El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y la eurodiputada Irene Montero, así como miembros de Podemos y de Sumar, han criticado este lunes que el acoso contra ellos a puertas de su domicilio en Galapagar (Madrid) por parte de un "ultraderechista" quede impune judicialmente después de que una jueza haya absuelto al acusado.

En su cuenta de Twitter, Iglesias y Montero han sido los primeros dirigentes de la izquierda en hacerse eco de la información sobre la sentencia que absuelve a Miguel Ángel F., que acudió en 2020 diariamente a las puertas del domicilio de ambos hasta que un juzgado dictó una orden de alejamiento.

"¿Recuerdan a Miguel Frontera? Es el ultra que acosó a mi familia durante casi un año. La Fiscalía pedía 12 meses de prisión por descubrimiento y revelación de secretos y dos años de prisión por injurias y calumnias. La jueza Belén Pérez Fuentes le ha absuelto", ha escrito Iglesias, mientras que Montero ha zanjado: "es insoportable tanta impunidad".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha indicado en la misma red que hay "impunidad para los de siempre" frente a un "ultraderechista" que acosó a Iglesias y a Montero "en la casa en la que vivían con sus hijos pequeños". "Se entiende ahora porqué se reparten los jueces", ha añadido.

El exportavoz parlamentario de Podemos Pablo Echenique ha afirmado: "Los medios señalan, los neonazis acosan y los jueces absuelven. Todo atado y bien atado". Se han pronunciado también exdirigentes como el exdiputado Juan López Uralde, que ha denunciado "la impunidad de la extrema derecha como norma" y ha lamentado que la jueza Belén Pérez Fuentes absuelva "al ultra".

En la cuenta de Sumar, se ha apuntado que este tipo de acoso "no puede quedar impune" y han apelado a unas "normas mínimas de convivencia democrática", al tiempo que se ha trasladado a Iglesias y Montero apoyo ante una sentencia que ven "injusta".

En la sentencia, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto al acusado de los delitos de injurias, injurias graves a las instituciones del Estado, coacciones y revelación de secretos.

El único hecho que la jueza considera punible es que el acusado portase una pancarta en el que denigraba a la entonces ministra de Igualdad tildándola de "analfabeta" y añadiendo que su único mérito era "tener las rodilleras gastadas", pero no lo condena por considerarlo prescrito.