Una jueza de Madrid ha absuelto de todos los delitos al hombre que fue juzgado por acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero en su vivienda de Galapagar, en Madrid, durante el año 2020. El acosador iba diariamente a las puertas de la vivienda a propinar insultos a la pareja de políticos hasta que otro juzgado dictó una orden de alejamiento.

En una sentencia, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Ángel F. de los delitos de injurias, injurias graves a las instituciones del Estado, coacciones y revelación de secretos.

Lo único que la jueza considera punible es que el acusado portase una pancarta en la que denigraba a la entonces ministra de Igualdad tildándola de "analfabeta" y añadiendo que su único mérito era "tener las rodilleras gastadas". A pesar de ser visto como un comentario "altamente injurioso", "claramente vejatorio" y que "atenta contra la dignidad" de Montero, el delito de injurias prescribe al año, por lo que el hombre no puede ser juzgado por este motivo.

Del resto de las acusaciones, incluida la grabación y difusión de un vídeo en el que se veía parte de la vivienda, la magistrada no aprecia que se haya cometido delito dado que los hechos eran de naturaleza política. "Se trataban de concentraciones molestas, reiteradas y ruidosas, pero políticas", señala la sentencia, contra la que cabe recurso, y que enmarca los hechos en un escrache.

La jueza considera probado que el acusado acudía a las puertas de la casa de ambos con altavoces en los que reproducía el himno nacional y profería gritos contra el entonces vicepresidente, tales como "chepas", "garrapata" y "no vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela". En una ocasión, el hombre exhibió una pancarta con el lema "Pablo Iglesias, hijo de terrorista", con gran repercusión en redes, además de la ya mencionada contra Montero.

El acusado no inició las protestas

La absolución, según la sentencia, se justifica en que el acusado no inició las protestas, sino que se sumó a las ya convocadas, donde "otro grupo de personas partidarios" de Iglesias y Montero lanzaban proclamas con un volumen similar. Afirma que, después la medida cautelar que le prohibió acercarse al domicilio, las protestas continuaron y también "las molestias" que generaban que, dice, "también procedían del grupo de simpatizantes con la gestión del Gobierno".

La magistrada no ve acreditado que el acusado fuese "instigador" de las protestas ni que Iglesias y Montero tuviesen que realizar cambios en su vida laboral, como ellos mismos declararon. Según ella, esto se fundamenta en que un policía que ejercía de escolta dijo que Iglesias "nunca tuvo incidente" con el acusado.

La jueza admite que "un ruido constante con megafonía es altamente molesto y no está justificado de forma alguna" y "altera la vida familiar y personal de cualquier persona", pero insiste en que ya existía antes de que el acusado llegase a las concentraciones y que no procedía solo de su grupo. Además, añade, no se pueden desligar las protestas de su contexto: "Decisiones del Gobierno que afectaron a toda la ciudadanía y por las que se recluyó en sus casas a la mayor parte de la población".

Respecto a la alegación de Iglesias y Montero del "miedo" que llegaron a pasar, la jueza dice que "consta acreditado" que el acusado "jamás se acercó" a ellos y que solo les vio en el cumpleaños del exvicepresidente, cuando, según este, le llamó "hijo de puta".