Se conocía desde hace años que las 'cloacas del Estado' se ensañaron con Podemos desde que 69 diputados y diputadas de la formación y de sus coaliciones entraron por primera vez en el Congreso de los Diputados, el 20 de diciembre de 2015. 

Se conocía el papel del comisario José Manuel Villarejo en la fabricación de pruebas falsas para desprestigiar a Pablo Iglesias y otros líderes de aquella primera etapa de Podemos. 

Pero ahora, por fin, un juzgado de la Audiencia Nacional investiga la 'guerra sucia' de un gobierno, el del PP de Mariano Rajoy, contra un partido político en plena democracia española. Los recursos de las 'cloacas del Estado' fueron puestos al servicio del Ministerio del Interior, con fines que atentan directamente contra el Estado de derecho. 

La segunda 'guerra sucia' de la democracia

Y es especialmente grave que un grupúsculo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que es la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, se haya dedicado a espiar fuera de la ley, sin orden judicial, sin más motivación que los intereses partidistas de la formación política al frente del Poder Ejecutivo.

La 'guerra sucia' contra Podemos es la segunda de su género que se produce en la democracia. La primera fue el terrorismo de Estado que supusieron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) contra ciudadanos vascos de ideología abertzale. El Gobierno de Felipe González puso en marcha en 1983 los GAL para intentar acabar con ETA. Su ministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, acabaron condenados por el secuestro ilegal de un ciudadano vascofrancés e ingresaron en prisión, lo que supuso un gran escándalo político. 

Querella de Podemos

El 30 de octubre de 2023 Podemos presentó en la Audiencia Nacional una querella contra otro exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del PP, y otro ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Los morados les acusaban -junto a Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, y Eugenio Pino, que había sido número dos de la Policía, y otros ocho mandos policiales- de los delitos de organización criminal, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación y contra las instituciones del Estado. 

Para Podemos el primero de la pirámide de las llamadas 'cloacas de Interior' era el ministro Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen por el espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de arrebatarle documentación sobre la caja b del PP. 

En su querella, Podemos dice que el que daba las órdenes a la brigada política del Ministerio del Interior, formada por los agentes querellados, entre otros, era Francisco Martínez que daba cuenta al ministro, que era quien tomaba las decisiones finales. 

Todos ellos "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos", consta en la querella del partido. 

Aquellas investigaciones prospectivas, prohibidas en un Estado de derecho, tenían como objetivo la "posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las 'fuentes policiales' y desprestigiar ante la opinión pública al partido político Podemos, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos". 

Ni Rajoy, ni el ministro, ni el PP 

La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Santiago Pedraz, que en febrero de 2024 la admitió a trámite, pero solo contra un puñado de querellados: Francisco Martínez, Eugenio Pino, y los mandos policiales José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira. 

Pedraz deja fuera de su investigación por el espionaje a Podemos al exministro Fernández Díaz, a Cosidó y cuatro mandos policiales porque no aprecia que estos intervinieran en los hechos denunciados. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en el momento de los hechos, queda fuera también, igual que el juez García Castellón le dejó al margen de su investigación por la operación Kitchen. 

Pedraz, que ha rechazado investigar en la causa al Partido Popular, ha admitido la personación de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, y la del PSOE. 

El rastro del espionaje ilegal

La 'brigada política' del Ministerio del Interior buscó cualquier dato que pudiera perjudicar o incriminar a los representantes de Podemos. Para ello se efectuaron centenares de búsquedas de al menos 55 de los 69 diputados del partido entre 2015 y 2016. Así lo ha constatado el magistrado Pedraz, en un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, donde constan todas esas búsquedas, en comisarías repartidas por todo el Estado. 

Las consultas realizadas por agentes de esas comisarías se realizaron sin ninguna autorización judicial e incluían bases de datos policiales como ARGOS o SIDENPOL, un fichero policial con datos personales de cualquier ciudadano, aunque no tenga antecedentes policiales ni haya sido investigado nunca.

Pablo Iglesias fue uno de los más buscados, según consta en el informe de Asuntos Internos de la Policía, que demuestra que fueron 122 las veces que la Policía consultó sobre él; muchas de las consultas se realizaron desde la Brigada de Información  y desde la Comisaría General de Policía Judicial. Se buscaron datos sobre viajes y hospedajes, entre otros. En el caso de Irene Montero, fueron 29 las consultas realizadas y 17 en el de Victoria Rosell.

Ahora, el juez Pedraz ha ordenado recopilar los informes de los que se desprendería el interés policial o judicial que justificó dichas consultas; y también ha pedido recabar la identidad de los agentes que hicieron esas consultas e identificar los dispositivos correspondientes a las direcciones IP desde las que se realizaron.