En 1982 en Santa Coloma de Gramenet se vivía una ofensiva para cambiar el modelo lingüístico en la escuela. Al contrario de lo que sucede ahora , la movilización no la impulsaban partidos políticos y determinados medios, sino la ciudadanía. Y reclamaba que el catalán se convirtiera en la lengua vehicular de la enseñanza, un hecho que ya se daba a numerosos centros concertados y privados, pero no en las escuelas públicas. Madres y padres de la ciudad del Barcelonès norte recogieron firmas, se manifestaron y contaron con el apoyo del entonces alcalde del municipio, Luis Hernández (PSUC), conocido como el cuidado rojo . En un entorno de abrumadora mayoría castellanohablante, querían que sus hijos estudiaran en catalán. Llegaron a reunirse con Jordi Pujol , que vivía sus primeros años como presidente de la Generalitat. Y lo consiguieron.

Las clases comenzaron el mismo 1982 en un emplazamiento provisional, y después de pasar por la torre modernista de Can Roig i Torres, que actualmente acoge una escuela de música, la escuela se estableció en una antigua fábrica de piel situada entre los barrios de Fondo y Centro. Nacía la escuela Rosselló-Pòrcel, el primer centro público que implantaba el modelo de inmersión lingüística. La Ley de normalización lingüística, aprobada en abril de 1983 en el Parlamento con un enorme consenso político -hacia voto en contra y una abstención-, pondría las bases del actual modelo educativo catalán y en los años posteriores la inmersión se extendería a todos los centros de enseñanza del Principado.

Montse Giral fue una de las maestras que vivió desde el inicio aquella experiencia pionera. Venía de dar clases en la escuela Pegaso, en Barcelona, en un centro donde la enseñanza era bilingüe. Giral comparte con Público algunos recuerdos de aquella etapa: "La escuela tuvo una aceptación impresionante. Había tanta gente que quería hacer clases en catalán que no teníamos lugar para todos. Pero más allá de la lengua también queríamos que fuera una escuela activa, cualitativamente muy competente y avanzada pedagógicamente. Logramos que tuviera muy buena prensa ". No esconde que inicialmente hubo" alguna resistencia "por parte de un profesorado que en muchos casos tampoco estaba formado para hacer las clases en catalán -la Generalitat ofrecería una formación específica para los docentes adquirieran el nivel para hacerlo-.

"Vivimos un período de transición y esto no es fácil. En cierto modo éramos como un laboratorio para ver cómo funcionaba el modelo de inmersión, pero hicimos muchos esfuerzos para que funcionara y fue muy bien", recuerda. Para Giral, todo fue una "gran experiencia" y subraya que fue capital la implicación de las madres y padres, que "se pusieron totalmente de cara con el proyecto" y tenían un "papel activo", hasta el punto que cada semana alguno de ellos se encargaba de impartir una especie de taller en el aula y se obligaban a hablar en catalán. "Fue muy importante que la demanda de la inmersión lingüística en catalán fuera una demanda que saliera desde abajo, desde los mismos padres y madres, Y no que se impusiera. Todo el mundo tenía claro que era básico conocer las dos lenguas y con los años se ha visto que es un modelo de éxito, que funciona", reivindica Giral, que se jubiló en 2009, después de 27 años trabajando en la escuela Rosselló-Pòrcel.

La docente reconoce que vive "mal" el actual cuestionamiento de ciertos sectores políticos de la inmersión, al considerar que son un "ataque a la posibilidad de crecer como persona" y responden a una "voluntad de destruir algo que hemos construido entre muchos y no podemos romper". "Es una barbaridad porque el actual modelo es un tesoro que tenemos y es evidente que ha cohesionado la sociedad. Todo el mundo que pasa por la escuela catalana acaba conociendo, como mínimo, el catalán y el castellano, venga de donde venga", destaca. Para Giral, lo que se busca con los actuales ataques al sistema "es intentar crear un conflicto que no existe". De hecho, recuerda que mientras las clases en la escuela fueron siempre en catalán, en el patio del idioma dominante era el castellano. Y, obviamente, la situación nunca generó ningún conflicto.

Los movimientos del gobierno español contra el modelo

Hace unos días el ministro de Enseñanza, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que el Gobierno pretendía aprovechar la aplicación del artículo 155 para torpedear uno de los rasgos distintivos del actual modelo de escuela catalana. El ministro afirmó que en sus funciones como consejero de Enseñanza, cargo que ostenta a raíz de la intervención de la Generalitat, haría los cambios necesarios en las preinscripciones escolares para que padres y madres puedan elegir centros que tengan el castellano como lengua vehicular. Posteriormente, en una sesión de control en el Congreso admitió que el Gobierno "no tiene potestad" para modificar el modelo educativo en ninguna "comunidad autónoma". Ahora bien, el ministro no esconde la pretensión de ampliar a un 25% las clases que se hacen en castellano, una posibilidad que ya se da actualmente en aquellos casos en que las familias lo han exigido a los tribunales. En total, son una docena de escuelas las que se han visto forzadas a aplicarlo.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional dio la razón hace unos días en el recurso de la Generalitat y declaró "inconstitucionales y nulos" tres párrafos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMQE), justamente los que obligaban a la Generalitat a proporcionar enseñanza en castellano en proporción "razonable" a las familias que lo exigieran. La también conocida como Ley Wert-en referencia al ministro que la impulsarlo también estipulaba que si la Generalitat no proporcionaba esta oferta educativa, el Estado estaba autorizado a descontar al gobierno catalán el importe de la escolarización en castellano en centros privados de los hijos de las familias que lo hubieran exigido.

Ahora bien, más de cuatro años después de la aprobación de la LOMQE, a la Generalitat no se le ha supuesto ni un solo euro por esta razón, según informó eldiario.es. En este periodo, sólo se han registrado 154 solicitudes de familias que pedían que se les abonara la matrícula en un centro privado al no poder escolarizar a sus hijos en castellano, de las que se estimaron 50. Pero, finalmente , la Generalitat, que recorrió la normativa desde el inicio, no ha asumido ningún coste.

El entorno de Ciudadanos contra la inmersión

Los intentos para liquidar el modelo de inmersión lingüística se han intensificado en los últimos años, sobre todo por la creciente competición entre PP y Ciudadanos para implantar una España uniforme. Ahora bien, desde que la Generalitat recuperó la autonomía ha habido movimientos contrarios a que el catalán se convirtiera en la única lengua vehicular en la escuela. El primero traducirse en 1981 en el llamado Manifiesto por la igualdad de los Derechos lingüísticos, también conocido como Manifiesto de los 2.300, por su número de firmantes. Entre sus impulsores estaba Federico Jiménez Losantos, Entonces profesor de secundaria y que posteriormente se convirtió predicador matinal de la cadena Cope y, actualmente, de esRadio. Quince años más tarde se presentó en Barcelona el Foro Babel, que defendía un modelo de enseñanza en el que tanto el castellano como el catalán fueran lenguas vehiculares. En Babel había algunos de los futuros impulsores de Ciudadanos, como Francesc de Carreras, Albert Boadella, Félix de Azúa, Teresa Giménez Barbat o Ivan Tubau, además de Antonio Robles, diputado en el Parlamento de la formación entre 2006 y 2010, y Javier Nart, actualmente eurodiputado del partido naranja.

Durante años, y con un discurso mucho más agresivo, el activismo contra la inmersión en catalán lo encabezó Convivencia Cívica Catalana (CCC), una entidad liderada primero por lo que fue presidente del PP de Catalunya Alejo Vidal-Quadras y, posteriormente, por Francisco Caja. En la etapa inicial de CCC, creada en 1998, también había José Domingo, otro futuro diputado de Ciudadanos durante la primera legislatura que el partido tuvo presencia en el Parlamento. De hecho, el embrión del partido, nacido en 2005, es un manifiesto firmado por muchas de las personas que en los años previos se habían movido en las esferas de este nacionalismo español contrario al predominio del catalán en la escuela. Y desde el primer momento, Albert Rivera.

Más allá del papel activo de PP y Ciudadanos, los últimos años también han tenido un papel activo contra la inmersión entidades como Sociedad Civil Catalana (SCC), la plataforma que ha convocado las movilizaciones más masivas del españolismo contra la independencia de Catalunya. A SCC vuelve a aparecer el nombre de José Domingo, que actualmente es vocal y previamente había sido vicepresidente. También es miembro de SCC Ana Losada, Que a la vez preside la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que obviamente también rechaza el actual modelo de escuela catalana. Entre el núcleo fundador de la AEB, constituida en 2013, también estaba José Domingo. Aparte de defender un modelo con una mayor presencia del castellano en los centros docentes, estos movimientos se han sumado a la línea argumental de Ciudadanos y PP para denunciar el "adoctrinamiento" en las escuelas catalanas.