El consenso ha irrumpido, de forma casi estrepitosa, este miércoles en el Congreso más polarizado y crispado de los últimos tiempos durante el debate sobre el decreto que contiene el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Cámara Baja ha convalidado la medida sin ningún voto en contra, como habían anunciado los partidos durante el debate; el decreto se tramitará como proyecto de ley.

La medida ha salido adelante con el apoyo expreso de todas las formaciones de la Cámara, a excepción de Vox, que se ha abstenido. Los encargados de defender la reforma en el hemiciclo han sido el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Los intervinientes del Ejecutivo han decidido repartirse el tiempo, ya que ambos han trabajado en el desarollo del decreto y poque el ingreso mínimo, según ha expresado el propio Iglesias, "es un éxito de la sociedad civil organizada, ni mío, ni de Escrivá, ni del Gobierno de coalición".

Ha sido precisamente el vicepresidente segundo el encargado de abrir el debate de convalidación del decreto, una medida que ha calificado como "el mayor avance en derechos sociales en nuestro país desde la aprobación de la ley de dependencia de 2006". Tanto Iglesias como Escrivá han defendido la "eficacia" del ingreso mínimo en base a dos ejes: su objetivo de evitar la exclusión social y las situaciones de pobreza extrema, y su capacidad para redistribuir la riqueza y paliar la desigualdad.

"La medida que defendemos hoy quizá sea la que tiene mayor capacidad redistributiva de las que hemos aprobado en los últimos años. No es solo una medida de justicia social imprescindible para la recuperación económica; el dinero que se dará a estos compatriotas no va a ir a un paraíso fiscal, va a ir al consumo y va a ayudar a facturar a pymes y autónomos", ha defendido.

Para Iglesias, el Ingreso Mínimo Vital "asume que es una obligación del Gobierno combatir la pobreza, una obligación que no puede eludir". "Medidas como esta son la mejor vacuna contra el discurso del odio del penúltimo contra el último de la sociedad".

Escrivá se ha centrado en desgranar los aspectos más técnicos de la medida. La mayoría de los portavoces de los grupos han felicitado al ministro de Seguridad Social por mantenerlos informados del desarrollo del decreto. "El IMV se basa en dos elementos: es una prestación de gran potencia redistributiva para combatir las formas más extremas de pobreza, a la vez que un conjunto de políticas para que los más vulnerables transiten desde la exclusión y la falta de oportunidades hacia la participación en la sociedad. Es, a la vez, una herramienta en la lucha contra la pobreza y una palanca para la inclusión social".

De la "paguita" al recurso del "efecto llamada"

El ministro ha zanjado su intervención agradeciendo el consenso a la Cámara y animando a los grupos a seguir "implicándose" en el desarrollo de la medida: "He encontrado en todos ustedes un firme espíritu y deseo de adaptar las políticas públicas a nuestro tiempo. La norma es hoy mucho mejor y es más de todos. La opinión pública merece saber que los representantes políticos somos capaces de dialogar y de construir. No solo les pido que voten a favor de ella, sino que se impliquen en su despliegue a partir de mañana. Seguiremos contando con ustedes".

El consenso y el tono empleado este miércoles difiere bastante del utilizado en las últimas semanas y meses, sobre todo por parte de la ultraderecha. Tras dar la batalla durante todo este tiempo en contra del ingreso mínimo, Vox ha cambiado su discurso y ha continuado con una postura crítica, pero en distintos términos y con un tono menos bronco. Si tras su anuncio se refirieron a la prestación como "paguita" y alertaron sobre el peligro de "subsidiar" a costa de "desincentivar" la búsqueda de trabajo, los de Santiago Abascal han pasado a defender su implantación, pero de forma "temporal" y con otro ejes críticos: la supuesta falta de ingresos para financiar el IMV y la inmigración irregular

La diputada de la formación María de la Cabeza ha defendido que el decreto "pone en riesgo de muerte nuestro sistema de protección, un sistema que ya estaba quebrado por el incremento del gasto de jubilación". Además, ha advertido de que "en los términos planteados" provocará "un tremendo efecto llamada" a la inmigración. "Es imposible que podamos hacer frente a todas las solicitudes que van a llegar. Esto en estas condiciones va a traer ruina económica y moral a nuestro país. Prefieren ofrecer una paga sin honor en vez de un trabajo digno", ha zanjado la diputada.