La investigación abierta por Jacobo Pin, titular del Juzgado Penal número 4 de Castelló, parece destinada a remover hasta el fondo la densa red de complicidades, amistades y negocios que dominan la vida económica de la provincia. La causa se inició en 2017 para buscar los 900.000 euros que el expresidente de la Diputació de Castelló por el PP, Carlos Fabra, habría escondido a Hacienda para evitar la ejecución de la sentencia del llamado caso Naranjax, por la que el político acabó en la cárcel por cuatro delitos fiscales. 

Pin –que fue el juez que consiguió acabar la instrucción contra Fabra después de casi una década de dilaciones e incluso un archivo por prescripción- inició esta nueva investigación a petición de la Fiscalía, tras detectar la posible comisión de delitos como la frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Según las sospechas de los fiscales diversos empresarios de la zona, algunos con un amplio historial de concesiones y contratos con la administración durante los 16 años que Fabra presidió la Diputació y controló la provincia, habrían concedido préstamos personales a Fabra que después habrían renunciado a cobrar.

Entre las más de veinte personas –físicas y jurídicas- investigadas, según el sumario judicial revelado por El Español hay nombres importantes de la vida económica castellonense, como Fernando Roig, presidente del Villareal CF y de la cerámica Pamesa; Enrique Gimeno, del Grupo Gimeno que, entre otros negocios, controla el agua en Castelló; Pedro Gimeno, beneficiado en algunos de los grandes proyectos de Fabra, como el Aeropuero de Castelló o el parque temático Mundo Ilusión, o Vicente Latorre, antiguo gestor del vertedero de Alcora, investigado por delitos ambientales. En la larga lista también hay, según una investigación del semanario El Temps, diferentes nombres de la política local, como Vicente Vilar, exalcalde de Almassora, fallecido en 2013, o la suegra de la mano derecha de Fabra en la Diputació, Francisco Martínez Capdevila.

Todos ellos habrían prestado a Fabra diferentes cantidades, que irían desde los 300.000 euros de Roig, hasta los 60.000 de pedro Gimeno o los 30.000 de Vilar. Según el juez, Fabra habría contado con unos ingresos de 19.000 euros mensuales durante un tiempo que alegaba dificultades económicas para no liquidar sus deudas con Hacienda.

Una trama de un siglo

Lo que quizás no contempla la investigación judicial es que la relación de Fabra con algunos de los investigados no se remonta a los tiempos en que este presidía la Diputació, sino que van mucho más allá, en algunos casos incluso antes del nacimiento de los mismos afectados.

Hay que tener en cuenta que la familia Fabra ha dominado la vida política de Castelló –con solo breves paréntesis- desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando durante las guerras carlistas, Victorino Fabra Gil, alias el agüelo pantorrilles –por los pantalones cortos que vestía- se hizo con el control de la provincia. Victorino era tío del bisabuelo de Carlos Fabra, quien a su vez fue hijo y nieto de presidentes provinciales.

Pero Fabra no es un caso único y en algunos de sus financiadores se pueden reseguir estirpes similares. El ejemplo más evidente es el de Enrique Gimeno Escrig, descendiente de Enrique Gimeno Tomás, dueño de la empresa FACSA que mantiene la concesión del agua de Castelló desde 1873 o fundador de Gimeno Marítimo, una empresa logística de exportación del Puerto de Castellón desde 1902. Gimeno Escrig es autor confeso de dos delitos electorales –llego a un pacto con la Fiscalía- relacionados con la financiación ilegal del PP destapado con la Gürtel y aún controla uno de los mayores grupos empresariales del norte del País Valencià, con ramificaciones en la hostelería, la construcción, la limpieza o la actividad portuaria.

Entre las familias de bien de la provincia se van repitiendo apellidos como Gimeno, Tomás, Latorre, Vilar o Capdevila, la mayoría de los cuales empezaron sus fortunas con la exportación de naranjas en los dorados años 20 del siglo pasado. "Si estudias la oligarquía local de Castelló te das cuenta que tienen un comportamiento de clase, no solo se ayudan en los negocios o en la política, sino que se van casando y emparentando unos con otros", explica el historiador Andreu Ginés, autor de una tesis sobre como la implantación del franquismo en el País Valencià descanso en estos linajes económicamente potentes.

¿Fin del monopolio?

Fernando Navar, concejal de Podem en el ayuntamiento de Castelló se muestra optimista con la investigación empezada por el juez Pin: "Con la pérdida de la primera línea de representación política han perdido mucha capacidad de influencia en las investigaciones judiciales y su régimen se está desmoronando". Para Navar, pero, sigue siendo muy importante llegar hasta el final para desmontar "las redes clientelares y el monopolio de sectores estratégicos que aún mantiene esta estructura caciquil, construida a partir de su relación con las instituciones y alterando los mecanismos del libre mercado".