es la minería, pero lo que se necesita en la comarca de Aznalcóllar para mejorar las condiciones de vida es empleo, no minería.

Entonces, ¿qué alternativa? Lo primero, no somos los grupos ecologistas los que tenemos la obligación de presentar alternativa. Que quede muy claro eso. Los grupos ecologistas lo que tenemos es la obligación de preservar el medio ambiente y de luchar por la preservación del medio ambiente. ¿Que también podemos presentarnos alternativas? También, pero no es nuestra obligación. La obligación es de las administraciones.

25 años ha tenido la administración andaluza para presentar alternativas. 10.000 hectáreas de monte público propiedad de la Junta de Andalucía tiene el término municipal de Aznalcóllar. ¿Cuántas alternativas ha presentado el propietario de ese monte público que es la Junta de Andalucía para generar empleo sostenible en esa comarca? Durante 25 años ninguna. No se plantea un uso sostenible, y ahí sí se puede hablar de la palabra sostenible, porque estamos hablando de monte público, propiedad pública.

Y por supuesto está la gestión, el mantenimiento de los pasivos ambientales. Eso es todo lo que ha dejado Boliden ahí tirado. Las dos cortas mineras, que son los boquetes, digamos, y todas las escombreras. Esa tierra que se ha sacado ahí se ha depositado en escombreras alrededor. Aquello está lleno de escombreras. Hay mucho metal en las escombreras y, cuando llueve, ese metal contamina las aguas básicamente.

Ahí sí que nosotros admitimos que hay un problema: una instalación minera abandonada desde el año 2001, que genera potencialmente impactos ambientales, escorrentías etcétera, etcétera. Igual que desde el año 2001 hasta el 2014 estuvo la Junta de Andalucía, a través de la empresa Egmasa, manteniendo ese recinto y recolocando ahí a los mineros que Boliden se quitó de en medio, se tenía que haber planteado ahora una gestión pública del recinto minero, que generara algún tipo de rendimiento económico, que sirviera para mantener esos puestos de trabajo, pero no con un criterio de beneficio económico de una empresa.

Hay un concepto que también es importante. Igual que se gasta en educación y se gasta en salud y decimos que eso no es un gasto, sino una inversión, pues en medio ambiente lo mismo. Tenemos que pensar ya en esa gestión medioambiental. Hay cuestiones que son de gestión medioambiental que cuestan dinero y que se tienen que costear con dinero público. ¿Qué es lo que ha preferido en este caso la Administración? Derivar esa gestión medioambiental a una empresa minera, que supuestamente va también a gestionar los pasivos ambientales.

¿Cuáles serían las consecuencias de la apertura de la mina a vuestro juicio si se cumplieran las previsiones de la Autorización Ambiental? ¿Qué consecuencias ambientales tendría la apertura de la mina en el entendido de que funcione con total normalidad?

En el entendido imposible, inverosímil, de que se cumplan todas las condiciones que están puestas en los 271 folios de la autorización ambiental, que no se van a cumplir, porque nunca se han cumplido... En ese supuesto, por ejemplo, limitándonos solo al vertido al Guadalquivir, de que se cumplieran con todos los límites y con todas las cautelas que se han puesto, se van a añadir decenas de miles de kilos de metales pesados, de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc al Estuario del Guadalquivir. Esto cumpliendo con la autorización que se ha dado, no incumpliendo.

Todos esos metales van a estar deambulando por el Estuario del Guadalquivir durante bastante tiempo, se van a depositar en el lecho y van a contaminar permanentemente todo lo que vive del estuario del Guadalquivir: las explotaciónes agrícolas y ganaderas que beben del Guadalquivir; los arroceros; los pescadores de Sanlúcar de Barrameda, tanto acuicultura como pesca tradicional y la captura de marisco… Todo eso se va a perjudicar.

Y [también habrá] un daño muy importante en el propio recinto minero. El daño que se va a producir en las aguas subterráneas, ese no es un daño que digamos los ecologistas que se va a producir, ese es tan real que se ha declarado la excepción del artículo 4.7 de la Directiva Marco de Agua, que te permite incumplir los objetivos medioambientales de esas aguas subterráneas, porque se supone que el proyecto es un proyecto de interés público superior.

Hay que tener en cuenta que esas aguas subterráneas son las reservas de consumo para Sevilla capital en época de sequía. Es decir, se ha declarado que el interés público es superior para abrir esa mina respecto a la posibilidad de que en algún momento de sequía extrema los habitantes de Sevilla no tengan agua para beber.

¿Los municipios por los que pasa la tubería y los ayuntamientos del Guadalquivir no tienen nada que decir ante este proyecto?

Hasta ahora solo se ha pronunciado el Ayuntamiento de Coria del Río, que es un ayuntamiento ribereño, donde hay bastante gente que viven de la pesca tradicional. Y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, también. 

Sobre la tubería. Hoy en día la construcción de una tubería de esas dimensiones  tampoco es que tenga un impacto ambiental importante. Eso se hace la zanja, metes la tubería y luego prácticamente durante años no se nota que está ahí. No es el impacto que a nosotros nos preocupa. Sin embargo, en el estudio impacto ambiental le dedicaron cientos y cientos y cientos de folios a ese recorrido y después le dedicaron muy poquito, pero muy poquito a lo que es lo verdaderamente importante, que es el impacto del vertido.

¿La zona se ha recuperado del desastre de 1998?

Sí, básicamente sí. La actuación que se ha hecho durante muchos años en el Corredor Verde es una actuación moderadamente satisfactoria. Nosotros desde Ecologistas, siempre hemos hecho una valoración positiva. No era fácil, era complicado y se hizo. Es verdad que todavía quedan en algunos sitios zonas todavía contaminadas con restos de que el vertido y algunos aspectos de la gestión del Corredor Verde es mejorable. Ahora sí que hay un poquito de abandono, en algunas zonas del Corredor Verde después de tantos años, porque, en fin, consideran que ya han gastado mucho dinero en recuperar la cuenca. La recuperación es mejorable pero pero moderadamente satisfactorio.

Hay además un juicio penal pendiente aún por la adjudicación, que no se ha resuelto.

El año que viene va a haber un juicio con 40 sesiones, un juicio penal por cinco delitos: 14 funcionarios y dos empresarios que participaron en la adjudicación de los derechos mineros. Estamos viendo que se está tramitando ya la autorización a una empresa mientras todavía está por dilucidarse judicialmente si obtuvo o no obtuvo los permisos mediante técnicas de corrupción. Eso no se ha decidido.

Lo lógico hubiera sido esperar antes de dar estas autorizaciones. Si esta autorización se da y la empresa hace todas las inversiones y finalmente en ese juicio se decide que esa empresa no es la que tenía que tener los derechos mineros ¿Ahora qué pasa? Nos encontramos una situación con una empresa que va a exigir indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, por inversiones que ha hecho en base a autorizaciones que finalmente no sean legales. Un lío morrocotudo.

Es mucho más razonable que si han tardado 10 años en dar las autorizaciones se esperaran un año más o año y medio o dos años a que se resolviera esa cuestión judicial. Oye, que finalmente si esa cuestión judicial se resuelve con una absolución y resulta que las autorizaciones se dieron correctamente, pues no pasa nada por hacer ejecutar el proyecto dos años después.

Además, está el currículum de Grupo México tanto del punto de vista ambiental como del punto de vista laboral. Vertido del Río Sonora en México, hubo un vertido brutal, envenenó el río. Y desde el punto de vista laboral que se lo hemos dicho y se lo hemos trasladado tal cual al alcalde de Aznalcóllar como sindicalista que es, que lo ha sido siempre. Hay 65 mineros muertos en una mina en México. ¿Qué confianza da ese tipo de empresa? Es la primera actuación que va a tener en Europa.