Iglesias pide "suprimir" el delito de enaltecimiento del terrorismo para que no se juzgue a más tuiteros

Unidos Podemos ha dado el primer paso para actuar contra los artículos del Código Penal, que, a su entender, atentan contra la libertad de expresión. El grupo parlamentario ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) que insta al Gobierno a "suprimir" en el plazo de un mes el artículo 578, sobre enaltecimiento del terrorismo, para evitar que se siga utilizando para juzgar a tuiteros y otros usarios de redes sociales por el mero hecho de transmitir sus opiniones, aunque sean "de mal gusto u ofensivas". 

El líder del partido, Pablo Iglesias, afirmaba este lunes que considera "una vergüenza y una tomadura de pelo" la impunidad de la que gozan "los responsables de la corrupción", mientras hay personas que pueden "ir a la cárcel" o ser inhabilitados "por un tuit", y abogaba por un país "en el siglo XXI, que no retroceda al siglo XX". "Hoy la Audiencia Nacional está juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA llevaba a cabo atentados terroristas", apostillaba. 

"Lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter", reza el texto

Acompañado del humorista Facu Díaz y de la tuitera Cassandra Vera, estudiante de Historia para la que la Fiscalía pide un año de cárcel por sus tuits sobre el atentado contra Carrero Blanco, Iglesias ha registrado este lunes en la Cámara Baja esta PNL,que presentan ante la Comisión de Justicia, y no ante el Pleno. La iniciativa insta al Gobierno a "revisar inmediatamente los delitos relativos a las injurias y calumnias" y sus tipos cualificados, así como otras disposiciones jurídicas que puedan "limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión". 

En la exposición de motivos la PNL detalla que la reforma del Código Penal ejecutada por el Gobierno del PP en 2015  motivó que el texto actual evidencie "una falta de concreción que está llevando últimamente a que la Audiencia Nacional juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por manifestaciones que se engloban en el denominado humor negro". Según el texto, estas manifestaciones "pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas", pero "no pueden tildarse de acto terrorista".

El escrito detalla que el ordenamiento jurídico español "ya contaba con instrumentos suficientes para perseguir la injuria, la amenaza o la calumnia", por lo que no sería necesario establecer tipos delictivos adicionales. Por otra parte, Unidos Podemos afirma que el hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta -"Lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter"-, y critica que estos comentarios puedan ser utilizados para justificar el recurso al derecho penal. "En el orden civil no se contemplan las mismas medidas coercitivas que en el penal y, lo que es más importante, una demanda civil solo se activa a iniciativa del afectado. En dicho orden no caben acusaciones populares y la Fiscalía interviene más limitadamente que en un proceso penal", apostilla el escrito.

"El delito de apología ya estaba introducido en nuestro Código Penal, más o menos evolucionado, desde que se incorporó en el siglo XIX. Este delito hoy en día tiene que ver con la provocación directa mediante la difusión de ideas favorables al delito, de forma que cree adeptos y anime directamente a la comisión del mismo. Castiga el 'elogio prospectivo y generador de conductas futuras', con lo que ya incluye el desvalor hacia las victimas", insisten desde el partido.

Díaz: "El Humor debería estar exento de este tipo de procedimientos"

El texto de la PNL recuerda los procesos judiciales en los que se han visto inmersos el cantante del grupo de rap metal Def con Dos, Cesar Strawberry, por enviar varios tuits, los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García o el caso de la propia Vera. El humorista Díaz recuerda que la joven se enfrenta a una petición de prisión y otra de inhabilitación de siete años por sus tuits sobre la muerte de Carrero Blanco, "algo que para alguien que estudia Historia para ser profesora en el futuro parece mucho"; "Es un drama y nos deja a todos helados", apostilla. 

Este lunes, Díaz tildaba la situación de "preocupante", y lamentaba que se destinen recursos públicos para que el Gobierno persiga "a gente que bromea en Twitter". "El humor debería estar exento de este tipo de procedimientos", apostillaba.

La Justicia archivó en julio de 2016 la causa contra el presentador de No te metas en política  a raíz de un tuit de humor negro publicado en 2013. Hasta la fecha el humorista ha sido imputado o ha tenido que declarar ante un juez o ante la Policía por mensajes en las redes sociales o por un distintos vídeos de sátira política al menos en tres ocasiones, y hasta hoy todas las causas abiertas contra él han sido archivadas.