No van bien las negociaciones para la reforma del sistema de pensiones. Los sindicatos llevan varias semanas armándose de paciencia porque no hay avances ni por las líneas que plantean los representantes de los trabajadores, ni por los objetivos marcados en las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por en el Congreso.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lanzan globos sondas o propuestas que no se corresponden con las medidas apuntadas en los acuerdos parlamentarios, como recientemente fue el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones a 35 años.

Pero, además, hay sospechas de que a Bruselas se le ha presentado una reforma del sistema de pensiones que nada tiene que ver con las recomendaciones parlamentarias, y que es ahora la que se quiere imponer en las negociaciones con los agentes sociales.

Según denunció este jueves UGT, lo último es que Escrivá quiere posponer hasta 2022 los recortes de hasta el 40% en carreras de cotización con 40 años, cuando era un compromiso que debía estar ya en estudio para su entrada en vigor, según se acordó en el Parlamento.

El uso abusivo de las penalizaciones por jubilación anticipada fueron ya un elemento de disputa en el Pacto de Toledo; tanto que fue una de las principales diferencias que alejaron durante algún tiempo a las dos formaciones que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, del acuerdo. Uno de los principales objetivos de Escrivá, que finalmente recogió el documento acordado en la Comisión parlamentaria, era el de acercar la edad legal de jubilación a la edad efectiva para evitar la salida anticipada de las personas del mercado de trabajo.

Sin embargo, en el seno del Pacto de Toledo, tanto desde algunas formaciones (entre las que se encontraba Unidas Podemos), como desde los sindicatos se advirtió al ministro de Inclusión y Seguridad Social que penalizar las jubilaciones anticipadas podría provocar que se cometieran injusticias si no se atendía a la realidad concreta de algunas personas. En concreto, aquellas con largas carreras laborales que en la crisis financiera de 2008 se quedaron sin trabajo cuando apenas les faltaban unos años para jubilarse y, ante la falta de empleo y las dificultades de contratación a su edad, optaron por la jubilación anticipada.

La recomendación 12 del Pacto de Toledo

La solución para llegar al acuerdo fue la siguiente: las recomendaciones recogieron la petición del ministro de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, pero el Gobierno se comprometió a estudiar aquellos casos de jubilaciones anticipadas forzadas por situaciones económicas precarias y a dar una solución en el plazo de tres meses desde la aprobación del acuerdo (noviembre de 2020).

En concreto, la recomendación 12 del documento establece que "la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma -voluntaria o forzada por las circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación".

"A la vista de dicho análisis –una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo- el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de tres meses, a la Comisión del Pacto de Toledo", concluye el acuerdo parlamentario.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrena, denunció que no se puede esperar a 2022 e instó al ministro a que "rectifique ya" y cambie la ley de manera urgente como se dijo en las recomendaciones del Pacto de Toledo, "que establecía un pacto de tres meses para hacer un estudio del daño causado a los pensionistas. Y, ahora, plantea dejarlo para el 2022", afirmó.

Fuentes sindicales no descartan movilizaciones si continúan sin avances o, incluso, con retrocesos, las negociaciones para la reforma del sistema público de pensiones, algo sobre lo que ya advirtió el pasado miércoles el propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. De momento, se opta por seguir negociando, pero el hartazgo sindical con Escrivá va en aumento.